Dos son los aspectos que consideran los inversionistas orientados a los mercados emergentes ante el caso de corrupción confeso de la corporación brasileña Odebrecht en América Latina.
Así lo explicó Alex Christensen, director de inversiones estratégicas para América Latina e Iberoamérica de BlackRock, el mayor gestor de fondos de inversiones del mundo, con US$5 trillones en cartera.
Por un lado, los inversionistas lo asumen como parte de los riesgos políticos e institucionales que caracterizan a los mercados emergentes.
“La institucionalidad es más frágil que en países desarrollados. Por lo tanto, hay más espacios para prácticas de corrupción”, señaló.
Estos dos riesgos también asechan a los mercados desarrollados, acotó. “En Estados Unidos y Europa el riesgo político se ha incrementado”, dijo.
En segundo lugar, los inversionistas también ponen el foco en cómo los países resuelven los casos de corrupción.
“Este tipo de casos a lo mejor existía en el pasado. Pero la institucionalidad y quizá el mayor empoderamiento en la ciudadanía hace que se vuelvan temas de discusión y se generen mayores cambios. Eso lo vemos del lado positivo”, dijo.
No obstante, Christensen apuntó que la revisión de regulación y contratos genera inestabilidad. En ese sentido, se refirió en particular al posible retiro del cargo por el Gasoducto Sur Peruano (GSP) de la factura de electricidad.
El Ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, anunció que evalúan eliminar este cargo, cobrado en la factura de luz desde agosto pasado y con el cual el Estado recaba fondos para la efectiva implementación el GSP.
“Hay contratos, hay condiciones que en su momento el Congreso aprobó. A lo mejor no están de acuerdo ahora y podrán los contratos de aquí en adelante modificarlos", dijo.
"Lo que se acordó en un momento es importante mantener el aspecto por las reglas”, agregó, enfatizando la preocupación que estos cambios generan en los inversionistas.
“Queremos destacar que esto no es algo que queremos que se produzca”, afirmó en relación al Caso Odebrecht.
Luego de una revisión de sus registros internos, la Contraloría General de la República concluyó que en el periodo comprendido entre los años 2004 y 2015 –periodos gubernamentales de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala–, la constructora brasileña Odebrecht fue contratada para la realización de 22 proyectos de obras públicas por un monto que supera los 16 mil millones de dólares.
De acuerdo con fuentes consultadas por La República, de la totalidad de adjudicaciones entregadas a Odebrecht, 15 fueron sometidas a auditoría por la Contraloría debido a presuntas irregularidades. Las obras que fueron fiscalizadas superan los 11 mil millones de dólares.
En casi la mitad de las obras públicas ejecutadas por Odebrecht, la Contraloría identificó supuestas irregularidades, los que fueron materia de denuncia. Algunos casos se encuentran en el Ministerio Público y otros en el Poder Judicial, indicaron las fuentes.
Por disposición del contralor Edgar Alarcón Tejada, toda la información acopiada será transferida a la Fiscalía encargada de las investigaciones referidas a la brasileña Odebrecht, a la comisión Lava Jato del Congreso de la República y estará disponible para las autoridades que requieran el acervo documentario.
Según las fuentes, el contralor Alarcón hará una exposición pública para detallar cuáles son las obras públicas en las que la Contraloría encontró evidencias de ilegalidades en beneficio de la constructora y precisará los montos comprometidos.
En 2008, la Contraloría identificó supuestas irregularidades en la ejecución de la habilitación de la carretera Interoceánica, tanto norte como en el sur, y trasladó la información al fiscal Hamilton Castro, quien ahora precisamente se encarga del caso Lava Jato.
El 21 diciembre último, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos reveló que había llegado a un acuerdo de colaboración con la compañía Odebrecht.
Entre otras confesiones, la constructora brasileña admitió haber pagado sobornos a funcionarios públicos peruanos por 29 millones de dólares, con la finalidad de obtener adjudicaciones de millonarias obras públicas, entre 2005 y 2014.
