El reconocimiento por parte Odebrecht S.A. antes los fiscales de Estados Unidos de que pagó cientos de millones de dólares en sobornos con el fin de obtener lucrativos contratos de infraestructura ha repercutido en América Latina, donde del gigante brasileño de la construcción ha participado en algunos de los mayores proyectos durante los últimos 15 años.
Según un acuerdo de conciliación anticorrupción divulgado por el Departamento de Justicia estadounidense la semana pasada, Odebrecht pagó casi US$800 millones en sobornos en 12 países, con lo que obtuvo ganancias de US$3.340 millones.
Aparte de Brasil, la mitad del dinero ilícito se usó para sobornar a funcionarios de nueve países latinoamericanos, un grupo que abarca desde partidarios del libre mercado, como en México, a gobiernos socialistas, como el de Venezuela.
“Será un terremoto político en muchos de estos países”, dijo José Ugaz, un ex fiscal peruano que preside Transparencia Internacional, un organismo no gubernamental con sede en Berlín.
El gobierno colombiano anunció que podía anular los contratos de infraestructura obtenidos de manera fraudulenta. Odebrecht dijo haber pagado US$11 millones en coimas en el país. Álvaro Uribe Vélez, quien fue presidente de Colombia entre 2002 y 2010, defendió su gestión al señalar que su gobierno actuó con “absoluta pulcritud” en la adjudicación de contratos.
A su vez, el presidente panameño Juan Carlos Varela hizo un llamado para que se investigaran todos los contratos adjudicados a Odebrecht. En Venezuela, donde la firma constructora habría pagado US$100 millones en sobornos, la Asamblea Nacional, controlada por la oposición al gobierno del presidente Nicolás Maduro, investiga los contratos de la empresa brasileña. El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, manifestó que no le hizo ningún favor a Odebrecht cuando era ministro hace más de 10 años.
Odebrecht, la mayor constructora de América Latina, desarrolló un sistema para ocultar los sobornos a funcionarios, políticos y partidos políticos. Estableció una oficina especial, llamada la División de Operaciones Estructuradas, que dirigía dinero ilícito que nunca apareció en su contabilidad, según el documento judicial.
Para hacer las transferencias, utilizó bancos pequeños en países con estrictas normas de secreto bancario. En ocasiones, llegó a pagar en efectivo.
Odebrecht se adjudicó varios proyectos de Petróleos Mexicanos, según la agencia de transparencia del gobierno mexicano. La constructora obtuvo cuatro contratos en 2014 por un total de US$1.150 millones. Una portavoz de Pemex señaló la semana pasada que la empresa está en contacto con la Secretaría de la Función Pública, el ente encargado de velar por el correcto desempeño de los servidores públicos, “para analizar” el tema y tomar las acciones correspondientes en caso de ser necesario.
Como un obsequio al final del segundo período de Alan García en la presidencia de Perú, en 2011, Odebrecht donó unos US$800.000 para construir una estatua en Lima frente al Océano Pacífico que es una réplica del Cristo Redentor de Rio de Janeiro. García la calificó como “el Cristo del Pacífico”. Otros, sin embargo, prefieren otro nombre. “Se debiera llamar el Señor de la Corrupción”, dice Ugaz, de Transparencia Internacional. “Hoy, simboliza todo lo que está empresa le ha mostrado al mundo. No hubo vacilaciones a la hora de sobornar en todos nuestros países”.
La constructora brasileña Odebrecht, que acaba de reconocer ante autoridades norteamericanas el pago de coimas por US$ 35 millones en la Argentina para ganar licitaciones de obras públicas, mantuvo un vínculo estrecho con los gobiernos kirchneristas, según corroboran documentos oficiales que evaluó LA NACION.
Odebrecht, además, fue una de las grandes ganadoras de licitaciones públicas en los últimos 12 años, a tal punto que se alzó con contratos con el Estado por $ 10.730 millones durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner.
Esa cifra representa el 3,19% de los recursos que el anterior gobierno destinó al sector de la construcción, y le permitió a la firma ahora cuestionada ocupar el séptimo lugar en la lista de compañías beneficiadas por los contratos con el Estado desde 2003 hasta agosto de 2015.
