Con un balance positivo finaliza el 2016 para las direcciones de Minería, Energía e Hidrocarburos a cargo de Emilio Guiñazú. Trabajan en 12 proyectos energéticos.
Con la finalización del primer año de gestión, el subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú, realizó un balance del trabajo efectuado en las direcciones que tiene a su cargo y adelantó cuáles serán los ejes principales que coordinaran el 2017 y los próximos tres años.
Desde el comienzo de la gestión, la estrategia energética fue clara y concisa: potenciar la explotación de recursos primarios para desarrollar el potencial hidrocarburífero, minero y energético de Mendoza, proveer de energía al sistema nacional, generar empleo y atraer inversores para la puesta en marcha de nuevos proyectos.
Con esta visión, Guiñazú organizó el trabajo de cada área de manera diferencial: “Las tres direcciones presentan escenarios totalmente diferentes y con sets de variables únicas a ser consideradas, por lo que cada dirección tuvo avances distintos en relación con las limitaciones que presentaban”.
“Con la Dirección de Energía estamos muy bien desde lo táctico, porque hemos avanzado en la planificación y ejecución a corto plazo de acciones concretas. El próximo año vamos a concentrar nuestros esfuerzos en planificar lo estratégico a largo plazo y seguir trabajando en el fortalecimiento institucional de la dirección”, dijo el subsecretario.
El 2016 comenzó con la elaboración de la “Prospectiva Energética 2050”, un plan estratégico para redefinir las necesidades existentes en el mercado hidroeléctrico, los proyectos que acompañan este desarrollo y trabajar hacia un escenario deseable. Junto con Emprendimientos Energéticos Binacionales (Ebisa), se firmó un acuerdo de cooperación para revisar los proyectos hidroeléctricos de Mendoza, entre los cuales se hizo la reevaluación integral de Portezuelo del Viento, que derivó en el anuncio del próximo llamado a licitación pública hecho por el Gobernador Alfredo Cornejo.
Además, de la mano de la Empresa Mendocina de Energía se ganó la licitación nacional para construir la central de generación de energía térmica en Anchoris, con una inversión de 100 millones de dólares, y la instalación del Gasoducto Virtual, que le va a permitir a Mendoza cambiar radicalmente su industria gasífera. Asimismo, la provincia resultó adjudicataria de 150MW de energía renovable distribuida en 11 proyectos de pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, solares y eólicos en las convocatorias RenovAr 1.0 y 1.5.
Finalmente, las gestiones de la Dirección de Energía tuvieron como fruto el compromiso de una empresa canadiense, que será la constructora de los proyectos solares del RenovAr 1.5, de instalar una fábrica de paneles fotovoltaicos con una capacidad de entre 100MW y 150MW por año en la provincia, con la posibilidad de abastecer los parques que se construyan en Mendoza y en el resto del país. Adicionalmente, existiría la posibilidad de exportar tecnología a países vecinos como Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Demandaría una inversión cercana a 6 millones de dólares y estaría operativa en poco menos de un año.
La elaboración de una política de Estado para la minería fue, durante 2016, la prioridad de la subsecretaría. Con la creación de los Espacios de Diálogo Mineros para un desarrollo sustentable, que se desarrollaron en tres meses, el Gobierno garantizó que todas las partes involucradas tuvieran la posibilidad de plantear posturas y ser escuchadas para lo que se convertirá en las bases de la elaboración de una política estatal.
Luego de que, en diversas oportunidades, fuera tema de debate la necesidad de revisar la reglamentación de minería de tercera categoría, surge la primera acción concreta del Espacio de Diálogo. Esto es el impulso a la modificación de la Ley Provincial 8434, para regular el otorgamiento de permisos de extracción de estos minerales.
“En lo que respecta a minería, nos concentramos al revés que con energía, por la problemática específica del sector, y nos detuvimos a organizar un plan muy claro y definido antes de salir a ejecutar. Nuestro accionar ha sido más estratégico que táctico y el resultado es el plan de la propuesta de política minera”, agregó Guiñazú.