Hasta el momento no se conocen de qué proyectos se trata y no se han ventilado las identidades de los involucrados, pero las auditorías que practicó la Contraloría en las obras que ejecutó Odebrecht contribuiría a desvelar los nombres y apellidos de los presuntos implicados.
Las fuentes indicaron que la búsqueda de la información de la Contraloría sobre los proyectos en los que intervino Odebrecht solo abarcan el periodo de 2004 a 2015 porque la información se encuentra disponible en archivos electrónicos.
Ahora la Contraloría se encuentra en pleno proceso de recopilación de información sobre otras obras públicas en las que intervino Odebrecht después del 2004, en los archivos documentales en físico que se encuentran en sus instalaciones.
Las primeras obras de mayor envergadura de Odebrecht se ejecutaron durante el primer gobierno aprista de Alan García (1985-1990), como Charcani V y Chavimochic.
Empieza la danza en el Ministerio Público. Ollanta Humala sería el primer ex presidente de la República citado por la Fiscalía en el marco de la investigación por el caso Odebrecht.
Una fuente fiscal informó a Perú21 que el magistrado Germán Juárez, a cargo de la investigación a Humala y a su esposa Nadine Heredia por el presunto delito de lavado de activos, convocará al ex gobernante próximamente para que explique quién financió las campañas electorales de 2006 y 2011 del Partido Nacionalista Peruano.
La fuente precisó que, durante la primera etapa de la investigación, se tomó declaraciones a todos los aportantes que figuraban en la lista de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y se comprobó que un gran porcentaje declaró que no había entregado dinero al mencionado partido y, en otros casos, el monto entregado se adulteró.
“En esta etapa preparatoria, lo que corresponde establecer es de dónde salió el dinero para el financiamiento de las campañas. Todo indica que Odebrecht aportó a la campaña de Humala”, sostuvo.
¿En qué se basa la Fiscalía para tener como hipótesis que Odebrecht financió las campañas electorales a Humala? La fuente respondió que una de las razones es por lo obtenido del intercambio constante de información del equipo especial para investigar el caso Lava Jato que se ha conformado.
Además, dijo, por la información difundida sobre la base de los documentos de las autoridades de Brasil.
Cabe recordar que, en febrero de 2016, Perú21 anunció que el nombre de Humala apareció registrado al menos diez veces en tres documentos distintos de las autoridades de Brasil que investigan el caso Lava Jato en ese país. De acuerdo con el material incautado por la Policía de Brasil, Humala también figura relacionado a la suma de 3 millones de dólares como parte de un presunto soborno efectuado por Odebrecht.
La fuente precisó que esta convocatoria se realizará luego de que la Sala Penal de Apelaciones se pronuncie sobre la prisión preventiva de Nadine Heredia. La ex primera dama también sería citada por el fiscal Juárez para que dé su testimonio. Aún no hay fechas para las diligencias.
El fiscal Pablo Sánchez viajará hoy a Brasil para fortalecer con su homólogo los intercambios de información y solicitar colaboración en la investigación del caso Lava Jato en Perú.
El titular del Ministerio Público también se reunirá con el ministro de Justicia de Brasil. El fiscal Hamilton Castro, a cargo de Lava Jato, viajaría próximamente a ese país para reunirse con sus pares.
La Fiscalía también investiga a los gobiernos de Alan García y Alejandro
Toledo por los sobornos que habría pagado Odebrecht a funcionarios peruanos.
Perú21 conversó con la representante de prensa de Odebrecht en Perú para pedir el descargo de la firma, pero manifestó que, mientras el caso esté en investigación, no pueden dar declaraciones.
Este diario se comunicó con Julio Espinoza, abogado de Humala, para pedir su opinión sobre la próxima citación de Humala, pero respondió que se pronunciará recién cuando sea citado formalmente.
