Entre 2006 y 2015, el promedio anual de inversión privada y pública de recursos destinados para la explotación minera en el país alcanzó los 327,9 millones de dólares, de acuerdo con datos estadísticos del Dossier de Minería y Metalurgia 1980-2015.
En 2015 se ejecutaron 367,6 millones de dólares y el nivel más alto llegó a 519,6 millones de dólares en 2008. En el periodo de análisis, la inversión anual de las empresas mineras privadas que operan en Bolivia alcanzó en promedio 239,3 millones de dólares.
El año récord de la inversión privada fue en 2008 con 477,8 millones de dólares, porque la empresa San Cristóbal invirtió más dinero para su mega proyecto.
A diferencia de la privada, la inversión pública subió de 60,3 millones de dólares, en 2011, hasta alcanzar 187,6 millones de dólares, en 2015, según el documento.
En comparación, por ejemplo, en el caso de Perú el promedio anual oscila alrededor de los 8.000 millones; en Chile cerca los 3.000 millones de dólares y en Colombia superó los 11.000 millones de acuerdo con sus programas de inversión hasta 2015.
El exministro de Minería Dionisio Garzón y el expresidente de Comibol Héctor Córdova coincidieron en afirmar que el financiamiento privado para minería se vio mermado a causa del alto riesgo que significa la actividad y a la falta de seguridad jurídica.
"La inversión depende del ambiente regulatorio y político que un país ofrece a los inversionistas. Desde 2006 vivimos un modelo político donde el empresario privado, nacional y extranjero no tiene incentivos”, indicó Garzón.
En este periodo se presentaron una serie de avasallamientos en minas privadas, que dejaron un mal precedente. Es por eso que la falta de capitales privados fue sustituida por el Estado.
"El destino de la inversión estatal en proyectos poco o nada rentables reflejan presiones sectoriales y regionales que imponen proyectos a rajatabla y/o resucitan (elefantes blancos) como el Mutún, Karachipampa y Corocoro”, mencionó.
Precisó que en el caso del sector privado, el promedio invertido solamente estuvo dirigido al mantenimiento de las operaciones de las minas y el trabajo de control de las reservas de mineral.
Para Córdova, el negocio minero es de alto riesgo por varios factores, entre ellos el precio de los metales en el mercado internacional, la calidad y abundancia del mineral en el yacimiento, la tecnología y la comercialización.
Por lo tanto, los empresarios privados tratan de minimizar riesgos y si no hay seguridad para recuperar los recursos, prefieren no invertir. Antes existía la posibilidad de que pequeños mineros descubran y preparen yacimientos, con el objetivo de negociarlo con un inversionista grande. Pero en 2006 el Tribunal Constitucional eliminó esa opción.
El capital estatal impulsó el horno Ausmelt en Vinto, el nuevo ingenio de Huanuni, la rehabilitación de Karachipampa y la puesta en marcha del proyecto de industrialización del litio, agregó.
Las últimas grandes inversiones que llegaron a Bolivia son las que se impulsaron en las minas de San Cristóbal, Sinchi Wayra, San Vicente y San Bartolomé, que consolidaron sus proyectos entre 2007 y 2011.
Este año no se avisoran inversiones privadas importantes para la actividad minera en el país, anticiparon dos analistas del área.
"No creo que en 2017 veamos inversiones privadas importantes. Las empresas que operan nuestras minas harán inversiones operativas para mejorar sus actividades; pero no impulsarán operaciones nuevas”, opinó el expresidente de la Comibol Héctor Córdova.
Ante esa ausencia, dijo que el Estado continuará con el proyecto del litio y lo único nuevo en inversión pública será el proyecto de las refinerías de zinc.
Dionisio Garzón, exministro de Minería, mencionó que según datos de la CEPAL a 2015 la inversión extranjera directa (IED) en Bolivia fue sólo de 503 millones de dólares y con base en datos del Banco Central la inversión extranjera bruta alcanzó 1.060 millones de dólares, 50% menos que la recibida en 2014.
"En cualquier caso y considerando que la minería va alrededor del 17% de estos montos, no hay posibilidad de que la inversión mejore substancialmente en el mediano plazo”, dijo.
Sugirió revisar la Ley de Minería 535, porque no propicia la atracción de capitales. De no suceder esto, la minería dependerá exclusivamente de la inversión pública y no se observarán cambios en los siguientes años.
Al primer semestre de 2016, la Inversión Extranjera Directa neta en minería registró flujo negativo de 34,3 millones de dólares, en similar periodo de 2015 sumó 80 millones.
El Gobierno proyectó una inversión de 5.613 millones de dólares para impulsar 104 proyectos y programas mineros, según el Plan Sectorial de Desarrollo Minero-Metalúrgico 2015-2019, que se conoció a mediados de 2015.
"El Plan Sectorial de Desarrollo Minero-Metalúrgico 2015-2019 preliminarmente identifica 104 programas y proyectos, con un presupuesto estimado de 5.613 millones de dólares”, señalaba el informe.
Los mayores recursos se dirigirán a la ampliación de reservas mineras en el país con 2.501,26 millones de dólares; le sigue la promoción de inversiones e implementación de nuevos proyectos mineros (1.114,30 millones de dólares); mejora de productividad y eficiencia (352,50 millones de dólares), seguido de otros.
En la parte del enfoque metodológico precisa que la Ley 535 de Minería y Metalurgia dispone que el Ministerio de Minería elaborará el Plan 2015-2019 a partir de las demandas de los actores mineros.