Por otro lado, este año la dirección trabajó en la regularización de canteras que operaban en el territorio provincial. Con la realización de un censo minero, se detectaron 139 establecimientos que presentaban irregularidades, de los cuales 73 fueron rescatados de su caducidad, 8 continúan en proceso de evaluación y 58 fueron anulados por la Policía Minera. Finalmente, se realizó una denuncia penal a un canterista de tercera categoría que, habiendo sido clausurado su establecimiento, violentó el cierre determinado por la Autoridad de Aplicación.
Asimismo, las gestiones del Gobierno junto con la empresa Vale lograron ofrecer una solución a la compleja situación que atraviesa la mina Potasio Río Colorado. La reingeniería del proyecto y el apoyo de la Provincia a la reactivación de la mina en ferias mundiales lograron atraer un inversor estadounidense que actualmente está evaluando la adquisición del yacimiento minero en Malargüe.
“En lo que respecta a hidrocarburos, este año hemos avanzado mucho en el análisis y en el ordenamiento contractual de la dirección. Con un accionar un tanto táctico, como es la resolución de contratos con problemas, como estratégico, ya que comenzamos a trabajar en un análisis con prospectiva a 2050, para entender cómo está la situación de reservas de la provincia en el corto plazo y la competitividad de cara a la adecuación de los precios del escenario internacional”, finalizó el funcionario.
A lo largo del año, la Dirección de Hidrocarburos se encargó de inspeccionar todos los yacimientos petroleros que están operativos en la provincia. Para destacar, los trabajos de campo ejecutados en los dos primeros trimestres de 2016 superaron ampliamente al promedio de inspecciones de los últimos cinco años.
Por otro lado, los nuevos descubrimientos de áreas con amplio potencial de recursos, las operaciones de registración sísmica 3D que se llevaron a cabo y el incremento de inversiones reales ejecutadas confirmaron que entre 2014 y 2016 la provincia tuvo un incremento de 13,84% a 15,35% de participación sobre la producción total de petróleo y gas en Argentina, a raíz del incremento de 8,67% en su producción hidrocarburífera local.
Con respecto a las concesiones de áreas, se destaca la declaración de caducidad del área Loma del Divisadero, debido al incumplimiento de los compromisos de inversión y la falta de pago del canon de explotación. Se otorgó la concesión de Mesa Verde a YPF para realizar tareas de explotación comercial y fue otorgada la concesión de Atuel Norte a una pyme mendocina luego que el área fue devuelta al Estado.
Finalmente, el Gobierno organizó una mesa de mesa de diálogo petrolera junto a empresas y sindicatos para analizar la situación del sector hidrocarburífero local y planificó la Jornada “Mendoza 2050-Prospectiva Hidrocarburífera”, para avanzar en la conformación de escenarios de largo plazo para la industria petrolera.
Con respecto a la visión del subsecretario dentro de tres años, Guiñazú comentó: “Al final de gestión, el objetivo es dejar un área de planificación y prospectiva energética en la provincia establecida y funcionando bien, con profesionales competentes y con procedimientos de trabajo. Queremos dejar construido un sistema que solo vaya retroalimentándose con la resiliencia necesaria para perdurar durante años”.
EDUARDO GAJARDO
En medio de la preparación de la política minera que le presentará el subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú, al gobernador Alfredo Cornejo, se genera fuerte ruido en una repartición que debería ser fundamental para el desarrollo de la actividad. Se trata de la Secretaría de Minería, organismo que está prácticamente desmantelado y que, además de los reclamos del sector, es nicho de fuertes rumores de aprovechamiento político.
Con la actividad minera en constante cuestionamiento desde hace más de una década, la secretaría pasó a un segundo plano por efectos de la gestiones que le tenían miedo a la palabra "minería" y se descuidó el desarrollo -incluso- de la segunda y tercera categoría, las cuales no tienen reparos para su desarrollo.
