Capitalizan a Petroperú con US$ 400 millones para refinería de Talara Al respecto, Humberto Campodónico, ex presidente de Petroperú, comentó que el reciente decreto legislativo no quita a la empresa de un futuro desarrollo del polo petroquímico (establecido en el artículo 7 de la Ley 29970); sin embargo, el retiro de ese fondo va en desmedro de un posible proyecto de esa magnitud en el sur del país y su complementariedad con el Gasoducto Sur Peruano.
"Está bien que se le den esos US$ 400 millones al PMRT porque hay que capitalizar a la empresa, pero tampoco se debería vestir a un santo desvistiendo a otro tan importante como el de la petroquímica", aseveró.
No obstante, Campodónico sostuvo que dada la situación del GSP y todas las implicancias respecto a indicios de corrupción de Odebrecht sería más sensato que salga el PMRT así como que prontamente se aclare su financiamiento.
"Todo esto se va a revisar en el Congreso y ese será el momento en el cual se debe eliminar la disposición que prevé la vuelta de Petroperú al ámbito del Fonafe porque va en desmedro de la empresa, vulnerando su autonomía. Cuando se solicitan las facultades delegadas, el tema del Fonafe no estaba en ninguna parte", acotó.
En el 2012 se publicó la Ley 29970, que afianza la seguridad energética y promueve el desarrollo del polo petroquímico en el sur del país.
Justamente respecto a este último aspecto, se autorizó a Petroperú para participar de manera individual o asociada básicamente en las acciones de obtención y transporte del etano para el polo petroquímico.
Para tales fines la Ley 29970 dispuso que el Ministerio de Energía y Minas realice un aumento de capital en Petroperú SA hasta por el monto de US$ 400 millones.
El DL 1292 publicado el penúltimo día del 2016, trata temas clave para Petroperú. Entre ellos están el oleoducto norperuano, la Refinería de Talara, la vuelta de Petroperú a la exploración de petróleo, el Buen Gobierno Corporativo y el regreso de Petroperú al FONAFE. Vamos por partes.
El más importante es, a nuestro juicio, el Artículo 4, que dice que Petroperú puede volver a explorar (sí, explorar) y explotar petróleo, siempre y cuando consiga socios que asuman el íntegro de la inversión y del riesgo correspondiente, para cumplir con lo que establece la Ley 30130 de diciembre del 2013.
Ya antes de esta Ley, Petroperú estaba participando en la explotación de hidrocarburos en el Lote 64, en asociación con la empresa Geopark, lo que fue sancionado por el DS-031-2016 del Ministro de Energía y Minas. Lo novedoso de DL 1292 es que la empresa regresa a la exploración, con las siguientes condiciones: las inversiones en exploración (que conllevan el riesgo de no encontrar petróleo) serán asumidas en un 100% por el socio de Petroperú.
Si no se encuentra petróleo, el socio asume el 100% de la pérdida. Si se encuentra petróleo, entonces Petroperú y el socio compartirán la producción en los porcentajes establecidos en el contrato. Con la venta de ese petróleo, Petroperú reembolsará la parte correspondiente de las inversiones exitosas realizadas.
Esto es muy importante porque permitirá a la estatal ingresar al Lote 192, tal como lo estableció el Congreso con la Ley 30357 de noviembre del 2015. Si bien este Lote está en producción, necesita inversiones en exploración, lo que sucederá cuando termine el contrato de dos años con Pacific Resources en agosto de este año (a lo que habrá que sumar algunos meses más porque el Lote 192 no puede producir ya que no está operando el Oleoducto Nor Peruano (ONP).
Justamente, el artículo 2 del DL 1292 dice que es de necesidad pública que vuelva a operar el ONP, para lo cual se tienen que realizar las inversiones correspondientes para su mejora. Como eso lo prohíbe el Art. 6 de la Ley 30130, se exceptúa la aplicación de ese artículo para las inversiones de relanzamiento y modernización del ONP.
El objetivo es su funcionamiento eficiente para que no haya una sola gota más de petróleo derramada en la Amazonía. En el 2016 ocurrieron 13 derrames y más del 85% fueron causados por terceros. Por ello, el DL 1292 también dispone (Art. 6) que la empresa acceda al mecanismo de Obras por Impuestos de la Ley 29230, lo que estaba prohibido para todas las empresas públicas. Esto permitirá también invertir en otras zonas de actividad de la empresa, principalmente en Talara.
