La petrolera estatal YPF comenzó lo procesos formales para demandar al Mercado a Término de Rosario (Rofex) por un diferencia de $ 340 millones en la liquidación de operaciones de dólar futuro, con contratos rubricados en 2015 para liquidar en marzo de 2016; cuando la cotización oficial se disparó, y quedaron atrasados en lo que fue un perjuicio para el comprador.

Fuentes de la compañía confirmaron a El Cronista el inicio de la acción judicial, decisión que tomó a finales de 2016 el CEO de YPF, Ricardo Darré; y que ya se pasó por una primera etapa de audiencia de conciliación que no tuvo un resultado favorable.

La operatoria por la que ahora la petrolera estatal reclama judicialmente es la venta de dólar futuro que, a fin de frenar la suba del dólar, la administración de Cristina Kirchner decidiera en noviembre de 2015. Los contratos eran a marzo y mayo 2016 a $ 10 y, como todo el mercado preveía una devaluación mayor, los inversionistas entre los que estaba YPF, salieron en masa a comprar para cubrirse dde la depreciación del peso.

Mauricio Macri ganó las elecciones y el ahora ex ministro Alfonso Prat Gay no quiso pagar la factura y denunció a la ex presidenta Cristina Fernández y al ex titular del Banco Central Alejandro Vanoli, por el supuesto daño y amenazaron con el default de los contratos. En medio de esa crisis, el Rofex modificó los acuerdos y los llevó de $10 a $12, argumentando una situación de emergencia por la devaluación de diciembre-enero pasados. Ese cambio que le permiten los estatutos son los que ahora ahora muchos inversores cuestionan en la Justicia.

Cuando se conoció la decisión de YPF, que según explicó el sitio Punto Biz la patrocina el estudio Peyrano-Ravena & Asociados; llamó la atención tanto en círculos económicos como políticos ya que estaría cuestionando al propio Banco Central de Federico Sturzenegguer.

Tanto es así que Luis Herrera, ahora vicepresidente del Rofex, aseguró al portal Vío Rosario que "según entendemos la presentación de la petrolera también involucra al Banco Central, al que nosotros siempre apuntamos porque no estaba ajeno, la entidad se beneficiaba con nuestras medidas".

El dato no es menor, más si se tiene en cuenta que al estar involucrado el Banco Central , las demandas deberían pasar a la Justicia Federal y, desde el punto de vista político, que Darré, en el fondo, cuestiona la política adoptada por el BCRA que comanda Sturzenegger

Hemos tenido una reunión muy negativa la semana pasada y hemos quedado muy decepcionados”, señaló la gobernadora Rosana Bertone respecto de la negociación que se mantiene con YPF por la prórroga de la concesión sobre el área Magallanes. 

Finalizado el acto de inauguración de la nueva unidad de neonatología del Hospital Regional Río Grande, que se realizó el miércoles, Bertone explicó que “la Provincia pedía una inversión de responsabilidad social empresaria de conexión de dos gasoductos para terminar con los problemas del invierno”, pero que la petrolera de capital estatal mayoritario que preside Miguel Angel Gutiérrez “se ha negado”. 

“Yo no voy a dar el brazoa torcer”, aseguró, y advirtió que “si no podemos obtener lo que pretendemos, que es normal dentro del contrato que estamos discutiendo, vamos a revertir el área”. 

Bertone criticó a la actual conducción de YPF. Señaló que “con Galuccio -anterior titular de la empresa-  teníamos un director sentado en la mesa y había otras posibilidades”. 

Refirió que el martes “el secretario del presidente de la compañía se comunicó para que nos volvamos a reunir en enero. Vamos a ver si ellos reflexionan, si no vamos a revertir el área a favor de otra petrolera que esté interesada”. Entre ellas mencionó a la chilena ENAP que opera el área costa afuera por cuenta del consorcio conformadocon YPF. 

Según trascendió, hace casi un mes la Gobernadora mantuvo un encuentro con el titular de YPF en la que Gutiérrez había garantizado la realización de las obras demandadas por la Provincia, pero esta postura fue revertida  por los representantes de la petrolera durante la ultima reunión que mantuvo la comisión de renegociación.    

El área en cuestión es compartida por el Estado nacional, la Provincia de Santa Cruz y la de Tierra del Fuego -por la fracción del área que comparten las provincias, del 15% de regalías que paga YPF el 45% corresponde a Tierra del Fuego y el 55% restante a Santa Cruz- . Tanto Nación como Santa Cruz ya prorrogaron hasta el 2027 la concesión que vence en noviembre del próximo año. 

En función de ello,a mediados de año ENAP, Sipetrol Argentina e YPF anunciaron la puesta en marcha del Proyecto Incremental Área Magallanes (PIAM), el cual tiene como objetivo principal aumentar la producción de gas natural y petróleo crudo. El proyecto involucra un plan de inversiones conjunto de más de 165 millones de dólares para incrementar en más de 60% la producción diaria de gas natural, pasando de los 2,4 millones de m3/día actuales a un valor aproximado de 4 millones de m3/día, y en 25% la producción de petróleo crudo asociado, de los 800 m3/día actuales a 1000 m3/día aproximadamente. 

El resultado de esta negociación podría tener consecuencias directas sobre el interés que manifestó YPF por quedarse con la concesión del área CA-12. Durante el mes de octubre la petrolera presentó ante la Secretaría de Hidrocarburos un proyecto de iniciativa privada para la explotación del área ubicada en la zona centro-norte de la Provincia. 

“Tenemos expectativas de una apertura de licitación. Vamos a considerar esa iniciativa privada en tanto y en cuanto tenga una conducta concreta de trabajo, priorizando mano de obra local, prestadores de servicios locales y responsabilidad social empresaria acorde con el contrato que se suscriba”, apuntó la Mandataria. 

Por otra parte, anunció que la adenda al contrato de prórroga de las concesiones sobre las áreas Río Cullen y Angostura firmado con ROCH “tiene que ser corregida. Va a intervenirla AREF y se va a firmar un nuevo convenio para luego pasarlo nuevamente a la Legislatura”, ya que aseguró que esa empresa “tiene intenciones de seguir invirtiendo y vamos a hacer esta corrección para darle esa posibilidad”. 

ROCH solicitó modificar el plan de perforaciones comprometidas en el acuerdo de prórroga. Como el acuerdo de partes necesita ser convalidado por la Legislatura, el Ejecutivo elevó al Parlamento la referida adenda que el oficialismo pretendió abordar sobre tablas en la última sesión ordinaria del año. Intento que fracasó al detectarse que el documento contenía un insubsanable error que tornaba imposible su aprobación, lo que obligó a que fuera remitido a comisión.