Según conocedores de las tratativas, se produciría una dilución de la participación de la minera en el proyecto hidroeléctrico, que hoy es de 40%, y se mantendría el contrato de suministro eléctrico para Los Pelambres. Bancos son claves en la fórmula final.
Aunque Antofagasta, el brazo minero del grupo Luksic, enfrentó de todo en 2016 -desde problemas de producción en Chile, la denegación de una licencia minera en Estados Unidos, hasta un conflicto limítrofe con tintes diplomáticos en Cerro Amarillo, Argentina-, el trago más amargo provino de un negocio que no es minero, donde no son controladores y que además está lejos de la zona en que operan. Se trata del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, cercano a Santiago, donde Antofagasta Minerals, a través de Los Pelambres, tiene el 40%, y el resto es de AES Gener: al daño en la imagen pública que ha generado esta obra a la familia Luksic se sumó un aumento en la inversión original de entre US$ 200 millones y US$ 400 millones, en una iniciativa que originalmente costaba US$ 2.050 millones.
Hoy en el conglomerado de origen croata hay más tranquilidad porque los socios de Alto Maipo están muy cerca de una solución. Según conocedores del proceso, la salida consideraría que la minera no ponga más capital para la hidroeléctrica y que el faltante lo supla o la eléctrica o los ocho bancos financistas del proyecto atendiendo a que es muy difícil que un tercero se sume a una obra que lleva prácticamente un 40% de ejecución.
Al respecto, AES Gener señaló que junto a su socio minero, bancos financistas y los principales contratistas del proyecto están determinando exactamente cuánto es el aumento de costos. "Todas las alternativas están abiertas y siendo evaluadas", dijo la eléctrica.
Pero este tema es solo uno de los múltiples flancos abiertos del brazo minero. También hay asuntos pendientes, tanto en Chile como en el extranjero. Aquí repasamos los principales.
Cuando el grupo minero entró al proyecto Alto Maipo, se comprometió a invertir US$ 350 millones de capital y un contrato de venta de energía por 20 años, desde 2019, a un precio que hacía viable el proyecto -se menciona en el mercado que la tarifa llega a US$ 90 por megawatts hora (MW/h)- y posibilitaba que los bancos pusieran el capital adicional, de US$ 1.200 millones, ya que permite que el proyecto recupere su inversión y pueda pagar los créditos asumidos.
Según conocedores de las tratativas, Antofagasta Minerals (Amsa) ha informado a AES Gener que, más allá de las dificultades de la obra, van a cumplir su compromiso. La firma ya entregó totalmente los US$ 350 millones y -sostienen en el sector minero- honrará el contrato de energía. Como consecuencia de ello, el deal implicaría una dilución de la participación de Amsa en Alto Maipo de 40% a alrededor de un 20% de la propiedad.
Según ejecutivos bancarios, al grupo Luksic no les interesa estar en un negocio que no manejan. "Ellos son mineros, no eléctricos, y si tienen que poner recursos para un proyecto, prefieren que sea en minería", resume un ejecutivo del sector. La compañía tiene previstas dos inversiones cuantiosas para los próximos años, como son la optimización de Los Pelambres, que implica US$ 1.000 millones, y la planta concentradora de Centinela, que significa US$ 2.700 millones, por lo que no pueden destinar más capital a un tercer megaproyecto.
Pero hay otras razones por las que el proyecto no es grato. Según ejecutivos bancarios, hay tensión por los sobrecostos, en especial porque se produjeron en una etapa temprana de ejecución. Además, en la industria creen que hay aspectos que deben mejorarse en Alto Maipo, como la gestión de imagen y reputación del proyecto.
Y es que no hay dos opiniones sobre el negativo impacto que la iniciativa ha tenido sobre la familia Luksic. Los opositores a la hidroeléctrica centraron en Andrónico Luksic, director de la minera y presidente de Quiñenco, sus críticas, y el empresario fue increpado en duros términos en el Congreso por el diputado (RN) Gonzalo Rivas. Ello llevó a que en abril del 2016, Luksic subiera un video a YouTube evidenciando su malestar con el negocio: "Sin lugar a dudas que Alto Maipo ha tenido un tremendo costo para la familia Luksic y para mí en particular".