En la Cuarta Disposición Transitoria se dispone una inyección de capital por US$ 400 millones, provenientes de la Ley 29970 (Ley que promueve el desarrollo del polo petroquímico en el sur del país). Este monto estaba destinado a financiar la participación de Petroperú en el polo petroquímico, pero ahora solo se podrá usar para el Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara. Desde nuestro punto de vista se desviste un santo para vestir a otro, lo que no está bien.
Dicho esto tenemos, de un lado, que todas las atribuciones de Petroperú para participar en el polo petroquímico (Art 7 de la Ley 29970) se mantienen vigentes y tendrán que ser retomadas más adelante. Interesa destacar que allí se encarga a Petroperú “efectuar las acciones tendientes a la obtención y transporte de etano en cantidad suficiente para el polo petroquímico.
Y, de otro, que esa inyección de US$ 400 millones es clave para continuar las inversiones en la modernización de Talara hasta que se produzca el “cierre financiero”, es decir, concretar la emisión de bonos y el préstamo bancario avalado por el seguro de crédito a la exportación de España (CESCE). Este es uno de los temas clave para Petroperú, donde el MEF ha “arrastrado los pies” (siguiendo los pasos de Castilla y Segura, ministros humalistas adversarios del proyecto), (1).
Los puntos negativos del DL 1292 son dos: el primero se concentra en el articulo 3, que dice que se pueden celebrar contratos de asociación, “joint venture”, gerencia, prestación de servicios, arrendamiento, gestión u otros similares con empresas privadas, sin que ello implique su privatización”.
Este dispositivo apunta a que Petroperú se convierta en un “holding” con varias unidades de negocios, las mismas que ya no obedecerían a un mandato central, sino a los objetivos de las empresas privadas que administran los activos. Es eso lo que acaba de manifestar Felipe Cantuarias, asesor del Directorio de Petroperú hasta hace poco y hoy Presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos:
“Se podría generar un contrato para que un tercero haga la inversión y opere (la Refinería de Iquitos), pero Petroperú mantiene la propiedad. Esta flexibilidad que nos parece muy correcta permite entrar en colaborar con terceros para maximizar la eficiencia de Petroperú” (Entrevista en El Comercio, 03/01/2017).
Este es el camino hacia la “privatización encubierta”. Un “holding” tiene sentido empresarial si las unidades de negocio operan bajo el mandato expreso de su Directorio y Gerencia General. Pero si cada “negocio” tiene gerencia y objetivos propios –que se establecen en los contratos de gerencia, gestión u otros- entonces buscará su rentabilidad de manera independiente. Lo mismo sucedería con la Refinería de Talara, el oleoducto, la Refinería Conchán y el propio Lote 64.
El “argumento” seguramente será que Petroperú no tiene el dinero para realizar esas inversiones. Pero, un momentito, la vuelta de Petroperú a la explotación de petróleo con el Lote 64 le permite ingresos anuales (antes de pagar inversiones y costos) cercanos a los US$ 100 millones anuales, cuando la producción alcance los 50,000 barriles diarios en el mediano plazo. Volveremos sobre este tema en el siguiente artículo.
También es criticable que se disponga la vuelta a Petroperú al FONAFE (Quinta Disposición Complementaria del DL 1292) dentro de dos años, cuando se acabe la reingenería del Buen Gobierno Corporativo. Ese reingreso al FONAFE no está contemplado en la Ley 30506, que otorgó facultades legislativas al Poder Ejecutivo en setiembre pasado. Con respecto a Petroperú la Ley dice que, de un lado, se debe garantizar la confiabilidad del ONP y, de otro, que se debe logar “un fortalecimiento institucional de la empresa”. Esto último no se logra con su vuelta al FONAFE, pues la sujeta a las políticas del MEF, que busca la privatización de PETROPERU. Esta Quinta Disposición debe ser derogada por la Comisión de Constitución del Congreso, que tiene a su cargo la revisión de todos los Decretos Legislativos.
