Los esfuerzos del Gobierno contra la minería ilegal no han logrado acabar con el tráfico de oro que proviene en mayor medida de la Amazonía, y en cambio esta actividad ha encontrado nuevas rutas para mantenerse.
A partir del año 2012, con un nuevo marco legal para la interdicción y la formalización minera, el control sobre la minería ilegal en el Perú se tornó más estricto. La restricción de insumos químicos y mayor control en puertos y aeropuertos redireccionó el tráfico hacia las fronteras terrestres de Bolivia, Brasil, Chile y Ecuador.
“El oro de Madre de Dios y Puno estaría saliendo en mayor medida hacia Bolivia y Chile, para ser luego exportado a , explica Lenin Valencia, investigador de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) y coordinador del estudio “Las rutas del oro ilegal”, publicado en el año 2015.
Valencia detalla que el registro de tráfico hacia Bolivia data del 2014. Los controles implementados luego por las autoridades para reducir el comercio ilícito en esta frontera (que se calculaba en 100 kilos de oro semanalmente) generaron que la nueva ruta de tráfico de oro ilegal peruano llegue a Chile. Según Valencia, la explicación de que el tráfico prospere pese a los estrictos controles es el alto nivel de corrupción que han alcanzado.
“En nuestro país debe haber una colaboración más estrecha entre Sunat y el Ministerio de Energía y Minas (Minem), que son los que registran lo que se exporta en oro y lo que se declara formalmente, tal como se trabaja en otros países”, dice.
El investigador añade que, en el 2015, la proyección de Sunat fue de US$5.653 millones en exportación legal de oro, mientras que el valor de producción registrado por el Minem fue de US$5.398 millones. Es decir, hay casi US$252 millones de oro exportado, cuyo origen no está esclarecido del todo.
“A esto hay que agregar el oro enviado por las fronteras de Bolivia, Brasil, Chile y Ecuador”, acota Valencia. Sin embargo, sobre esto no hay estadísticas.
El coronel EP (r) César Sierra, hasta el año pasado alto comisionado en asuntos de formalización de la minería e interdicción de la minería ilegal de la PCM, explica que de las cuatro principales rutas de contrabando de oro ilegal, dos van hacia Bolivia, una a Chile y otra a Brasil.
El coronel Sierra puntualiza que el 50% de la actividad de minería ilegal en el Perú está en Madre de Dios, Cusco y Puno. Uno de los mayores enclaves de esta actividad está ubicado en el centro poblado de La Rinconada (Puno). Este es el punto de partida de las rutas más transitadas, que llegan a Brasil por Iñapari, a Bolivia por Perlas de Oro y Desaguadero, y a Chile vía Tacna (ver infografía).
“La captura de ‘Peter Ferrari’ [apelativo de Pedro Pérez Miranda, sindicado como uno de los mayores comercializadores de oro ilegal] es un golpe para las grandes organizaciones de tráfico de oro, incluyendo a los productores, quienes también venden legalmente a ciertos sectores”, sostiene Sierra.
Al mismo tiempo, él critica que, tras la desaparición de la oficina del alto comisionado, anunciada en agosto, el Gobierno ha descuidado las operaciones de interdicción que impedían al avance de los ilegales, especialmente en zonas protegidas como la reserva de Tambopata, Según el informe de Francesca García Delgado en El Comercio.
Mediante el Decreto Legislativo Nº 1351, destinado a fortalecer la seguridad ciudadana, publicado hoy en el Diario Oficial El Peruano, se modifica el Código Penal con la finalidad de mejorar la técnica legislativa y los criterios normativos de algunos tipos penales.
Para aquellos que realicen actividades de exploración, extracción, explotación u otros actos similares de recursos minerales metálicos y no metálicos sin contar con la autorización de la entidad administrativa competente que cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño al ambiente y sus componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años y con cien a seiscientos días – multa.
“La misma pena será aplicada al que realice actividad de exploración, extracción, explotación u otro acto similar de recursos minerales metálicos y no metálicos que se encuentre fuera del proceso de formalización, que cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño al ambiente y sus componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental”, precisa la publicación.
