Varios países de América latina comenzaron a exigirle a la constructora Odebrecht que devuelva el dinero que ganó con las obras adjudicadas tras el pago de coimas.
Según se conoció semanas atrás a través del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la firma brasileña aplicó la práctica de los sobornos en más de 100 proyectos en 12 países de América latina y África, donde pagó aproximadamente u$s 788 millones, para luego obtener ventajas que le reportaron una ganancia de u$s 1.400 millones. Sólo en Brasil la compañía desembolsó u$s 349 millones en coimas y logró ganancias por u$s 1.900 millones.
La fiscalía de Perú y Odebrecht sellaron este jueves un acuerdo que compromete a la mayor constructora de la región a devolver u$s 8,9 millones de dólares como anticipo de una suma mayor en compensación por el pago de coimas a funcionarios peruanos para quedarse con obras públicas.
A través de un comunicado de prensa, el Ministerio Público Fiscal celebró el pacto y recordó que se firmó en el marco de la investigación judicial iniciada en noviembre del año pasado. Según el acuerdo, Odebrecht también se comprometió a entregar a la fiscalía la información y documentación relevante requerida, "aunque se encuentre en un país diferente al Perú", informó.
"La empresa se compromete a entregar en los próximos días la suma de 30 millones de soles (unos u$s 8,9 millones), como adelanto de la devolución de las ganancias ilícitas a determinarse dentro del proceso penal", agregó.
Este miércoles el Congreso peruano abrió una comisión multipartidaria para investigar los sobornos de empresas brasileñas a funcionarios peruanos en los últimos tres gobiernos. Los legisladores serán los encargados de evaluar los hallazgos de un grupo de trabajo, creado el 10 noviembre, con mandato de 180 días para investigar los presuntos sobornos pagados por empresas brasileñas en el caso "Lava Jato" y en particular la empresa Odebrecht.
En diciembre pasado la Justicia de Estados Unidos reveló que Odebrecht reconoció haber pagado u$s 29 millones en coimas en Perú entre 2005 y 2014 para que se le adjudicaran obras contratadas, práctica que se extendió en otros países de América Latina
La constructora participó en más de 40 proyectos de inversión en el periodo investigado en Perú, los cuales implicaron más de u$s 12.000 millones en gasto público para la ejecución. Se estima que el primer pago es un simple adelanto de lo que podrá exigir el gobierno de Perú.
Por este tema el miércoles fue denunciado Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri y socio de Odebrecht a través de la constructora Iecsa en el soterramiento del tren Sarmiento. La misma presentación alcanzó a Juan José Aranguren. La Justicia deberá investigar si el pago de coimas de los brasileños también benefició a Calcaterra, si fue cómplice o posible encubridor. Otras denuncias apunta contra exfuncionarios kirchneristas.
En la Argentina se supo que abonó u$s 35 millones a intermediarios, que luego supuestamente lo pasaban a funcionarios del Gobierno. Por estas maniobras, Odebrecht se alzó con u$s 278 millones, que por ahora nadie del Estado nacional reclamó.
En Panamá Odebrecht pagó entre 2010 a 2014 sobornos por más de u$s 59 millones. El presidente panameño, Juan Carlos Varela, pidió a la justicia de su país mayor rapidez en las investigaciones que lleva adelante por casos de corrupción, que salpican al expresidente panameño Ricardo Martinelli.
La vicepresidenta y canciller de Panamá, Isabel De Saint Malo, fue la encargada de exigir el reembolso. "Esa empresa tendrá que rendir cuentas, devolverle lo que le corresponde al pueblo panameño", dijo la funcionaria, quien reveló que "en otros países ya se ha establecido una forma de pago hasta 10 o 20 años, con un calendario, depende de cada país". En Panamá los fondos ilícitos le reportaron ganancias por u$s 175 millones.
En Ecuador trascendió que pagó u$s 33,5 millones en coimas. Por ese motivo, un juez ordenó a las instituciones públicas del país andino que se abstengan de sellar contratos con la empresa brasileña. "Durante investigación de contratos de Odebrecht en Ecuador, las instituciones estatales no podrán, temporalmente, contratar con esa empresa", informó el fiscal general de Ecuador, Galo Chiriboga.
Sin embargo, desde el Gobierno de Rafael Correa rechazan las acusaciones y señalaron que no aceptarán "sin pruebas ni beneficio de inventario" las versiones de funcionarios de Odebrecht sobre supuestos sobornos de la empresa, que le significaron rentabilidades por u$s 116 millones.
Correa expulsó a la firma en 2008 por irregularidades en la construcción de la hidroeléctrica San Francisco, pero la compañía regresó en 2010 para completar la construcción de una nueva fase del metro de Quito.
En Guatemala por cada u$s 100 que se pagaron en obras u$s 53 fueron para sobornos. "Entre y alrededor de 2013 y 2015 Odebrecht hizo y encargó hacer pagos corruptos por aproximadamente u$s 18 millones a autoridades de gobierno en Guatemala para asegurar contratos de obra pública. Odebrecht obtuvo beneficios de aproximadamente u$s 34 millones como resultado de esos pagos corruptos", sostuvo el Anexo B del documento ventilado por la justicia estadounidense. Esa suma le reclamaría que devuelva el gobierno guatemalteco.