Si se trata de fortalecer a la empresa, esto se logra con Buen Gobierno Corporativo y, entre otras medidas, con la participación del capital privado en la empresa hasta en un 20%, como lo dispuso la Ley 29817 de diciembre del 2012. Y no con el aumento hasta el 49% -decisión que nunca fue discutida y no tiene sustento alguno- de la Ley 30130 de diciembre del 2013 (Artículo 3). Recordemos que la Iniciativa Legislativa Ciudadana recogió más de 70,000 firmas para derogar ese artículo, lo que todavía está pendiente.
Para terminar, en el DL 1292 encontramos palancas y puntos de apoyo para relanzar y modernizar a PETROPERU, lo que nos otorga mejores posibilidades de defenderla contra intentos privatizadores, que como hemos visto, están presentes en el artículo 3. Esperamos que ese momento no llegue y se pueda avanzar en la cristalización de un consenso de largo plazo para Petroperú. Pero no bajaremos la guardia y estaremos con los ojos bien abiertos, según publicó Humberto Campodónico en La Mula.pe
El congresista del Frente Amplio Manuel Dammert destacó que el Gobierno haya decretado el subsidio de las instalaciones de gas natural domiciliario, lo que le permitirá a más de 20 mil familias pagar un precio justo mensualmente. Criticó que se haya dispuesto el retorno de Petroperú al Fonafe.
En una entrevista brindada desde la redacción de La República, el congresista Manuel Dammert consideró carente de lógica que el Gobierno decrete el retorno de Petroperú a la exploración y extracción de petróleo y a la vez, su regreso al Fonafe. Por ello, presentará un proyecto de ley para impedir que se concrete esta última disposición, que a su parecer sería un paso atrás.
Faltan pocos días para que acabe el plazo que tiene Odebrecht para vender sus acciones en la concesión del Gasoducto Sur Peruano y PPK acaba de decir que tiene esperanzas en que esto se concrete. ¿Qué expectativas tiene?
Hay que destacar que el gasoducto en sí mismo no es el tema, porque es un tubo. El tema es cuál es la rentabilidad que debe generar una riqueza nacional que es uno de los activos estratégicos que tiene el Perú, que es el gas de camisea. La ley que fue aprobada por el Congreso dice que la rentabilidad la va a dar hacer la petroquímica. Eso es sacar el metano y el etano y hacer un conjunto de industrias diversificadas que generen plásticos, fertilizantes y diversos elementos que son básicos para ponerlos al servicio del país.
Eso estaba incluido en la ley, ¿qué pasó?
Eso fue cortado, fue dejado de lado. A mi entender fue un contrabando para impedir que el Gasoducto tenga la rentabilidad adecuada. El contrato debe reformularse y quien quiera comprometese con el Estado peruano debe cumplir la ley. Esto es, comprometerse a implementar la petroquímica.
¿Para eso sería necesario que se licite de nuevo todo el proyecto?
No. Ya había un acuerdo que tenía Petroperú para hacer la petroquímica en el sur peruano. Es un tema que no es nuevo en el país. Yo espero que el presidente (Pedro Pablo) Kuczynski garantice que la rentabilidad salga de esa diversificación productiva y no del bolsillo de los peruanos.
El Gobierno acaba de sacar un decreto de ley para subsidiar los costos de instalación en los domicilios.
Se trata del gas natural domiciliario. Nosotros estamos pagando un precio absurdo, las familias pagan 30 soles, 50 soles y el balón de GLP está entre 30 y 40 soles. El gas natural conectado a domicilio tiene un precio real de 13 o 14 soles.
¿Por qué no se cobra así?
La construcción de la tubería para que llegue el gas a las casas la quería hacer la empresa Cálidda a un precio carísimo. Entonces, Osinergmin la obligó a tener competencia y Cálidda se fue al Poder Judicial. Judicializó hace tres años este tema y al mismo tiempo que judicializó, empezó a distribuir sus tubos por toda Lima y a las familias las obligaba a firmar contratos por 1900 soles o más (precio que iban pagando con intereses en sus recibos mensuales), diciéndoles que si no firmaban no iban a tener gas.
Y las familias se endeudaron.
Sí, pero el Gobierno sacó un decreto hoy mismo (viernes), que recoge un proyecto de ley que yo presenté y que dispone que el FISE (Fondo de Inclusión Social Energético) se aplique también para las conexiones domiciliarias de gas de los sectores populares, que están subsidiadas (por el Estado, mediante Bono Gas) en 50% o en un 100%. Eso es una gran noticia para más de 20 mil familias de Lima.
