El Gasoducto Sur Peruano (GSP) atravesó malos momentos en el 2016, pero su calvario persiste en este 2017. Luego de la crisis reputacional de Odebrecht con el escándalo de los sobornos, la obra quedó paralizada por falta de financiamiento. A la fecha, sólo se tiene un avance del 34%.
El 'pool' de 22 bancos que financiaba la construcción decidió dejar de prestar dinero hasta que la empresa brasileña, que controla el 55% de la concesionaria GSP, abandone el proyecto. Ahora, el GSP corre contra el reloj, pues el consorcio operador –también compuesto por Graña y Montero y la española Enagás-tiene plazo hasta el 23 de enero para presentar al Estado un financiamiento aprobado por los bancos internacionales que financiarían la obra.
Si esto no se cumple, el Estado estaría en facultad de declarar “la terminación de la concesión por causa imputable al concesionario” y a “ejecutar la garantía de fiel cumplimiento por los daños y perjuicios ocasionados, de acuerdo al contrato”.
11 DE MARZO DE 2016: Enagás toma el mando del proyecto
15 DE MAYO DE 2016: Oebretch anuncia que se retira de Perú
28 DE OCTUBRE DE 2016: Investigan a Humala y Heredia por corrupción
29 DE OCTUBRE DE 2016: Se frustra la venta de Odebretch a Sempra-Techint
2 DE NOVIEMBRE DE 2016: Se llega a un acuerdo y la venta se destraba
17 DE NOVIEMBRE DE 2016: Claúsula anticorrupción
21 DE DICIEMBRE DE 2016: Odebretch reconoce pago de sobornos
23 DE DIEMBRE DE 2106: Sempra se baja de la compra de las acciones del GSP
31 DE DICIEMBRE DE 2016: Tras el retiro de Sempra se abre la puerta a los capitales chinos
En los últimos meses, la acción de Graña y Montero se ha convertido en un termómetro de las incidencias y expectativas del mercado sobre el futuro del gasoducto sur peruano. La empresa peruana tiene el 20% de acciones del consorcio GSP, así como el 29% de la constructora del proyecto, Ductos del Sur.
En ese contexto, la caída de la acción de Graña y Montero desde el inicio del año, tanto en la BVL como en la bolsa de Nueva York, puede interpretarse como un voto de desconfianza del mercado sobre la continuidad de la concesión de GSP.
“Vemos que los inversionistas ya están interiorizando que el proyecto se caerá”, afirma Marco Alemán, analista de inversiones de Kallpa SAB. Para esta casa de bolsa, el proyecto del gasoducto representa el 16% del valor fundamental de Graña y Montero.
“Si [Graña y Montero] solo sale del gasoducto habrá una caída, pero hay un riesgo sistémico de que el Estado prohíba a la empresa participar en más licitaciones si el caso de Odebrecht los alcanza. Ese escenario sería mucho peor”, añade Alemán.
Credicorp, por su parte, ha puesto en revisión el rating y el precio objetivo de Graña y Montero a la espera que haya más información acerca del futuro del proyecto del gasoducto.
Para Credicorp Capital la acción de Graña y Montero era una de sus acciones recomendadas por el impulso a la infraestructura que dará el gobierno y el nivel récord de ‘backlog’ (cartera de proyectos) con el que arranca el año. Sin embargo, el futuro del gasoducto les hace revaluar el panorama.
El Comercio
En el caso del Gasoducto Sur Peruano (GSP), el no cumplir con el hito financiero –que vence el 23 de enero-, sería la causante de la disolución del contrato que actualmente la concesionaria del proyecto mantiene con el Estado. Sergio Salinas, profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad Pacífico, respondió a El Comercio algunas interrogantes ante la posibilidad de una nueva licitación.
¿Qué implica que el proyecto regrese al Estado?
Como regla general, la caducidad de un contrato genera la obligación al Estado de compensar al concesionario por el valor remanente de la concesión. Sin embargo, cuando la caducidad obedece a un incumplimiento del concesionario -como aparentemente sería el caso en la concesión GSP, esto, a su vez, genera una obligación de indemnización del concesionario a favor del Estado por los daños y perjuicios que su incumplimiento le ocasione. En tales casos, el Estado está habilitado para proceder a la ejecución de la carta fianza que normalmente se exige en este tipo de compromisos.
¿Qué recibe el Estado?
Declarada la caducidad de la concesión, corresponde que reviertan al Estado los bienes de la concesión, como terrenos, servidumbres, entre otros, así como los nuevos que hayan sido construidos por el concesionario e integrados a la concesión. No se incluye a los trabajadores de la concesionaria.
En relación a los pasivos vigentes ya asumidos por la concesionaria frente a terceros (los bancos), originados por la construcción de la infraestructura revertida, es un tema discutible. El Estado podría alegar que la asunción de esta deuda, cuando no hay concesión vigente, es un costo derivado del incumplimiento del concesionario y debe ser descontado del pago por la concesión.
En relación con la infraestructura a revertir, esta situación puede generar un problema adicional, pues dado que no existe todavía la posibilidad de operación real de la infraestructura del GSP, se corre el riesgo de pagar por una infraestructura “inútil” -al menos hasta la re-licitación- y con el riesgo de deterioro permanente. El Estado también podría considerar esto al momento de definir los daños y perjuicios
¿Cuánto demoraría cerrar la licitación actual y cuánto habría que esperar para realizar una nueva?
La declaración de caducidad usualmente requiere opinión técnica del regulador, que puede tomar algunos días o semanas. Luego de ello, el concedente (el Estado) procede a oficializar la caducidad mediante la resolución correspondiente, y se inicia el proceso de reversión de los bienes a favor del Estado. Estimo que este proceso puede tomar unos seis meses, dada la complejidad de las circunstancias que rodean la caducidad.
Si el Estado desea revisar y replantear las condiciones de la concesión, apuntando a su autosostenibilidad, la etapa de diseño y estructuración de la nueva concesión puede tomar unos 9-12 meses (contratación de asesores técnicos, estudios complementarios, entre otros) y unos 6 meses más, cuando menos, para la etapa licitatoria.