Esta situación fue denunciada por la Cámara de Empresarios Mineros de Mendoza, a través de una dura nota que entregaron a Enrique Vaquié y el mismo Guiñazú, en la que directamente señalaron que en las últimas gestiones se "vació" la secretaría al nivel que ni siquiera tiene un agrimensor que pueda actuar en terreno. Como contraparte, el organismo tiene completos sus cupos de abogados y escribanos, algo que llama la atención si se considera que casi no hay movimientos de expedientes y los que se mueven, curiosamente, son de empresas con irregularidades.
Como la cuestión ya pasa de la curiosidad al alerta, la cámara pidió al Gobierno provincial que se realice una auditoría interna sobre el estado de los expedientes que circulan.
Aunque la CAMEM no lo menciona en su texto, fuentes del Ejecutivo señalan que los problemas surgieron con la gestión del actual director de Minería, Carlos Molina, uno de los sobrevivientes de la gestión Pérez, y que quedó ahí por una negociación de un exministro justicialista con el PRO.
La historia de Molina está ligada a Rolando Baldasso, extitular de Infraestructura de Francisco Pérez, el mismo que hoy es funcionario de Luján de Cuyo, hasta donde de la mano del presidente del PRO, Omar de Marchi. En la "repartija" de cargos al PRO le tocó la mencionada secretaría y Baldasso sugirió mantener en el cargo a Molina, lo que negoció con el actual intendente lujanino.
En un espacio lleno de abogados y sin técnicos lo que menos hay es movimiento, tanto así que en la actualidad el trabajo en expedientes es casi nulo, especialmente en proyectos grandes o "conflictivos" de minería de primera categoría como San Jorge o Paramillos. Considerando eso y otros casos, la CAMEM pide que se explique por qué se ha "derogado de facto" el Código de Minería en algunas zonas de la provincia.
Lo que reclaman es que en las denominadas "zonas conflictivas" directamente se paralizaron todos los trámites relacionados con la actividad minera, en consecuencia que no se cumple con el rol de control y promoción de la actividad, no sólo en la primera categoría, sino que también en la segunda y tercera. La cuestión es quién decidió que esto fuera así, porque el que lo hizo está faltando a sus deberes como funcionario.
Esta situación, sin un razón técnica que lo justifique, es directamente una decisión política que buscó evitar conflictos, pero que fue sepultando una actividad lícita que puede entregar beneficios a la provincia. Por eso, no extrañó que con la llegada de la nueva administración se bajaran muchas concesiones y se intentara "ordenar el naipe", porque el desorden es grande y, por ejemplo, en las ripieras o emprendimientos mineros de segunda y tercera categoría se apuraba a las empresas que funcionaban legalmente, mientras los "ilegales" aumentaban sin ningún tipo de control.
En ese sentido, en los pasillos de la secretaría se menciona el caso de "una empresa" que robaba el material de una concesión legal, incluso utilizando explosivos. Al ser denunciada y cuestionada, inició los trámites para "regularizar" su situación y de manera casi express logró "ordenarse" y obtener la Declaración de Impacto Ambiental para operar. Todo fue muy rápido, al contrario de lo que ocurre con el resto de los expedientes.
La cuestión es que -según fuentes de oficialismo y oposición- esa empresa que pasó rápidamente por uno de los espacios más lentos de la administración pública, estaría vinculada a dirigentes del Partido Justicialista.
La dirigencia que estuvo al frente de la Provincia le puso freno al desarrollo de la minería de primera categoría por una cuestión de costos políticos y electorales, pero de paso se encargó de destruir las otras dos categorías, segunda y tercera, las que no tienen reparos y durante años ha mantenido muchas familias en la provincia.
Más allá de lo que suceda con la política minera que propondrá Guiñazú, el alerta está en un organismo que tiene problemas y que tiene un rol importante en una provincia que necesita del desarrollo de esta industria, en los niveles que considere la autoridad. Por ahora, es más lo que se destruye que lo que se avanza.