Así se desprende de las cifras que difundió el año pasado el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, para demostrar que las empresas de Lázaro Báez no habían sido favorecidas con fondos públicos (el primer lugar de esa nómina la encabezaba Techint, y en el tercer puesto estaba Iecsa, de Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri).
En la lista que difundió De Vido figura entre paréntesis el nombre de Marcelo Odebrecht, el ex CEO de la empresa, que en marzo de este año fue condenado a 19 años de prisión en su país. El mismo ejecutivo señaló que le pagó sobornos al ex presidente brasileño Luiz Inácio "Lula" Da Silva y le pagó US$ 3 millones al actual mandatario de Brasil, Michel Temer.
Las coincidencias incómodas para el kirchnerismo van mucho más lejos. Entre el 5 de abril de 2006 y el 15 de mayo de 2014 hubo al menos 22 reuniones entre funcionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y ejecutivos de Odebrecht, según figura en el registro de audiencias que deben completar ciertos funcionarios públicos de alta jerarquía (es probable que hayan tenido más encuentros por fuera de los registros). De ese listado surgen varias rarezas. El propio Marcelo Odebrecht, eje del escándalo por coimas en su país, vio a Cristina Kirchner en el despacho presidencial dos veces con muy poca diferencia de tiempo.
La primera fue el 31 de julio de 2013 a las 19.15. A diferencia de otros casos, no hay ninguna síntesis en los documentos que permita inferir el motivo de la reunión. Tampoco está claro quiénes fueron los asistentes. Sólo se menciona a Odebrecht como participante. Él mismo había pedido el encuentro. Un mes después, el 31 de agosto, por pedido de De Vido, que también participó del encuentro, Odebrecht se volvió a reunir con Cristina Kirchner a la misma hora. Tampoco hay referencias sobre el motivo del encuentro.
Pese al contacto fluido entre representantes de la compañía y del gobierno kirchnerista en ocho años, las visitas registradas terminaron abruptamente el 8 de mayo de 2014. Fue un encuentro al que accedió el ministro de Economía, Áxel Kicillof, por pedido de Flavio Farías, gerente local de Odebrecht. Participaron otros funcionarios y ejecutivos del grupo privado. A diferencia de la reserva de las reuniones entre el CEO del holding y la ex presidenta, se explica que el encuentro estuvo destinado al "análisis del sector de la construcción".
También hay registro de encuentros con la gobernación bonaerense, donde la empresa desarrolló algunos de sus proyectos. De hecho Marcelo Odebrecht se reunió con el propio ex gobernador Daniel Scioli el 16 de enero de 2013.
Odebrecht cayó en prisión en junio de 2015, pero el escándalo del Lava Jato, la investigación que derivó en el encarcelamiento de Odebrecht, había recrudecido varios meses antes.
El avance de los descubrimientos en Brasil coincide parcialmente con la fecha en que los directivos de Odebrecht dejaron de visitar a funciarios importantes, al menos de manera registrada.
Por Twitter, esta semana el ex ministro De Vido sostuvo que no recibió coimas de la compañía brasileña. Difícilmente, le alcance para convencer a la Justicia local de que no es necesario investigar una eventual conexión con su cartera.
Más aún si se tiene en cuenta que Roberto Baratta, ex coordinador de Planificación y el hombre de confianza de De Vido mientras estuvo al frente de la cartera, fue la persona que más veces vio a directivos de Odebrecht en los últimos años, con una frecuencia particularmente alta entre 2007 y 2008, un período especialmente investigado por la Justicia.
Los registros casi no dan especificaciones sobre los motivos de los encuentros. Apenas hacen la referencia "gasoductos", que muy probablemente se refiere a la construcción de ductos que realizó la empresa en los últimos años, otro ítem que sigue de cerca la Justicia argentina.
