El encarnizado conflicto que enfrenta hace más de dos años a Corfo y SQM en torno a los contratos de arriendo de las pertenencias mineras que la estatal mantiene con la compañía vinculada a Julio Ponce Lerou, agrega un nuevo aliado a la postura de la institución liderada por Eduardo Bitran, que apostó por poner término anticipado al contrato clave para que la minera no metálica pueda continuar explotando las reservas de litio del Salar de Atacama. Apuesta que está siendo zanjada por un largo proceso arbitral iniciado en 2014.
Las razones de Corfo son diversas, ya que acusan una serie de incumplimientos contractuales a SQM, que irían en directo perjuicio del Estado. Esta postura fue respaldada por la Comisión investigadora del litio liderada por el diputado Alberto Robles, que el pasado 29 de noviembre aprobó –por cinco votos a favor y dos en contra– un demoledor informe que pone en el banquillo a SQM, así como a los órganos estatales a cargo de fiscalizar los contratos y las operaciones de la empresa, que arrienda a Corfo más de 28 mil pertenencias mineras en el Salar de Atacama, en la Región de Antofagasta, bajo el amparo de contratos que le permiten explotar hasta 2030 los minerales contenidos en dicho lugar.
Para la comisión de la Cámara Baja, el proyecto para la explotación del Salar de Atacama es, “en estricto rigor, de propiedad del Estado de Chile a través de Corfo, que invitó y finalmente se asoció a una empresa privada que, por reunir determinadas cualidades en la época de la licitación y adjudicación, garantizaba la mejor administración de dicho proyecto y su ejecución conforme a los más altos estándares posibles para hacer efectivos los objetivos del mismo que quedaron plasmados, casi sin variaciones, en cada uno de los contratos suscritos al efecto”.
En esa línea, “cuando Corfo constata, aunque sea tardíamente, serios y muy graves incumplimientos por parte del Grupo de Empresas SQM a los contratos diseñados y suscritos para hacer posible la concreción de un proyecto que responde (debiera) estrictamente al interés de toda la nación, esta Comisión sostiene que la entidad de fomento ha hecho bien en requerir de las instancias judiciales competentes el término definitivo de dichos contratos y la restitución de los bienes del Estado puestos en su momento a disposición para la ejecución del proyecto, en tanto en cuanto esas serias y reiteradas infracciones denunciadas por Corfo han puesto en serio riesgo los objetivos superiores y el interés general de la nación contenidos en el objetivo del proyecto, y han provocado un daño significativo a la Corfo y, por ende, a todos los chilenos y chilenas”, detalla el informe.
En ese sentido, la comisión propone que la Cámara dé su más decidido apoyo y respaldo a la posición sostenida por Corfo, instándola a “no conciliar ni avenir de modo alguno su actual conflicto judicial”, así como “perseguir el término de los contratos que actualmente la vinculan con el grupo de empresas SQM a través de la correspondiente sentencia definitiva que se dicte por el Juez o los Tribunales Superiores de Justicia”.
Para los parlamentarios, “la falta de las calidades esenciales de las empresas del Grupo SQM para sostener la administración y ejecución del proyecto, se ve fortalecida por el propio juicio que la Corfo tiene de ellas y expuesto en varias ocasiones ante esta Comisión”.
Como lo señalado en junio pasado por el vicepresidente ejecutivo, Eduardo Bitran, quien aseguró que “es evidente que hay un problema grave de gobierno corporativo; la inviabilidad para conciliar el contrato frente a los graves incumplimientos éticos y contractuales de SQM, e incumplimientos graves en gestión del contrato”.
El ex ministro aseguró que “esto tiene que ver con otros aspectos que son importantes: continua venta a precios de transferencia a empresas relacionadas, a precios menores que el de mercado; existencia de acuerdo entre SQM y CRU –firma internacional– para denegar el acceso a información y la verificación que puede hacer Corfo de los precios de transferencia o los precios internacionales; arbitrariedad en el descuento de Corfo de costos y gastos deducibles; venta a KOWA, empresa relacionada, socio minoritario de SQM, a precios que se consideran por debajo de los precios de mercado; incumplimiento en los hitos de mensura; entrega de información insuficiente, y una evaluación global en que se considera que hay un conjunto de medidas que hacen inviable una licitación competitiva del salar a futuro, derechos de agua y otros, y un comportamiento hostil al haber una superposición de solicitudes de derechos de explotación de la minera, existiendo una especie de sociedad o acuerdo de joint venture. Todos estos aspectos obviamente son absolutamente arbitrarios y contrarios a un animus societatis en esta materia”.
El informe agrega otro ingrediente a lo expuesto por Bitran: “La espuria relación del dinero con la política provocada por SQM. En efecto, constituyen para esta Comisión hechos públicos y notorios las acciones acometidas por SQM desde el año 2009 a través de la simulación de contratos, la celebración de contratos irrelevantes o insignificantes, y el uso de facturas o boletas ideológicamente falsas, todas maniobras destinadas a ocultar la transferencia de millones de dólares para el financiamiento de campañas políticas y granjearse, de paso, descuentos ilícitos a sus obligaciones tributarias en perjuicio del Fisco de Chile”. Hechos relevantes para la comisión por dos consecuencias “políticamente trascendentales y significativas”.
