En una entrevista con el diario local El Trome, realizada el viernes 13/01 pero publicada el domingo 15/01 en la página web del medio, el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski reiteró que la empresa Odebrecht no podrá participar más en licitaciones en Perú y que el adelante la firma enfrentará "unas dificultades tremendas".
El presidente Kuczynski reconoció haber coincidido con el empresario Marcelo Odebrecht "alguna vez en Palacio de Gobierno". También reveló que conoció al ex representante de la empresa Odebrecht en el Perú, Jorge Barata.
Kuczynski dijo que eso hace más de una década, aunque no precisó si fue cuando era funcionario del ex presidente Alejandro Toledo.
"Yo he visto a Marcelo Odebrecht una vez en Palacio, hace más de 10 años, y al (jefe de la filial de Odebrecht en Perú, Jorge) Barata lo he conocido una que otra vez en Lima", dijo ante la pregunta de si conocía al máximo ejecutivo de Odebrecht.
La popularidad de Kuczynski, que asumió al poder en julio, comenzó a caer en septiembre cuando alcanzó un pico de 63%, afectado por la difusión de unos audios que revelaron que uno de sus asesores conspiraba para realizar un "negociazo" ilegal entre el seguro estatal de Salud y una clínica privada.
La fiscalía de Perú y Odebrecht han firmado un acuerdo preliminar que compromete a la empresa a devolver inicialmente US$ 8,9 millones de las ganancias ilícitas obtenidas en el país y brindar información "relevante" para identificar a funcionarios envueltos en un esquema de corrupción.
Según la encuestadora Ipsos, la mayoría de los peruanos no cree en las investigaciones oficiales sobre el caso de Odebrecht. Un 68%o de los encuestados desconfía del trabajo del Poder Judicial en relación al caso de corrupción; mientras que un 57% dijo que tampoco confía en la fiscalía.
El sondeo de Ipsos fue realizado entre el 11/01 y 13/01, y entrevistó a 1.297 personas. El estudio tiene un margen de error de más/menos 2,7 puntos porcentuales.
Jorge Barata fue representante de Odebrecht en el Perú por más de 10 años. Actualmente, conforma la lista de informantes de la Operación Lava Jato. Su testimonio permitiría identificar a los funcionarios peruanos que recibieron, en total, unos US$ 29 millones en coimas.
Estos sobornos habrían ocurrido entre el 2005 y el 2014, durante los gobiernos de Alejandro Toledo (en el que Kuczynski fue premier y ministro de Economía), Alan García y Ollanta Humala.
PPK negó estar involucrado en el caso: "Yo firmé una ley que dio el Congreso y el proyecto se empezó a construir ya en el siguiente gobierno".
El mandatario dijo que su gobierno no es "blando" con la corrupción. Admitió que le preocupa el contrato de construcción de Chavimochic III, en el norte. Este megaproyecto de irrigación tiene un costo de US$ 620 millones y se encuentra a cargo de la empresa Odebrecht y la peruana Graña y Montero. Ahora, la obra se encuentra paralizada.
Esta investigación que nos cae de rebote reabre la puerta de una investigación inconclusa que la Fiscalía nos debe: la del carrrusel de la contratación nacional y sus redes nauseabundas.
El 16 de diciembre del 2009, el ya difunto INCO anunció que el ganador de la licitación del tramo 2 de la Ruta del Sol era el consorcio liderado por la firma brasilera Odebrecht. La noticia, debo aceptarlo, fue registrada por mí, con cierto alivio, ya que existía la posibilidad de que cayera en manos de los Nule, unos empresarios, que sin tener experiencia en el mundo de la infraestructura, habían conseguido hacerse en cosa de cinco años a las más grandes licitaciones en el gobierno Uribe.
Aunque todos sus indicativos eran pésimos, ni la Procuraduría, ni a la Fiscalía, ni la Superintendencia los tuvieron en sus lupas. Pese a que tenían demoras en sus obras y que ya habían sido señalados por el entonces concejal Carlos Fernando Galán y el entonces senador Gustavo Petro de ser piezas claves del carrusel de la contratación de Bogotá, llegaron vivos a competir por la joya de la corona: La Ruta del Sol, una carretera de enormes proporciones, con un costo sin precedentes de más de cuatro mil billones de pesos, que uniría el centro del país con la costa Atlántica. Tenía claro que si los Nule ganaban la licitación iban a utilizar el dinero de los anticipos no para construir las obras sino, para tapar sus huecos y sobreaguar otro tiempo más, como ya lo habían hecho con la doble calzada Bogotá-Giradot y con el tramo de la 26.