Si el agente acBtuó por culpa, la pena será privativa de libertad, no mayor de tres o con prestación de servicios comunitarios de cuarenta a ochenta jornadas.”
El dispositivo también hace referencia al delito por contaminación ambiental. “El que, infringiendo leyes, reglamentos o límites máximos permisibles, provoque o realice descargas, emisiones, emisiones de gases tóxicos, emisiones de ruido, filtraciones, vertimientos o radiaciones contaminantes en la atmósfera, el suelo, el subsuelo, las aguas terrestres, marítimas o subterráneas, que cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño grave al ambiente o sus componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor de seis años y con cien a seiscientos días-multa”.
Si el agente actuó por culpa, la pena será privativa de libertad no mayor de tres años o prestación de servicios comunitarios de cuarenta a ochenta jornadas.”, inficó Gestión.
Pedro Pérez Miranda, conocido como ‘Peter Ferrari’, amasó su fortuna a costa de crear empresas –en apariencia legales– que se dedicaban a exportar oro presuntamente proveniente de la minería ilegal, esa actividad que causa estragos en la biodiversidad de la selva.
Las compañías estaban representadas por supuestos testaferros de ‘Ferrari’, uno de ellos incluso fue el jardinero de su casa, a quien nombró gerente general de una de sus empresas exportadoras, de acuerdo con las indagaciones del Ministerio Público.
La red que habría encabezado ‘Peter Ferrari’, sin embargo, no es la única que operaría desde el Perú con alcances internacionales. El Ministerio Público investiga a 34 organizaciones por lavado de dinero proveniente de la minería ilegal.
Autoridades de la Fiscalía Estatal de Miami, en Estados Unidos,–adonde va a parar buena parte del oro exportado– coordinan acciones de investigación y análisis con el Ministerio Público del Perú para combatir esas mafias.
“Estados Unidos sabe que el oro que compran algunas compañías proviene de la minería ilegal en el Perú, por lo que están siendo investigadas”, detalló una fuente fiscal.
Rafael Vela, coordinador de las fiscalías de lavado de activos, remarcó a este Diario que las 34 organizaciones son las de mayor trascendencia por su connotación internacional, pero hay otros casos con implicancias solamente nacionales que suman 125.
La Procuraduría de Lavado de Activos detalló que de esos 125 expedientes referidos a lavado de activos de la minería ilegal, 95 están siendo investigados de manera preliminar y 30 están judicializados.
El fiscal Vela explicó que los grandes lavadores de dinero de la minería ilegal “entremezclan las actividades lícitas e ilícitas y a estas últimas intentan darles una apariencia de legalidad” como cuando crean empresas dedicadas al rubro de exportación con el visto bueno de las notarías.
Un oficial de la Dirección de Investigación contra el Lavado de Activos (Dirila) de la policía sostuvo a este Diario que estas supuestas mafias están vinculadas con el crimen organizado y el pago de extorsiones, y que sus ramificaciones llegan hasta la política.
“Las notarías tienen bastante que responder a la justicia porque es ahí donde dieron legalidad a las empresas creadas por ‘Peter Ferrari’, por ejemplo, y a otras fundadas por lavadores de dinero”, recalcó.
A inicio del 2016, la Dirila investigó a una organización que entre el 2014 y el 2015 había exportado una tonelada de barras de oro por US$47 millones. “Se detectó que contaban con un financista de Estados Unidos, pero lo que más sorprendió es que en un día creaban 10 a 15 empresas exportadoras en la notaría de un congresista de Fuerza Popular”, reveló el oficial.
Se trata del parlamentario Francisco Villavicencio, dueño de una notaría del mismo nombre, ubicada en Carmen de la Legua, en el Callao. Según el expediente al que tuvo acceso este Diario, en esa notaría se crearon hasta 60 empresas exportadoras presuntamente de oro ilegal proveniente de Madre de Dios. El caso se indaga aún en el Ministerio Público y el parlamentario no está en calidad de investigado.
“Fui citado por la policía para responder sobre este tema y acudí. Descarto estar involucrado con estas empresas. Quiero recalcar que hace unos años se dispuso, en beneficio del ciudadano, la simplificación de los trámites para constituir empresas a través de un formato. No se necesita la presencia de un abogado”, refirió el congresista.