Esto, porque los recursos que debían estar destinados naturalmente a los fines del proyecto en el Salar de Atacama “han sido redireccionados por el grupo de empresas SQM a otros fines reprochables ética y legalmente”. Y además, porque “a través de esas transferencias millonarias a la política, la concepción de la política como un espacio de libre deliberación ciudadana para la discusión y resolución de los asuntos que interesan a todas y todos los chilenos, se pudo haber visto capturada o comprometida por intereses estrictamente privados y económicos, desplazando a un segundo plano la debida protección de los intereses generales de la nación”.
En ese orden de ideas, la comisión concluye que “el grupo de empresas SQM: SQM S.A., SQM Salar S.A. y SQM S.A. han perdido todas las calidades éticas y de mínima rectitud de su gobierno corporativo que en su momento se tuvieron en cuenta para elegirla como socio estratégico para la ejecución del proyecto en el Salar de Atacama”, agregando lo siguiente: “Por lo que consecuentemente la comisión concluye en dar su más decidido apoyo y respaldo a la posición sostenida por Corfo y su Consejo en orden a no conciliar o avenir de modo alguno su actual conflicto judicial, y perseguir el término de los contratos que actualmente la vinculan con el grupo de empresas SQM a través de la correspondiente sentencia definitiva que se dicte por el Juez Arbitral. Cierta o no cierta la leyenda atribuida a Federico el Grande de Prusia, para esta Comisión ahora tiene el mayor de los sentidos la frase 'aún quedan jueces en Berlín'”.
Pero las críticas a los incumplimientos de SQM en perjuicio del fisco también apuntan al rol del Estado, y los prácticamente 29 años de vista gorda en torno a las actividades realizadas por SQM en el Salar de Atacama.
Los parlamentarios formulan un “enérgico reproche por la manifiesta y demostrada descoordinación” protagonizada por Corfo, la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN), Aduanas y la Dirección General de Aguas (DGA) entre 1986 y hasta finales de 2015 –cuando los tres organismos establecieron convenios de colaboración para trabajar en conjunto–, que facilitó que SQM Salar S.A. –y sus antecesores legales– realizara sus actividades vinculadas a la explotación del litio “de la manera que más conveniente le pareció a sus intereses estrictamente privados, con casi absoluta ausencia de una efectiva y oportuna fiscalización de sus operaciones, y con el consiguiente perjuicio que tal modo de obrar infligió al patrimonio del Estado, a la protección de las reservas del litio yacentes en el Salar de Atacama, y a la protección del mismo Salar”.
El rechazo al actuar de estas instituciones, tiene especial énfasis en el caso de la CCHEN, a la que acusan de “una suerte de reprochable autocastración de las potestades públicas e inmovilismo de las mínimas prerrogativas que la ley confiere a esa entidad”.
En este sentido, “la razón o causas específicas por la cuales los servicios y entidades públicas involucrados directamente en la explotación del litio desde el Salar de Atacama han dejado de responder al emplazamiento del legislador en el periodo señalado, constituye una cuestión que ha escapado de la verificación de esta Comisión: ignorancia, descuido, desidia, negligencia inexcusable, u omisión dolosa, deliberada y consciente; constituyen razones que ahora se encuentran en manos del persecutor criminal investigar y determinar conforme a la ley con motivo de las denuncias que se han formulado al respecto”, puntualiza el informe.
La visión por parte de la comisión de un Estado ausente a la hora de fiscalizar y cuidar los intereses del país, coincide con las conclusiones de otra comisión de parlamentarios que investigó el daño ambiental en salares, glaciares y cuencas hidrográficas y que emitió reparos en esa misma línea frente al rol de los órganos estatales competentes.
El informe del litio también cuestiona las exportaciones de salmuera realizadas por SQM, que –según detalla– desde 2007 ha exportado miles de toneladas anuales de salmueras naturales del Salar de Atacama, lo que “constituye un acto jurídico que no se encuentra autorizado por la CCHEN”.
Por otra parte, los parlamentarios refuerzan la propuesta del informe final de la Comisión Nacional del Litio, impulsada por la Presidenta Michelle Bachelet, de “no ampliar las autorizaciones de explotación (de litio) ni efectuar la renovación futura de los mismos bajo los términos actuales”, en tanto no se definan, y los organismos públicos hagan suyos, los criterios que debe definir el Comité Corfo de innovación y desarrollo de la minería no metálica y gobernanza de los salares.
Bajo este prisma, a la comisión le llamó poderosamente la atención el convenio celebrado por Corfo y la empresa Rockwood Litio Ltda. Dudas que también se instalaron en la comisión de los salares que entregó sus conclusiones el jueves 22 de diciembre.
“Por mucho que Corfo haya expresado que este convenio es ‘a prueba de balas’, o que afirme con cierta carga retórica que ‘sin lugar a equívocos que, de materializarse, este sería el mejor contrato para el Estado en la minería mundial del litio’, esta Comisión afirma que los aspectos generales que de él se conocen incrementan sin duda y de manera crítica la fragilidad del Salar de Atacama y las reservas de litio contenidas en él, ausente de estudios objetivos que reflejen las verdaderas condiciones de estabilidad o degradación en el que actualmente se encuentra”.
Situación sostenida por el propio presidente de la CCHEN, Jaime Tohá, ante la Comisión, donde señaló que “en el consejo hemos tenido la visita de representantes del Ministerio del Medio Ambiente, de Cochilco, del Ministerio de Minería, de la Dirección General de Aguas y, según la opinión de todos los que han comparecido ante el consejo, hay un mínimo común denominador, que el salar de Atacama es muy frágil y que el Estado no tiene la información suficiente para determinar cuál es su real situación, si está estable o si está en un proceso de degradación”.
