ANDREA MONCADA
Han pasado cuatro años desde que se promulgó el Decreto Supremo 012-2012-EM, que implementó el Programa Temporal de Formalización para los mineros pequeños y mineros artesanales de oro. El programa ofreció un incentivo económico a estos productores para que inicien un proceso de formalización, con dos objetivos: poder identificar la fuente del mineral informal, y reducir el impacto ambiental de la extracción informal y artesanal.
A la fecha, no existe una estimación confiable sobre cuántos mineros informales e ilegales existen en el Perú –los expertos hablan de cientos de miles–. Sólo 70,000 de éstos se acogieron al proceso de formalización del gobierno anterior. De este número, sólo 38,000 pasó a la segunda etapa del proceso, la llamada Etapa de Saneamiento. Incluso dentro de éstos, no se sabe a ciencia cierta cuantos mineros informales han culminado el proceso de formalización.
La última empresa en lograrlo es Empresa Minera Aurífera Estrella en Arequipa, que reúne a 479 pequeños productores. En mayo de este año el entonces Ministro de Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, afirmó que más de 1,000 productores mineros habían sido formalizados. Sin embargo, “no hay información actualizada”, indica Alfredo Salazar, gerente general de Saleman Consultores, empresa especializada en formalizar específicamente a pequeños y medianos mineros. “No hay una base de datos porque estas cifras las maneja los gobiernos regionales”, sostiene.
Así como hay una falta de claridad respecto a cuantos mineros han sido formalizados, tampoco se sabe si el gobierno continuará con el programa y que cambios le implementará: los pequeños mineros y mineros informales que se inscribieron en el 2014 —año en que se abrió el Registro de Saneamiento de mineros informales— tenían hasta el 31 de diciembre del 2016 para pasar por todo el proceso. En noviembre el Ministerio de Energía y Minas anunció que antes de fin de año se otorgaría una extensión al plazo, el cual sería hasta el 2020.
En este contexto SEMANAeconómica entrevistó a Luis Egocheaga, exgerente general de Activos Mineros, la empresa estatal que diseñó el programa de formalización y que ahora lo supervisa. Egocheaga detalló los numerosos problemas que surgieron durante el proceso de formalización: desde la falta de interés entre los mineros informales por vender su oro a través de un canal legal, hasta los cuellos de botella en el proceso mismo, como la falta de capacidad de los gobiernos regionales de procesar los instrumentos ambientales requeridos de los mineros.
-¿Cuál fue el rol de Activos Mineros en el programa de formalización minera implementado desde el 2012?
[El gobierno] nos encargó diseñar un programa que incentive la formalización entre los productores de oro pequeños y artesanales. Nos decidimos por un mecanismo que les permita acceder a mejores precios que los ofrecidos por el mercado informal e ilegal, para así canalizar su producción y saber de dónde proviene el oro. Luego de un concurso público se escogió a las empresas comercializadoras que ofrecían el menor descuento sobre el precio internacional del oro. Estas empresas le compran oro a los productores en proceso de formalización, y le dan un precio mayor a cualquier otro canal informal en su zona.
-¿Cuál fue la respuesta de los productores?
De alrededor de 350,000 mineros pequeños y artesanales, 70,000 firmaron un compromiso de formalización y, de esos, 40,000 se inscribieron en el Registro de Saneamiento. No hubo una adhesión masiva porque había una fuerte red de acopio informal entre los mismos productores. Existe un grupo de 1,000 a 1,200 productores que acopian la producción de otros y ofrecen desde gramos hasta kilos de oro en algunos casos.
-¿Por qué cree que no fue atractiva la propuesta?
Cualquier transacción mayor que S/.3,500 tiene que ser a través de bancos. El gramo de oro se cotiza a alrededor de S/.100, y la mayoría de productores procesan más de S/.3,500. Preferían dárselo a estos acopiadores que les pagaban menos, pero se ahorraban el costo bancario y el riesgo de transporte. El volumen de oro que se ha logrado movilizar a través de los canales formales es una pequeña parte de lo que se moviliza [en total].
-¿Qué otros obstáculos se presentaron?
El siguiente paso [luego de inscribirse en el Registro de Saneamiento y firmar un compromiso de formalización] es un programa de adecuación ambiental. Fue otro rollo enorme porque era caro en comparación con la actividad que tenía cada uno de los productores. Se financió parte de la elaboración de los instrumentos de gestión ambiental correctiva [el documento necesario para la adecuación ambiental] y muchos se presentaron, pero un mínimo ha sido evaluado y aprobado por las Direcciones Regionales de Minería de los gobiernos regionales, las entidades a cargo del proceso. Solamente había entre tres a cinco ingenieros a cargo de revisar los instrumentos de gestión ambiental correctiva que tenían que implementar los productores para formalizarse. A la etapa final del proceso sólo habrán llegado máximo cinco productores.
-¿Cree que se debería mantener el programa de formalización?
Sí, pero hay que mejorarlo. Se podría aplicar una fase intermedia: establecer plantas de procesamiento de oro. Estas procesarían el mineral que se obtiene en forma mezclada con la tierra, que es de una ley [concentración del metal] muy pobre. Este [mineral] suele ser descartado porque no se puede recuperar. Las plantas de procesamiento podrían purificar [el mineral] y canalizarlo para la exportación a través de empresas comercializadoras. Tendrían que ofrecer algún incentivo económico, pero es algo que todavía se está conceptualizando.
-¿Piensa que se debería implementar un Banco Minero [propuesta hecha por el gobierno]?
No estaría de acuerdo. Tendrían que entrar Cofide y el Banco de la Nación, y establecer agencias de banco para comprar el oro, y esa idea ya se desestimó cuando se diseñó el programa.
