DANIEL MELO Y LEONARDO SOTO* 

Fundadas sospechas de eventos de corrupción durante su tramitación, una impresionante y única reserva de la naturaleza amenazada, todo un tejido social sometido a la incertidumbre, prácticas cuestionables para dividir a la comunidad.

Eso es Dominga, un gigantesco complejo minero-portuario-desalinizador (así como lo lee) que apuesta por reducir a una pasta de hierro, cobre, químicos peligrosos y agua contaminada, buena parte de la comuna de La Higuera; bombearla por varios kilómetros y embarcarla en buques gigantescos que trasportarán por aguas chilenas, todos los meses, cientos de miles de toneladas de lastre de desconocidos efectos y procedencias.

Todo esto operando en un delicado, único y, por cierto, protegido ecosistema.

Más allá de calificar intenciones, lo evidente de Dominga es que la megaminería chilena sigue jugando al aprendiz de alquimista y, valiéndose de la débil densidad regulatoria de nuestro país, busca obtener un permiso que amenaza la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, 3 islas de extraordinaria hermosura y relevancia ambiental, que refugian una de las más altas concentraciones de biodiversidad que aún subsisten en nuestro asolado océano.

Algo que como país, sencillamente, no podemos aceptar.

Producto del descontrolado extractivismo, se nos ha advertido en todos los tonos que estamos especialmente en riesgo, que seamos cautos, que estamos gastando muy rápido y de manera ineficiente nuestros recursos naturales, a niveles tales que ya se dice que “el país se achica”, como tituló la prensa hace unas semanas.

Preocupación que la propia Constitución que aún nos rige expresa, al plantear de manera simple y directa: Preserve la Naturaleza y conserve el Patrimonio Ambiental.

Sin embargo, en casos similares a Dominga, el Sistema de Evaluación Ambiental ha fallado de manera inaceptable en este mandato y la única barrera real que ha operado en defensa de nuestras garantías constitucionales en materia ambiental la han puesto los Tribunales de Justicia. Esta situación resulta inaceptable.

La administración en Chile tiene un mandato claro para actuar con diligencia, cautela, imparcialidad y justicia, y estos principios deben verse reflejados de manera prístina en sus actos, particularmente en el caso del órgano que certifica que una actividad económica es socialmente aceptable y sus eventuales impactos han podido mitigarse, repararse y compensarse de manera adecuada.

El riesgo de que nuevamente se incumplan estos principios hace que los ojos del país estén puestos en las decisiones que se tomen, durante las próximas semanas, en materia ambiental, particularmente en relación con el proyecto de Dominga, que hábilmente ha eludido las barreras legales que impiden que actividades depredadoras y apuestas aventureras obtengan permisos para destruir nuestros ecosistemas. La última palabra no está dicha, y el Sistema de Evaluación e Impacto Ambiental debe rechazar el proyecto.

La propia comunidad, ejerciendo su derecho a participación ciudadana, ha informado a la autoridad de todos los vicios, errores e irregularidades de la propuesta de Dominga, en la que las áreas protegidas no existen, se omite todo el proceso de transporte de un material, a lo menos riesgoso, y se ignora la existencia de toda una comunidad.
Esto mismo se los haremos saber a las autoridades en la sesión especial de la Cámara de Diputados que celebraremos para evidenciar el real efecto de este proyecto en un ecosistema que es reconocido como único en el mundo.

De igual forma, presentaremos en los próximos días un proyecto de ley que dé inicio a una reforma general y sistémica de nuestro proceso de evaluación ambiental, el cual, tal y como el derecho interno e internacional mandatan, esté inspirado y exprese nítidamente los principios de precaución y justicia ambiental.

Un nuevo sistema de evaluación, por defecto, debe impedir la concreción de zonas de sacrificio, garantizar de forma explícita una participación ciudadana informada, útil y vinculante; sancionar y desalentar proyectos temerarios e irresponsables como Dominga, Walmart San Bernardo, Isla Riesco, Alto Maipo, Río Cuervo y un largo etcétera; y garantizar la impermeabilidad de la decisión ambiental a la presión política o económica.

Tenemos las herramientas y la voluntad de avanzar en, quizás, la más importante reforma que el país deba debatir y consensuar. Los tiempos se acortan y los desafíos que el Cambio Climático nos plantea, dramáticamente, deben ser abordados antes de que sea demasiado tarde.

*Diputados socialistas