Lagos y charcos en los que el agua se mezcla con el mercurio, irrumpen en un desierto de 45.000 hectáreas fabricado por el hombre. Es el Bajo Cauca antioqueño, región en la que se evidencian las huellas indelebles que la explotación, la mayoría ilegal, de oro ha dejado en la tierra.
Ríos casi desaparecidos a la fuerza. Peces envenenados y bosques destrozados; riesgo y criminalidad hacen parte de un negocio que sigue siendo lucrativo e incontrolable para las autoridades.
El reporte oficial es contundente. Tan solo un estimado del 20 % del territorio está en proceso de legalización. Sin embargo, 45.000 personas trabajan en esas explotaciones y buscan oro, un mineral que hasta ayer cotizaba a 1.200 dólares la onza y se pagaba, en Caucasia, a 107.000 pesos el gramo.
Pero esa práctica de extracción no es, para Gloria Catalina Gheorghe, directora de Salvamento Minero de la Agencia Nacional de Minería, la mejor utilizada para no afectar el medio ambiente. Cree que el uso irracional de los recursos del agua, la destrucción que se hace a las tierras y el no pago de regalías, son caldo de cultivo en la actividad.
“Dentro de la minería ilegal, también se tiene que es una actividad irresponsable desde el punto de vista de obligaciones en temas de seguridad minera. Los explotadores no tienen consideración por la vida humana. La mayor parte de los accidentes graves han sido en minería ilegal y como nadie los controla, no les importa”, añade Gheorghe.
Al hablar de controles, la funcionaria se refiere a los que debe hacer cada alcaldía, pues lamenta que la autoridad minera no tenga injerencia: “La minería ilegal no es nuestro objeto de control ni en Antioquia, ni en ningún departamento. Como administradores del subsuelo nos ocupamos de suscribir contratos y hacerles seguimientos al cumplimiento de estos”.
Las cifras muestran la magnitud de un negocio del que, investigadores dicen, hace parte el 40 % de la población. No obstante, cinco empresas tienen título minero y 67 unidades (minas) están en un proceso de legalización.
Del daño ambiental también son responsables muchos mineros formalizados, pero quienes ejercen la actividad de manera ilegal degradan el medio ambiente sin control alguno.
Así lo considera Jorge Giraldo, decano de la Escuela de Humanidad de Eafit e investigador sobre minería. Explica que el 100 por ciento de la minería informal es de aluvión y realiza la explotación informal en las orillas de los ríos.
“Al fin de cuentas toda minería es dañina, pues destroza los cauces y los ríos, se envenena con cianuro y mercurio”, relata.
Ante las voces que señalan a los mineros informales de ser los responsables del desastre ambiental, Rubén Darío Gómez, secretario general de Conalminercol, responde con una enfática negación: “nos achacan daños que se realizaron en el pasado. Se destrozaron miles y miles de hectáreas sin realizar procesos de recuperación. Nosotros sí hemos buscado hacer esa recuperación, pero nos dicen que nosotros somos grandes depredadores pero lo invito a que recorra las 9.000 hectáreas del Cerrejón en La Guajira, para que vea el impacto ambiental”.
Coinciden expertos que el posconflicto plantea una nueva oportunidad para preservar las zonas de explotación minera en el país. Pero una actividad minera responsable con el ambiente solo será posible con medidas claras por parte de las autoridades.