Según las leyes, cuando los notarios detectan operaciones sospechosas como creaciones de empresas exportadoras de oro que tienen los mismos representantes, deben reportarlo a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Villavicencio no lo hizo.
Una fuente de la fiscalía sostuvo que en el caso de ‘Peter Ferrari’ se detectaron retiros por más de US$5 millones del Banco de la Nación, que tampoco fueron alertados a la UIF.
“Se logra incautar poco oro ilegal”, admite el fiscal Vela. Se calcula que el 15% de la producción anual de oro en el Perú proviene de la ilegalidad.
Los fiscales de Lima que investigan a las organizaciones que lavan dinero proveniente de la minería ilegal expresaron a este Diario que hacen falta fiscalías especializadas en ese tema para coordinar acciones, desde la etapa en que se extrae el oro ilegal hasta la exportación y así combatir estas mafias.
“Los que indagan estos casos muchas veces no están lo suficientemente preparados. Trabajamos con las fiscalías de Medio Ambiente pero no es suficiente. Ellos tienen distintos temas que analizar referidos a contaminación”, sostuvo un magistrado.
Entre tanto, el general José Baella fue designado este mes jefe de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional. Una de sus primeras acciones sería planificar interdicciones contra la minería ilegal y la tala de árboles que se habían reducido.
El Colegio de Notarios de Lima presentará el miércoles una base descentralizada de documentos notariales para crear mayores filtros ante acciones sospechosas como la creación de empresas exportadoras de oro por testaferros que no tienen solvencia económica, indicó Ana Briceño.
El ex ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, calificó como un “peligroso retroceso” en la lucha contra la minería ilegal el Decreto Legislativo 1351, específicamente la disposición complementaria que, según advirtió, abre las puertas para que los que realizan actividades fuera de la legalidad se les perdone el delito y puedan librarse de las sanciones.
En diálogo con Perú21, Manuel Pulgar Vidal criticó que la única disposición complementaria de la norma disponga como excepción para el delito de minería ilegal (tipificado en el artículo 307 A del Código Penal) que se forme parte del nuevo Registro Integral de Formalización Minera.
“Esto ¿que significa?: si llega un operador que no estaba en el proceso de formalización anterior, incluso que podría estar incurso en comisión delito, va a la Sunat, saca su RUC y entra al nuevo proceso de formalización. Al hacer eso, se le aplica la exención del inciso B de esta disposición complementaria final y como este nuevo proceso de formalización va hasta el 2020, quedo salvado hasta el 2020”, indicó.
También cuestionó que se haya dispuesto que no se aplica el delito si no se logra la formalización minera “por culpa inexcusable o negligente del funcionario” a cargo del proceso.
El ex ministro consideró recomendable que se elimine la citada disposición complementaria. “No deben haber excepciones, porque si las hay, lo que haces es crear puertas falsas”, puntualizó.
El sábado, en el último día del plazo de las facultades delegadas, el gobierno promulgó el mencionado decreto que modifica diversos artículos del Código Penal “a fin de fortalecer la seguridad ciudadana”.
La norma lleva las firmas del presidente Pedro Pablo Kuczynski, del premier Fernando Zavala, y de la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello.
Afirma que hubo pacto
Según mencionó Manuel Pulgar Vidal, el año pasado, el gobierno dictó el Decreto Legislativo 1244, incorporando el delito de minería ilegal al crimen organizado, lo que fue una “gran noticia”. Sin embargo, agregó, esto generó resistencia y el 1 de diciembre la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, se reunió con mineros artesanales.
Sobre aquella reunión, la agencia oficial Andina reportó que la ministra de Justicia y un grupo de dirigentes de tres gremios vinculados a la pequeña minería y la minería artesanal suscribieron un acuerdo en el cual se establecieron precisiones respecto al proceso de formalización de este sector.
“En el documento suscrito se indica que el Poder Ejecutivo, en virtud de las facultades legislativas que le delegó el Congreso, ‘promulgará la norma que precise el tipo penal de minería ilegal, y las adecuaciones normativas necesarias respecto a la definición de la minería ilegal establecida en el Decreto Legislativo 1105”, reseñó la nota.
