El esfuerzo de las mineras por reducir costos para adecuarse a la nueva realidad que enfrenta la industria está dando frutos. Si en 2015 aplicaron los grandes cambios, es ahora cuando se están notando sus resultados.
Según el Observatorio de Costos de la Minería del Cobre elaborado por Cochilco -que analiza el desempeño de las 19 faenas más relevantes del país-, el cash cost (C1) promedio a septiembre pasado llegó a 126,1 centavos de dólar la libra de cobre (¢US$/lb), una caída de 17% respecto de los 151,1 ¢US$/lb de igual periodo del año anterior.
Este movimiento es representativo, ya que el universo analizado representa el 88% de la producción de cobre mina del país para el periodo estudiado.
La renegociación de los contratos con proveedores que las cupreras aplicaron para ajustar sus costos tras el fin del súper ciclo de precios de las materias primas, fue clave para lograr en un año esta reducción de 25 centavos de dólar en la categoría C1.
Analizando cada uno de los elementos que inciden en este costo el que más se contrajo en términos acumulados a septiembre fue “Otros gastos y servicios” que cayeron 12,2 ¢US$/lb. Aquí se contabilizan “los ahorros de la revisión de contratos con las empresas contratistas y porque las empresas proveedoras han reorganizado y repensado la forma en que realizan su trabajo”, explica el vicepresidente ejecutivo de Cochilco, Sergio Hernández.
También aportaron el menor gasto en remuneraciones (-3,9 ¢US$/lb), mayores créditos por sub productos (-2,3 ¢US$/lb) y menor gasto en energía y combustibles (-2,9 ¢US$/lb), entre otros.
Hernández destaca que a diferencia de periodos anteriores, 17 operaciones de la muestra redujeron su cash cost y sólo dos lo incrementaron.
La reducción de costos en la gran minería del cobre parecería estar tocando techo. Según Cochilco la tendencia de la curva de costos de la muestra de operaciones estaría alcanzando su menor nivel (o ya lo habría alcanzado).
“El cash cost promedio de la muestra se estaría estabilizando en torno a los 126 cUS$/lb (…) el avance en la disminución de los costos muestra cambios marginales en relación a periodos anteriores, lo cual podría indicar que los costos estarían cercanos a su menor nivel”, apunta Hernández.
¿Sin espacio para seguir bajando los costos? el titular de Cochilco sostiene que la primera etapa de baja -relacionada con medidas de corto y mediano plazo, como reducción de dotaciones y de bonos, así como renegociación de contratos con terceros- ya fue realizada por las empresas.
Es más, estas medidas de gestión se vieron favorecidas por condiciones de mercado favorable, como baja en el precio de la electricidad, combustibles, fletes, ácido sulfúrico, insumos mineros y los cargos de tratamiento y refinación.
Es por eso, añade, ahora viene la segunda etapa del proceso, más ambiciosa y relacionada con la sustentabilidad de largo de plazo de las operaciones. “Dichos esfuerzos tienen relación con las mejoras en la productividad de los procesos y en la cual la Gran Minería del cobre está trabajando. Vinculado a lo anterior están los esfuerzos por innovar y en donde es necesario el trabajo conjunto entre las empresas mineras y sus proveedores”, destaca.
Luego de cuestionamientos de una comunidad indígena, será el Comité de Ministros el que resolverá las reclamaciones contra el proyecto Radomiro Tomic Sulfuros de Codelco, que contempla una inversión de US$ 5.400 millones, informó ayer DF FULL.
Hace un año, la iniciativa recibió su Resolución de Calificación Ambiental, no obstante, la Asociación de Agricultores del Departamento El Loa, la Comunidad Indígena de Quillagua y la Comunidad Indígena Atacameña San Francisco de Chiu-Chiu presentaron recursos de reclamación, los que fueron acogidos, alegando falta de consulta indígena.
Dado esto, la obra deberá ser sometida a votación por el Comité de Ministros, entidad que ya citó a su primera sesión del año para el 24 de enero en el Ministerio de Medio Ambiente, donde se revisará en exclusiva el emblemático proyecto de Codelco.
Entre los argumentos que se han planteado para no acoger la reclamación es que el Servicio de Evaluación Ambiental de Antofagasta realizó un proceso de consulta indígena, incluso llegando a acuerdos con algunas organizaciones, pero que la Comunidad Indígena Atacameña San Francisco de Chiu-Chiu “en forma libre decidió retirarse” del proceso.
