La extracción ilegal de oro, además de haberse convertido en una seria amenaza ambiental, prácticamente ha desplazado el negocio de la cocaína por su alta rentabilidad y escaso riesgo de penalización.
Así lo estiman algunas de las organizaciones internacionales que en su lucha por la conservación ambiental, se han encontrado con un problema aun mayor, como es la presencia de bandas criminales que se lucran del comercio ilegal del oro, íntimamente ligado al tráfico de personas, la explotación sexual y el lavado de grandes cantidades de dinero.
En medio de este escenario, Colombia acaba de ser incluida entre el grupo de países más vulnerables en este campo, que recibirán asistencia especial como resultado de una nueva iniciativa emprendida por la Agencia Ambiental de las Naciones Unidas (UNET).
La iniciativa es producto de la implementación de la Convención de Minamata, puesta en vigencia en el 2013 y actualmente suscrita por 128 países, de los cuales 35 la han ratificado hasta la fecha. La misma tiene como objetivo central la erradicación del uso del mercurio, en las explotaciones mineras, y recuerda un desastre que ocurrió en Japón hace medio siglo donde murieron más de 900 personas por su exposición y consumo de pescado contaminado con ese metal.
Aunque Colombia todavía no ha ratificado dicho convenio, hace parte del grupo de países escogidos hace dos semanas en la ciudad de Washington para integrar la iniciativa, al lado de Perú, Indonesia, Kenia, Mongolia, Filipinas y Burkina Faso.
Al respecto, la organización conocida como Iniciativa Global, con sede en Ginebra, se encuentra entre los grupos de investigación que en mayor forma han estudiado la explotación ilegal de oro, estimando que en países como Colombia y Venezuela, el mercado negro del metal puede representar hasta el 80% del total producido en ambas naciones.
El fenómeno puede alcanzar el 77% del total de la producción de Ecuador, 30% en Bolivia y 28% en Perú. Revela al respecto que alrededor del 87% de las personas desplazadas en Colombia, provienen directamente de zonas mineras donde hacen presencia bandas criminales dedicadas a la extracción, compra y comercio del metal precioso.
Frente a la persecución que han enfrentado los traficantes de drogas en Colombia y Perú, el negocio del oro les está ofreciendo una altísima rentabilidad, una opción nueva para el lavado de dinero y un riesgo mínimo frente a la justicia, señala la organización suiza.
Entre tanto, anota, el desastre ambiental generado por la utilización de mercurio en la extracción del oro, es enorme si se tiene en cuenta el grado de contaminación de los ríos vecinos, con serias consecuencias para la salud de las poblaciones rivereñas. Calcula que solamente en la región amazónica se arroja anualmente el equivalente de 30 toneladas de mercurio.
El foco de la nueva Convención se dirige a la protección de alrededor de 15 millones de personas que en el mundo viven de la minería del oro, a pequeña escala.
Colombia produjo y exportó 1’903.386 onzas de oro en 2015, sin embargo, solo 220.000 de esas fueron producidas con títulos mineros legales, según las cifras tanto de la Asociación Colombiana de minería (ACM) como del Ministerio de Minas y Energía.
Eso quiere decir que un 82 por ciento de ese metal precioso producido ilegalmente en el país entra al torrente legal de la economía (paga regalías pero no impuestos, retención en la fuente, etc.) al ser vendido al exterior.
Portafolio pudo establecer que ese oro se legaliza generalmente en Antioquia y Valle del Cauca de diferentes maneras, de acuerdo a fuentes que pidieron la reserva de su nombre, pues es un negocio que mueve cerca de siete billones de pesos al año.
Una de ellas es cuando el comercializador, en complicidad con el que le vende el oro en el pueblo donde se produce, utiliza una solicitud de minería tradicional vigente (como un título minero) y le apropia la producción a esa solicitud.
El representante legal de dicha solicitud firma el certificado de origen donde dice que el material fue extraído de esa zona.
Otro sistema es cuando el comercializador recibe el metal precioso y toma un listado de pobladores del municipio en complicidad con las alcaldías locales -familias en acción o que tienen Registro Único de Comercializadores de Minerales (Rucom)-, y procede a generar falsos certificados de origen de todas estas personas (algunas ya muertas), le asigna montos y cantidades, cuyas firmas, obviamente, también son falsificadas.
“El comercializador cobra 1.000 pesos por cada gramo de oro legalizado con un certificado de origen falso”, explica una de las fuentes.
Otro conocedor del tema describe que un tercer método es hacer creer que las solicitudes o los títulos mineros que pertenecen a comunidades afro o indígenas tienen autorización para vender el oro, aun cuando no tienen PTO y PMA aprobado.
Los comunidades afro e indígenas legales ‘alquilan’ o subarriendan esas solicitudes, sobre todo a los mecanizados brasileños en el Chocó, para legitimar toda esa producción.
Estas operaciones son realizadas por los comercializadores locales a nobre propio o de los mismos exportadores. “Además y aunque la ley exige que estas transacciones se hagan mediante consignación, transferencia o cheque de gerencia, se hacen en efectivo”, dice otra fuente consultada.
Uno de los conocedores añadió que una vez comprado el oro en los pueblos donde se produce es llevado a Medellín o Cali en bus, avión comercial, algunos por charter, para ser vendido a las fundiciones (exportadores), “quienes conocen todo el negocio”.
Cuando el metal es legalizado mediante alguna de las tres formas antes descritas y listo para ser exportado, se le envía la relación a la Agencia Nacional Minera (ANM) para que autorice, quedando solamente que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) haga la evaluación del alijo de exportación.
Para los conocedores, el problema radica en que el Plan Nacional de Desarrollo reconoce la minería de subsistencia de los barequeros y chatarreros, que a su vez sirve de mecanismo de justificación del oro que procede de minería ilegal.
La viceministra de Minas María Isabel Ulloa admite que a pesar de que la actividad minera tiene un marco legal y productivo, “se nos cuela una cadena ilícita y criminal”, pues el 82 por ciento del oro que se exporta no tiene soporte en títulos mineros.
Parte del problema está en los barequeros, que por ley son legales, pero hay unos que explotan más que los legales y que no son barequeros, dice.
Asegura que el Gobierno está tratando de cerrar ese vacío con un decreto para frenar la minería criminal, el Rucom para la trazabilidad de los minerales, o el pago de regalías en línea, con el fin de cerrarle las puertas a la criminalidad y a la ilegalidad en la explotación y comercialización del metal.
El problema de la extracción ilegal de oro no es solo económico, sino de orden público y ambiental.
Los grupos guerrilleros, bandas criminales y hasta mafias de Brasil se lucran del negocio directamente o cobrando vacunas.
Las autoridades han detectado más de 6.000 puntos en todo el país de donde se saca oro de aluvión, afectando a unas 95.000 hectáreas en departamentos como Chocó, Antioquia, Bolívar y Córdoba.
De otra parte, solo en Segovia (Antioquia), en el 2009, se virtieron 180 toneladas de mercurio al medio ambiente, según la ONU.