La reunión registrada más vieja data del 5 de abril de 2006. Según los documentos, sólo participaron Farías y el ex interventor del Enargas (el ente que regula al sector gasífero) Fulvio Madaro, que fue el anfitrión. Junto con el ex director de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa, Madaro fue uno de los principales involucrados en el caso Skanska, el primer gran escándalo de corrupción del kirchnerismo. Junto con otros funcionarios, ambos habían sido sobreseídos en 2011 por la sala I de la Cámara Federal. El año pasado, sin embargo, la Corte Suprema reabrió la causa.
Los funcionarios macristas registran tres reuniones con directivos de Odebrecht. En todos los casos se trata de hombres que trabajan en el Ministerio de Energía, que maneja Juan José Aranguren.
Cuando Luiz Antonio Bueno Júnior era presidente de Odebrecht Colombia, en el 2011, dijo que “las reglas del país dan seguridad, tiene marcos jurídicos muy claros. Colombia es muy transparente y legalista y por ello nosotros tenemos confianza y estamos aquí”. Esa declaración, vista en retrospectiva, no deja de producir frustración, particularmente porque es el mensaje que las autoridades han manejado también.
El caso de corrupción en Odebrecht, una constructora reconocida a nivel mundial y con importantes contratos en el país, confirma las sospechas de los colombianos y aquello que los entes de control vienen repitiendo con insistencia: la corrupción es tal vez el principal obstáculo para el desarrollo de Colombia. Esperamos que las investigaciones nacionales puedan rendir cuentas sobre exactamente qué pasó y quiénes fueron los involucrados.
Según la acusación presentada en la Corte del Distrito Este de Nueva York, Odebrecht tenía una división especial, llamada Division of Structured Operations (división de operaciones estructuradas), a través de la cual, dice el documento, “se pagaron millones de dólares en sobornos durante quince años, cometidos por ejecutivos de alto nivel de la compañía”. Era una práctica tan lesiva, que se calcula que “la ganancia pecuniaria que viene del delito es de US$3.336 millones”. Una cifra abrumadora producto de utilizar la misma estrategia en Angola, Argentina, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, Venezuela y, sí, en Colombia.
Sobre el país, la acusación dice que “entre 2009 y 2011 Odebrecht habría pagado más de US$11 millones en pagos corruptos con el fin de garantizar la obtención de contratos de obras públicas. Odebrecht había recibido beneficios de más de US$50 millones como resultado de esos pagos”, y también afirma que un funcionario público recibió un soborno por US$6,5 millones.
Esa versión fue corroborada por el secretario de Transparencia de la Presidencia, Camilo Enciso, quien aseguró que quien recibió ese monto fue un “alto funcionario de la administración del gobierno Uribe”. El expresidente Álvaro Uribe dijo, por su parte, que “indagaciones preliminares en la justicia me indican que alguien que trabajó en mi gobierno sería uno de los beneficiarios de los sobornos de Odebrecht en Colombia” y también mencionó que tiene sospechas de sobornos durante el gobierno de Juan Manuel Santos, algo que Presidencia niega. En cualquier caso, lo claro es que las autoridades nacionales deben actuar con rapidez para explicarle al país qué fue lo que sucedió.
Especialmente porque este caso no pareciera tratarse de una simple manzana podrida. En Colombia, esa dinámica de corrupción está arraigada y permea muchos espacios locales y nacionales. Si sometemos los contratos públicos a las lógicas de la corrupción, estamos cerrándoles las puertas a las empresas honestas que quieren ayudar al desarrollo sin desperdiciar los recursos. No podemos seguir con la complicidad cínica que justifica los sobornos siempre y cuando lleven a la terminación de obras.
Cuando Luiz Antonio Bueno Júnior era presidente de Odebrecht Colombia, en el 2011, dijo que “las reglas del país dan seguridad, tiene marcos jurídicos muy claros. Colombia es muy transparente y legalista y por ello nosotros tenemos confianza y estamos aquí”. Esa declaración, vista en retrospectiva, no deja de producir frustración, particularmente porque es el mensaje que las autoridades han manejado también.
No estamos diciendo, por supuesto, que todos los negocios del país estén dominados por las lógicas corruptas. Al contrario, precisamente porque conocemos el compromiso que muchos colombianos tienen con la transparencia, la justa competencia y el cuidado de los recursos públicos, es que insistimos en la urgencia de encontrar a los responsables en estos casos y que haya sanciones ejemplarizantes. No podemos permitir que nos sigan robando el país de esta manera.
