Cristina Kirchner sumó un segundo procesamiento antes de finalizar el año. El juez Julián Ercolini la procesó por asociación ilícita en la causa que investiga el direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez, y le trabó un embargo sin precedente de $ 10.000 millones. La medida alcanza a los ex funcionarios Julio De Vido, José López y Carlos Kirchner (primo del ex presidente), además de otras ex autoridades de Vialidad Nacional y Provincial. El procesamiento también se dictaminó sobre el empresario K favorecido con U$S 3.300 en contratos viales durante los gobierno kirchneristas.
El juez federal Julián Ercolini decidió procesar a Cristina Kirchner y varios ex integrantes de su gobierno por el delito de asociación ilícita. En esta causa se investiga si la ex presidenta montó un mecanismo que permitió nombrar funcionarios para direccionar en favor de Lázaro Báez las obras públicas santacruceñas sin controles, lo que permitió sobreprecios.
El magistrado también procesó al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido , su ex número dos, José Francisco López , el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, el empresario Lázaro Báez y Carlos Santiago Kirchner, un primo de Néstor, entre otros. En cambio, Ercolini dictó la falta de mérito de Abel Fatala y ex subsecretario de Obras Públicas Hugo Manuel Rodríguez, entre otros.
En esta causa la ex presidenta enfrenta su primer procesamiento por corrupción. ¿De qué la acusan a Cristina Kirchner en este expediente? En su resolución de de 794 carillas, el juez Ercolini resaltó que "se encuentra acreditado" que la ex mandataria, De Vido y López, entre otros, "habrían formado parte de una asociación, la que habría funcionado al menos, entre el 8 de mayo del año 2003 y el 9 de diciembre de 2015, destinada a cometer delitos, para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz".
"Se advierte un complejo entramado delictivo realizado en más de una jurisdicción pero en donde cada uno de los intervinientes tuvo un rol concreto en razón del cargo en que fueron colocados", indicó el magistado.
Al fundamentar el procesamiento por el delito de asociación ilícita, el juez remarcó que todos los funcionarios públicos procesados "conocían el pacto que los unía". "Si bien no es necesario que los miembros de la asociación ilícita conozcan la identidad del resto de los intervinientes, esta circunstancia está plenamente demostrada en autos", apuntó.
Y añadió: "La prueba reunida dio cuenta de que todos los funcionarios públicos imputados se conocían entre sí y alguno de ellos, si bien no se ha demostrado que conozcan personalmente a Báez, sabían de su existencia, de su rol y participación en la asociación".
Ercolini describe la existencia de una asociación ilícita dirigida desde lo más alto del Poder Ejecutivo Nacional para direccionar la obra pública santacruceña en favor de Báez. El juez consideró que Cristina Kirchner ejerció "un rol preponderante para que la maniobra fuese llevada a cabo".
Para Ercolini, las potestades de la ex presidenta y de los funcionarios designados en puestos clave -nombrados por Kirchner y "mantenidos" por Cristina- "le habrían permitido el direccionamiento y control sobre los fondos que finalmente le habrían hecho llegar a Báez por medio del irregular otorgamiento de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz".
"En ese marco, la ex mandataria habría realizado diversos aportes funcionales necesarios para la materialización de la maniobra que se le achaca", señaló.
El juez Ercolini evaluó las pruebas que esgrimieron los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, los decretos de nombramiento de funcionarios o documentación de las licitaciones patagónicas que exhiben sobreprecios y los testimonios de ex funcionarios de Vialidad que declararon sobre la falta de controles.
LUCÍA SALINAS
Con dos procesamientos, un embargo de $ 10.000 millones y una inhibición general de bienes, Cristina Kirchner tiene un frente judicial complejo: causas por lavado de dinero, falsificación de documentos públicos, enriquecimiento ilícito, son sólo algunas de las investigaciones que recaen sobre la ex Presidenta y sus hijos y en las que se repite el nombre de su socio comercial, Lázaro Báez.
La Ruta del Dinero K: la ex Presidenta está imputada por el fiscal Guillermo Marijuan después de que el “valijero” Leonardo Fariña la mencionara en la ampliación de su indagatoria. Báez está preso hace ocho meses por esta causa y en la misma se detectaron 300 inmuebles valuados en U$S 165 millones que adquirió el empresario K en 12 años. También investigan el dinero manejado a través de un conjunto de financieras entre ellas “La Rosadita” y los giros millonarios que hicieron socios y financistas K en el exterior y que el Gobierno de Cristina ocultó.
Hotesur: la investigación a cargo del juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita, tiene bajo la lupa a la empresa cuyo único inmueble es el hotel Alto Calafate. La firma está sospechada de ser utilizada para el lavado de activos y de concentrar una importante cantidad de irregularidades en sus libros contables y sociales, como enmiendas, tachones en sus actas, La empresa recibió de Aerolíneas Argentinas desde 2008, U$S 2.543.648 por el alquiler de habitaciones. El hotel fue administrada por Báez que también alquiló habitaciones sin ser usadas. En esta causa se embargaron los U$S 5 millones de Florencia Kirchner.
Los Sauces SA: firma inmobiliaria investigada por “falsificación de documentos públicos”, “enriquecimiento ilícito” y presunto “cobro de coimas”. El juez Claudio Bonadio decidió intervenir la empresa y la cuenta de la Sucesión "Néstor Kirchner" desplazando a Máximo Kirchner como administrador.Pidió que se embarguen los dólares de Florencia. En esta causa se sospecha que la compra venta de la casa de Cristina Kirchner haya sido una maniobra de lavado de activos. La inmobiliaria tuvo dos principales inquilinos: Báez y Cristóbal López.
Dólar Futuro: el juez Bonadio procesó a Cristina por ser parte de una "asociación ilícita" y la investiga como responsable del delito de "defraudación a la administración pública" considerando que como Presidenta en su momento, ordenó la costosa medida. FUe embargada en $ 15 millones y cuando dijo que no contaba con ese dinero, se ordenó una inhibición de bienes.