Por eso, cuando se supo que Odebrecht se había ganado la licitación muchos sentimos un fresco. Sobraban razones para hacer caso omiso de las denuncias hechas por Miguel Nule, días después, cuando dijo ante los medios que esta licitación se había adjudicado de manera fraudulenta. Que los Nule denunciaron sobornos, como si fueran los defensores de la ética pública, cuando ellos negaban los suyos en la obra de 26, era un acto muy poco convincente. Su descalificación del pliego de la licitación a última hora tampoco causó mayor sorpresa porque para muchos ya era una vergüenza que unos tipos como ellos, dueños de una compañía de papel, que evadía los impuestos, que pagaba sobornos para hacer obras en las que ellos también fungían como interventores, estuviesen de proponentes en la licitación más costosa de la historia de la infrastructura vial colombiana.
Sin embargo, hoy, ocho años después, debo reconocer que estaban en lo cierto: esa licitación no fue ganada en franca lid por Odebrecht, sino que fue producto de un soborno millonario que según la Fiscalía le fue pagado a un exviceministro del gobierno Uribe, Gabriel García, quien acaba de ser capturado. El ente acusador dice tener evidencias de que este señor recibió 6,2 millones de dólares para amañar la licitación, descalificar a los dos proponentes y lograr que Odebrecht se quedara con la joya de la corona. Hoy sabemos que los Nule no eran los únicos que pagaban sobornos para quedarse con contratos millonarios, sino que esa práctica también la utilizó Odebrecht.
La mala noticia para el uribismo es que en este caso no se va a poder decir que se trata de una persecución ni afirmar que esta captura fue pactada en La Habana porque la investigación no es de la Fiscalía colombiana, sino del valiente juez Moro en Brasil y su equipo de investigadores. Ellos descubrieron una red de lavado de dineros que terminó involucrando a importantes políticos y a poderosos empresarios como Odebrecht. Bajo la batuta de Moro, la Fiscalía brasilera descubrió la telaraña de compañías off shore que utilizaba Odebrecht para pagar sobornos a los funcionarios no solo de Brasil sino de cerca de 21 países. La investigación del Lava Jato –así se le denomina en Brasil- ha tenido tal impacto que ha pasado a manos de la Justicia norteamericana en virtud de que hay una norma que le permite a Estados Unidos perseguir a los corruptos y lavadores de dinero fuera de su país.
Varios ejecutivos de Odebrecht, comenzando por su dueño, han aceptado a colaborar con la Justicia a cambio de rebaja de penas y se han convertido en delatores. Uno de ellos es Andre Rabello, un alto ejecutivo de la compañía en Panamá, considerado pieza clave para saber quiénes fueron los que recibieron los sobornos en Panamá y en Colombia. Rabello fue el mismo directivo de Odebrecht que estuvo reunido con los Nule y Tomás Uribe, ocho meses antes de que el gobierno de Uribe otorgara a esta compañía brasilera el tramo 2 de la Ruta del Sol, encuentro que fue revelado en 2010 en una entrevista realizada por Gerardo Reyes a Miguel Nule. Tomás Uribe ha dicho que fue solo un encuentro social y que no se trató de una reunión de negocios. (Ver la entrevista de Tomas Uribe)( Ver respuesta de Tomás Uribe).
Lo que es innegable es que esta investigación que nos cae de rebote reabre la puerta de una investigación inconclusa que la Fiscalía nos debe: la del carrrusel de la contratación nacional y sus redes nauseabundas. Los Nule fueron capturados por la corrupción en Bogotá y prometieron contarle a la Justicia cómo se daban los sobornos a nivel nacional, pero esa verdad aún nos la deben. Si es cierto que la Fiscalía está interesada en meter a la cárcel a los corruptos, debería preguntarles a los Nule qué saben de los sobornos de Odebrecht. El gobierno Santos acabó el INCO y creo la ANI, pero al parecer los esfuerzos no han sido suficientes porque, según el fiscal, Odebrecht dio por lo menos 4,2 millones de dólares en sobornos a los funcionarios de la ANI bajo este gobierno.
Brasil, de la mano del valiente fiscal Moro, destapó esa olla podrida. ¿Estará lista nuestra Fiscalía para hacer lo mismo?
* Periodista y politóloga