Las autoridades de Suiza embargaron $ 100 millones de las cuentas secretas de la constructora brasileña Odebrecht tenía en dicho país.
Según el diario brasileño Folha de Sao Paulo, el dinero será retenido por fiscales suizos como pago de la multa de $209 millones que Odebrecht y la petroquímica Braskem se comprometieron a pagar al país europeo y a Estados Unidos, por utilizar sus sistemas para actos de corrupción.
De acuerdo a la legislación suiza, toda empresa que abre cuentas en ese país está obligada a tomar medidas necesarias para evitar que el dinero mantenido en las cuentas sea usado para pagar sobornos.
Las autoridades de Suiza lograron que la cancelación de la multa impuesta se realice en un solo pago.
Las cuentas incautadas estaban a nombre de empresas que solo eran fachada y que pertenecían a Odebrecht. Se calculó que la compañía movió $211.6 millones en el sistema financiero de este país.
Parte del dinero, según Folha de Sao Paulo, fue utilizado para pagar a las personas ligadas al esquema de corrupción de Petrobras. Los movimientos bancarios fueron realizados entre el 2001 al 2016 para garantizar proyectos de infraestructura.
El pasado miércoles el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que Odebrecht pagó aproximadamente $788 millones en sobornos en los siguientes países: Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela. Las coimas se realizaron a cambio de la adjudicación de más de 100 proyectos de infraestructura.
De acuerdo a información de las autoridades de Suiza, las cuentas secretas de Odebrecht eran abastecidas con dinero proveniente de tres filiales ubicadas en Venezuela, Angola y República Dominicana.
El país más implicado en los presuntos pagos de la constructora es Venezuela, donde Odebrecht gastó $98 millones entre 2006 y 2015 en “pagos corruptos a funcionarios gubernamentales”, según los documentos de la Justicia estadounidense.
Según el informe, la constructora recibió los contratos para la construcción de importantes obras en distintas regiones en Venezuela, las cuales permanecen inconclusas a pesar de haber recibido los recursos para su realización. Mencionó los casos de dos líneas de trenes subterráneos en las afueras de Caracas, un segundo puente sobre el Lago de Maracaibo, el tercer puente sobre el Río Orinoco y la línea 5 del Metro de Caracas, entre otras.
En los 3 países mencionados, la gigantesca empresa pagó sobornos por $240 millones, recibiendo a cambio contratos de millonarias obras públicas.
El historial de las cuentas secretas ya fue entregado por Suiza al juez brasileño Sergio Moro, quien está a cargo de la investigación del caso Lava Jato, mientras que los fiscales suizos han solicitado la colaboración de Panamá a fin de seguir el rastro del dinero.
Cabe precisar que el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, sostendrá una reunión este martes con los miembros de su consejo de ministros a fin de adoptar una posición frente a la información que da cuenta sobre el pago de sobornos en este territorio.
Según trascendió, un ejecutivo de Odebrecht reveló en Brasil que Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, recibieron coimas por $6 millones.
La petrolera de control estatal brasileña Petróleo Brasileiro S.A., o Petrobras, tiene previsto reclamar parte del importe que la compañía de construcción Odebrecht S.A. acordó pagar la semana pasada a las autoridades de Brasil, Estados Unidos y Suiza para conciliar una investigación sobre unos sobornos.
Petrobras alega haber sido víctima de la extensa trama de manipulación fraudulenta de licitaciones y de pagos ilegales en la que la compañía de construcción admitió haber colaborado.
Los investigadores afirman que esta trama, que incluye a un grupo de constructores, costó a los contribuyentes brasileños y a los accionistas de Petrobras cerca de US$13.000 millones.
Tras meses de negociaciones, Odebrecht acordó pagar el miércoles entre US$2.600 millones y US$4.500 millones a las autoridades de Estados Unidos, Brasil y Suiza durante un periodo de 23 años, indicó el Departamento de Justicia estadounidense, indicó WSJ.