El episodio no terminó ahí. El primogénito del clan croata se querelló contra Rivas, y aunque la justicia falló en contra del parlamentario, condenándolo a presidio remitido de seis meses y suspensión de cargo, en una visita a los tribunales el empresario recibió un piedrazo.
Otro sinsabor del 2016 vino desde Estados Unidos. El 16 de diciembre pasado, el gobierno federal negó la renovación de dos concesiones mineras a Twin Metals, un proyecto subterráneo de cobre y níquel emplazado en Minnesota. Aunque la iniciativa estaba pensada para desarrollarse durante la próxima década, es muy querida por la familia Luksic, porque implicaba ingresar a la minería en la principal economía mundial y era monitoreada directamente por Andrónico Luksic Lederer, vicepresidente de desarrollo del brazo minero y tercera generación en el negocio.
El rechazo a las dos concesiones mineras federales en la región de Iron Range afecta al 25% del área del proyecto, aunque el impacto en producción es menor.
En todo caso, la compañía estudia acciones legales mientras espera que el gobierno de Donald Trump revierta la decisión de su predecesor Barack Obama. Ejecutivos de la empresa sostienen que estas concesiones fueron mantenidas por más de 50 años sin cuestionamiento por parte del gobierno federal de Estados Unidos, e incluso fueron renovadas dos veces sin objeciones, por lo que algunos en el grupo creen que la decisión tomada por la administración Obama obedeció a la presión de sectores conservacionistas a nivel federal, opositores a la actividad minera, que aprovecharon de actuar antes del cambio de gobierno. De hecho, hacen ver que a nivel local la actividad minera tiene apoyo, porque es parte de la historia de la zona.
Además, Trump es un escéptico del cambio climático y menos susceptible a la presión de grupos conservacionistas, con un foco en la actividad empresarial, sostienen en la industria.
Una disputa que marcó el 2016 fue la que enfrentó a Los Pelambres y Glencore por el botadero de Cerro Amarillo, en la provincia argentina de San Juan. La minera chilena operaba bajo la presunción de que esta área era territorio chileno, pero después resultó que era argentino, y correspondía a terrenos de Glencore, que en la zona desarrolla el proyecto Pachón. Por este caso hay dos causas judiciales, una civil y otra penal, en Argentina.
Para Antofagasta, en 2016 también se avanzó en resolver este problema. En diciembre pasado, Los Pelambres comenzó el retiro de Cerro Amarillo de cerca de 570 neumáticos, considerados en Argentina como material peligroso, lo que demorará máximo 90 días.
Sin embargo, para Glencore el conflicto está lejos de terminar. "El juicio continúa en los tribunales trasandinos, pues tanto Glencore como la Provincia de San Juan esperan que Minera Los Pelambres realice no solo el retiro de los neumáticos, sino que también de los más de 50 millones de toneladas de escombros y desechos mineros depositados sin ninguna autorización en un terreno que no les pertenece y sobre el cual no tienen derecho alguno", dicen en la compañía suiza.
En Glencore agregan que "siempre hemos estado abiertos al diálogo, al mismo tiempo que hemos sido muy claros en que la única solución viable y legal es la restitución total del terreno a su estado original; es decir, el retiro completo de la escombrera desde nuestra propiedad y la consiguiente remediación del daño medioambiental".
Eso, según el grupo Luksic, tendría un costo de más de US$ 100 millones, mientras que la solución que ellos proponen, que es el cierre ambiental de la zona, implica un desembolso de US$ 35 millones.
En todo caso, en el marco del proceso judicial, el 19 de diciembre pasado declaró en San Juan, Argentina, el gerente general de Los Pelambres, Robert Mayne Nicholls, y entre el 8 y el 10 de marzo próximo están citados los ex gerentes Alberto Cerda e Ignacio Cruz, así como el presidente de la minera, Francisco Veloso.
Fue definido alguna vez como "el mejor proyecto de cobre en el peor lugar para invertir". Se trata de Reko Diq, un yacimiento minero ubicado en la zona fronteriza de Pakistán con Afganistán, donde el grupo chileno se alió con la canadiense Barrick. La iniciativa naufragó en 2011, cuando el gobierno paquistaní negó los permisos para hacer la obra y las firmas afectadas recurrieron al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
Tras varios años de estancamiento, el litigio se reactivó. En 2016 se hicieron las audiencias respectivas en París y Hong Kong, las que, según las compañías, fueron favorables a los inversionistas.