¿Ahora cuánto van a pagar estas familias? ¿Cuánto van a ahorrar?
Se paga en el recibo, por el gas, entre 12 y 14 soles. Ahora Cálidda tiene que aplicar lo que dice la ley y a los usuarios se les debería descontar lo que ya pagaron en los recibos anteriores.
El Gobierno ha decretado que Petroperú retoma la exploración y explotación petrolera, pero también su pase al Fonafe. ¿Cuál es su balance de estas decisiones?
Yo pienso, al igual que el economista Humberto Campodónico, que hay avances y retrocesos. El retroceso ocurren cuando quieren supeditar a Petroperú al Fonafe, o sea al Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene otra manera de entender el desarrollo del sector. El avance se da porque Petroperú se integra en la exploración y explotación de los lotes petroleros, junto con el sector privado. Se garantiza el financiamiento de la Refinería de Talara. Ahora vamos a tener un combustible más barato y más limpio.
¿Y por qué cree que el Gobierno ha optado por este "retroceso" de devolver a Petroperú al Fonafe?
Yo creo que cuando el Gobierno plantea que Petroperú vuelva al Fonafe de aquí a dos años, está preparando la privatización de Petroperú, lo que es inconveniente para el país. Al pasar al MEF, lo que va a pasar, como sucede con toda empresa pública allí, es que le quitarán su capacidad de actuación. Por eso yo voy a presentar un proyecto de ley para que esa parte del decreto sea anulada, porque no tienen ninguna lógica.
Con respecto a la bancada del Frente Amplio, se comenta que hay dos grupos y esto se está haciendo cada vez más evidente con las discrepancias públicas de sus integrantes.
Hay que ver el panorama completo. Hay muchísima gente que quiere entrar a la acción política y el Frente Amplio la está convocando. Están los miembros de Tierra y Libertad, que tienen la inscripción y no quieren que participen todos, y está el grupo Nuevo Perú, de Verónika Mendoza, que creemos que todos tienen derecho a ser militantes. Eso democratiza el país.
Pero estos dos grupos a menudo tienen posturas muy divergentes.
A lo largo de este periodo hemos tenido muchos temas en los que tuvimos puntos de vista diferentes. Pero nosotros tenemos mucha más unidad que la que tienen otras bancadas, tenemos muchos más puntos en común porque nosotros venimos de una votación, de un programa de gobierno y a eso nos debemos.
Creo que pocos podrían creer que hay más unidad en el FA que en otras bancadas, con los enfrentamientos públicos más recientes.
Por ejemplo, en la bancada de PPK no hay enfrentamientos, hay matrimonios y suicidios. En la bancada del Apra se lanzan cuchillos entre ellos.
El último miércoles, el vocero de la bancada, Marco Arana, y la vocera alterna, Marisa Glave, mostraron posturas muy distintas sobre la votación del congresista Jorge Castro dentro de la Comisión Lava Jato.
Nosotros tenemos como consigna buscar un aliado, sobre todo dentro de una comisión tan seria como la comisión Lava Jato, que permita que sea presidida por un congresista que no sea del fujimorismo, que tiene demasiados compromisos con varios sectores de la corrupción.
Pero el congresista Castro votó a favor de la elección del fujimorista Víctor Albrecht, quien además tiene otros cuestionamientos de presunta corrupción.
No solo votó, llegó a un acuerdo con un fujimorista para ser el vicepresidente. Nosotros hemos presentado una carta aclarando que esa votación fue un error, que no fue consultada con la bancada.
¿Se toman acuerdos para las votaciones, hay coordinación dentro de la bancada?
Hemos trabajado seis meses y hemos tenido muchas votaciones comunes.
¿Y en esta ocasión qué pasó?
Hubo una diferencia. Eso tienen que explicarlo Marco Arana y (Jorge) Castro.
¿A este ritmo no creen que pueden llegar muy debilitados al 2021?
No, al revés. Estamos lanzando una campaña de 60 mil firmas por el movimiento Nuevo Perú, que es una propuesta de cambio y de transformación, democrática, patriótica, progresista. Yo he estado viajando mucho por el Perú y la aceptación es muy grande.