Según el diagnóstico, la minería privada transnacional participa en exploración, extracción, concentración, metalurgia, sin participar en eslabones de industrialización. Las cooperativas sólo extraen y concentran. Y la minería estatal interviene en todos los eslabones de la cadena productiva e incursiona en la industrialización, aunque su participación no supera el 7%.
Para la ejecución de las diferentes inversiones se toma en cuenta diferentes eslabones como prospección, exploración, explotación, concentración, fundición, refinación e industrialización, informó Página Siete.
Según la versión preliminar del Plan Sectorial de Desarrollo Minero-Metalúrgico 2015-2019 elaborado en el Ministerio de Minería y Metalurgia., Entre las conclusiones de su diagnóstico indica que el sector mineo presenta una naturaleza compleja, al existir actores productivos con perfiles muy diferentes.
El conocimiento sobre el potencial mineralógico avanza demasiado lento. Uno de los problemas más críticos reside en la falta acuciante de inversiones en exploración, la ausencia de nuevos yacimientos y la falta de reservas mineras, que limitarán el desarrollo del sector en los próximos años. Indica que los niveles de inversión del sector se han mantenido mínimos.
Anota los problemas de las empresas transnacionales en los contratos de riesgo compartido, indica que el problema de COMIBOL es estructural, enquistado de ineficiencia, baja productividad e insostenibilidad económica y que su pretendida reestructuración desde 2010, sigue siendo una tarea pendiente. El sector cooperativista a pesar de su aumento significativo en producción y empleo, no aumentó en productividad, no mejoró las condiciones laborales de los trabajadores y la gestión ambiental presenta niveles mínimos.Los avances de la industrialización minera y diversificación de la producción son todavía muy lentos debido a un contexto institucional estructuralmente adverso.
La mayoría de las conclusiones fueron hechas notar por varios analistas y desde hace mucho tiempo atrás, sin que nada se hubiera hecho, seguramente por el crónico déficit fiscal hasta 2006 y desde entonces por el espejismo provocado por el elevado precio de los minerales, cuya caída nos está volviendo a la dura realidad: no hay inversiones significativas, no hay exploración, no hay nuevos yacimientos ni nuevas minas.
En el PSDMM existen datos muy bien elaborados sobre producciones y reservas de minerales nacionales e internacionales, sus usos, cadenas productivas, mercados y productos estrella. Con buen criterio estableció una inversión pública en el sector de 5.613 M$us entre 2015-2019, de los que 3.615 M$us (64%) corresponden a ampliación de reservas e implementación de nuevos proyectos.
Los pronósticos de precios de minerales para el período 2015-2025, que tomó el PSDMM de un trabajo realizado por el Banco Mundial (BM) en junio de 2014, son demasiado optimistas, no condicen con la realidad y provocaron errores en algunos analistas. El BM en un trabajo realizado en abril de 2015 rebajó los precios pronosticados en 32% para el estaño, 25% para el plomo, 13% para el zinc, 8% para el oro y 25% para la plata.
El PSDMM no consigna datos importantes para planificar el desarrollo minero, como el funcionamiento técnico y económicode las empresas estatales. Resulta incomprensible que en el diagnóstico se argumente que "La información sobre operaciones mineras está fragmentada, resulta incompleta y no es de dominio público" y que "es discontinua, incompleta y no obedece a formatos estandarizados". Deben conocerse los balances económicos de cada una de las operaciones mineras. Respecto a COMIBOL deberíadarse a conocer las utilidades provenientes de sus operaciones y de sus contratos mineros.
Respecto al importante proyecto de producción de carbonato de litio, no emite un criterio técnico sobre si el método de concentración solar es el adecuado y que sin haberse aclarado este cuestionamiento en las escalas piloto y semiindustrial, ya se hubiera ingresado a la escala industrial.Consigna una exagerada "reserva" de 100 millones de toneladas de litio; sería bueno conocer la fuente.
En cuanto al yacimiento de MallkuKhota lo califica de altamente rentable y magnifica sus reservas de indio (4º lugar en el mundo). Este proyecto depende económicamente del bajo contenido de la plata. El indio y el galio son minerales secundarios. Si antes ya existían dudas sobre su factibilidad, el bajo precio actual de la plata lo hace inviable. Siguiendo con reservas minerales, el PSDMM le da al país el 2º lugar en el mundo en cobre, en base a una errada interpretación de lo que en 2011 manifestó un ejecutivo de KORES, de haber encontrado en Corocoro reservas de 100 millones de toneladas de mineral de cobre, que puede ser digamos del 1 a 2% y no toneladas finas, que son consideradas para las reservas.
El PSDMM enfoca la necesidad de la recuperación estratégica de minerales secundarios, pero no indica por ejemplo por qué la fundición de Vinto solo recuperó estaño en más de 40 años de operación, o qué podría hacer para recuperar otros metales.
En cuanto a la legítima aspiración de la industrialización toca, no menciona los requisitos necesarios primero para instalar fundiciones (abastecimiento de una cantidad mínima de minerales -para ser competitivos en la economía de escalas- y por un prolongado tiempo) y luego para industrializar los metales (desarrollo de tecnología de punta para ser competitivo). No explica por qué la industrialización del estaño en Vinto es mínima, ni por qué no se fabricó alambrón con el cobre catódico producido en Corocoro desde 2009.
