Casanello pidió el allanamiento a la División Delitos Ambientales de la Policía Federal a partir de una presentación de Diego Seguí y Enrique Viale, los abogados de la Asamblea "Jáchal No se Toca", quenuclea a los pobladores afectados por el derrame de un millón de litros de cianuro de setiembre de 2015.

Los abogados presentaron la semana pasada el borrador de un decreto de reglamentación que el presidente Mauricio Macri estaría a punto de firmar y y un Power Point con detalles del proyecto que echarían por tierra con gran parte de los límites que fija la Ley de Glaciares, 26.639, sancionada en 2010,

Con esa información, el magistrado requirió la presentación de personal policial en las oficinas del ministerio de Medio Ambiente que conduceSergio Bergman (San Martín 451 de Capital Federal) y en el Ministerio de Energía y Minería que orienta Juan José Aranguen (en Av. Paseo Colón 171) para que pongan a disposición "en forma inmediata" cualquier documento que guarde relación con la información que presentaron los querellantes.

"Ante el eventual caso de que los Ministros y/o funcionarios públicos que correspondan a dichos Ministerios no cumplieran la comanda judicial, la división Delitos Ambientales quedará automáticamente autorizada a PROCEDER AL ALLANAMIENTO EN EL DÍA DE LA FECHA Y CON HABILITACIÓN DE DÍA Y HORA de los Ministerios", escribió Casanello.

Los allanamientos se cumplieron hoy en horas de la tarde.

Viale y Seguí presentaron un escrito en el que acompañaron copia de lo que -según manifestaron- sería un proyecto de decreto reglamentario de la ley 26.639 –o “ley de glaciares”- y un documento en power pointilustrativo. "Habrían sido elaborados por técnicos de los ministerios de Bergman y Aranguren con el objetivo de "alterar el espíritu de la ley 26.639 al adoptar un criterio mucho más laxo en cuanto a la protección de glaciares y ambiente periglacial y a la forma de inventariarlos por parte del IANIGLA (el organismo encargado de inventariar los Glaciares)". 

La causa judicial en la que Casanello interviene se inició después de los derrames de cianuro de Barrick en la mina Veladero de San Juan, en los días 12 y 13 de setiembre de 2015 y 8 de setiembre de 2016.

La querella reclamó desde el comienzo el cierre de la mina por haber incurrido en la violación de la Ley de Glaciares. Pero además apunta a los “diferentes incumplimientos y/u omisiones por parte de funcionarios nacionales los cuales estarían directamente relacionados con el funcionamiento del proyecto minero Veladero, y con los derrames producidos. 

Según Viale y Seguí, si la autoridad de aplicación de la ley 26.639 (Ministerio de Ambiente y ex Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable) y el organismo encargado del inventario y monitoreo del estado de glaciares y ambiente periglacial (IANIGLA) hubieran cumplido con las obligaciones dispuestas en la mencionada ley, los derrames no habrían sucedido. 

Los allanamientos en los ministerios de Begman y Aranguren se concretaron esta tarde, según confirmaron a BigBang desde el juzgado de Casanello.

En un operativo similar en el ministerio de Ambiente y el Ianigla, la Justicia encontró un documento oficial que demostraba que el gobierno nacional tenía previsto autorizar 40 proyectos mineros en zonas prohibidas. 

La decisión de Casanello de hoy puede anticipar nuevos movimientos que traigan dolores de cabeza a funcionarios del kirchnerismo (¿y también del macrismo?) en la causa caratulada “Ianigla y otros” según violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y averiguación de delito.

Los más comprometidos son los dos últimos secretarios de Medio Ambiente de Cristina Kirchner (Sergio Lorusso y Juan José Mussi), y el sanjuanino ex secretarío de Energía Jorge Mayoral.

Pero también puede complicar a las autoridades del Ianigla con su coordinador Gustavo Costas y al propio ministro Bergman, si se comprueba que trabajó en un proyecto para licuar los límites de la Ley de Glaciares, incluso después de producidos los derrames de milones de litros de cianuro.