En los últimos seis meses, el Gobierno recibió casi 100 denuncias anónimas por presuntas maniobras espurias de funcionarios y agentes vinculados a las obras públicas viales. La Unidad de Ética y Transparencia (UET), una "oficina móvil" de la Oficina Anticorrupción (OA) en Vialidad Nacional, comenzó a hacer investigaciones sobre la base de los casos reportados, que dieron lugar a sumarios internos, suspensiones y denuncias penales.
Según pudo conocer LA NACION, la UET recibió 96 denuncias de presuntos actos de corrupción en distintos puntos del país, de las cuales 59 tuvieron algún tipo de trámite. "En muchos casos se abrieron sumarios internos con la suspensión de los agentes sin goce de sueldo durante el proceso investigativo", señaló Javier Iguacel, titular de Vialidad.
Tres denuncias terminaron en causas penales. Una de las causas se abrió tras detectar desvíos de fondos con las expropiaciones para la ampliación de la autopista Presidente Perón, continuación del Camino del Buen Ayre ¿Cómo era la maniobra? Según fuentes oficiales, se detectó que familias de bajos recursos que vivían en lugares a expropiar vendieron sus inmuebles a presuntos testaferros de los agentes de Vialidad. Luego, eran estos nuevos propietarios los que recibían las indemnizaciones millonarias del Estado. El juez Rodolfo Canicoba Corral investiga el caso.
Otra de las denuncias en Comodoro Py fue por una obra en Formosa donde detectaron pagos millonarios por trabajos no realizados. Los responsables fueron denunciados por negociaciones incompatibles y falsedad ideológica en certificados de obra en un caso que lleva el juez Marcelo Martínez Di Giorgi. En la provincia de Buenos Aires, una auditoría de las obras viales reveló una serie de malas prácticas, que se observaron no sólo durante la gestión kirchnerista, sino también en 2016. Se detectaron la concentración de obras en escasos proveedores y la elusión de licitaciones. La denuncia está en manos del juez Daniel Rafecas y tuvo consecuencias internas con la suspensión de un alto funcionario del distrito bonaerense de Vialidad Nacional.
Vialidad es una de las dependencias más heridas por sospechas de corrupción durante el kirchnerismo. Con presencia en todo el país, se trata del organismo descentralizado con más presupuesto (unos $ 30.000 millones durante 2016). En la UET de Vialidad trabajan cinco personas capacitadas en la OA. La provincia con más denuncias fue Santa Cruz: hubo 23 casos reportados mientras la Justicia avanza con la causa por el direccionamiento de la obra pública a Lázaro Báez. Le siguen Misiones (15 denuncias) y Neuquén (12 casos). "Este tipo de asesoramiento es efectivo para prevenir y cambiar conductas", dijo la jefa de la OA, Laura Alonso, que replicará la experiencia en otras dependencias.
