La Cámara de Diputados convirtió en ley la reforma del Impuesto a las Ganancias con 167 votos positivos, 4 negativos y 3 abstenciones. La norma ya tenía media sanción en el Senado, por lo que entrará en vigor en enero de 2017.
Los que votaron en contra fueron Juan Carlos Giordano, de la Izquierda Socialista, y los diputados del FIT Pablo López, Néstor Pitrola y Soledad Sosa. Se abstuvieron Berta Arenas y Luis Lusquiños del Compromiso Federal y Alcira Argumedo de Proyecto Sur.
La sesión comenzó convulsionada por una sucesión de discursos de diputados del Frente para la Victoria que rechazaron la agresión a la legisladora Mayra Mendoza en Jujuy. Sumado a esto, el jefe del bloque, Héctor Recalde, pidió alterar el orden de exposiciones y comenzar con su dictamen, el de minoría, pero la votación resultó negativa por 141 votos contra 51 y 12 abstenciones. Ante esto, se retiraron del recinto.
Sergio Massa, uno de los diputados que llevaron adelante la negociación con el Gobierno, aseguró que "si nosotros no nos poníamos firmes, este tema no se discutía este año". Y agregó: "Es un buen paso pero no alcanza solo con esto. Necesitamos dar más pasos para que la Argentina avance".
El líder del Frente Renovador sostuvo que el país "necesita un acuerdo económico y social" y pidió "sensibilidad para entender a la clase media, que es la que va hacer crecer a la Argentina"
Por su parte, Silvia Lospennato, también del PRO, hizo referencia al largo debate fuera del recinto que tuvo esta iniciativa y resaltó: "Somos más los que queremos ver a una Argentina integrada a la región, abierta al mundo, competitiva y confiable; y también los que queremos un país federal, en serio, no solamente en la declamación".
"Este proyecto da un paso enorme para resolver esta inequidad, para hacernos caso de las promesas de campaña. Siempre pensamos con responsabilidad y sin demagogia, que un país debe avanzar todos los días", sentenció.
Héctor Daer, secretario general de la CGT y diputado nacional por el Frente Renovador, recordó que desde agosto se reclamaba esta ley e insistió en que "ningún trabajador involucrado en convenios colectivos de trabajo debe estar alcanzado por este tributo".
El jefe del bloque Justicialista, Oscar Romero, también de la rama sindical, apuntó que el Ejecutivo "no estaba dispuesto a tratar Ganancias este año" e hizo hincapié en la reacción del Gobierno contra quienes votaron la primera ley impulsada por la oposición: "Gracias a Dios, a la política, se pudo llegar a este acuerdo, que no es el que nosotros queríamos".
El proyecto de reforma de Ganancias
Consensuado por el Gobierno con la CGT, los gobernadores y la oposición, el texto establece que el mínimo no imponible llegará a $37 mil brutos para trabajadores casados con dos hijos y a $27.941 para los solteros. También se modificarán las alícuotas para los trabajadores que ingresan por primera vez a Ganancias: será de 5% (hoy es de 9%).
Además, se mantiene la deducción por cónyuge y se incluye una nueva por el pago de los alquileres de vivienda familiar, mientras que el plus que reciben los trabajadores por feriados y días no laborables quedará exento, y las horas extras realizadas un día habitual pagarán Ganancias pero no alterarán la escala en la que está alcanzado el trabajador.
En el caso del aguinaldo, según explicó Mario Quintana, se incluirá en el proyecto una forma de liquidar el impuesto de manera tal que el trabajador sufra la misma percepción todos los meses. Esto provocará que no haya un impacto desmedido en las dos cuotas anuales.
El Parlamentario
El Senado cerró este miércoles el primer capítulo del debate por la reforma del impuesto a las Ganancias, que fue aprobada con 56 votos a favor y apenas dos en contra, y fue girada a la Cámara de Diputados, donde se espera una sanción veloz este jueves.
El oficialismo consiguió avanzar con la iniciativa tras destrabar las negociaciones con la CGT, que dieron lugar al acuerdo con gobernadores y luego, con la oposición parlamentaria, que en la Cámara de Diputados le había propinado una fuerte derrota al Gobierno hace dos semanas.
El debate duró casi cuatro horas y hubo nada menos que 11 abstenciones, de los kirchneristas Marcelo Fuentes, Nancy González, Anabel Fernández Sagasti, María de los Àngeles Sacnun, Virginia García, Liliana Fellner, Ana Almirón, Hilda Aguirre, María Inés PIlatti Vergara y María Ester Labado.
También se abstuvieron los peronistas de San Luis Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre, mientras que el senador puntano restante, Daniel Pérsico, votó en contra, junto al sanjuanino Ruperto Godoy.
La iniciativa que vio la luz quedó a medio camino entre aquel proyecto elaborado por el FpV-PJ y el Frente Renovador y la iniciativa original del Poder Ejecutivo, con un costo fiscal final estimado en casi 34 mil millones de pesos -7 mil millones más a lo dispuesto en el Presupuesto 2017-.
Dado que los gobernadores habían encendido luces de alarma por los efectos de la reforma en las finanzas provinciales, el Gobierno nacional aceptó incluir una cláusula de “garantía” de recursos vía una mayor distribución automática de los ATN.
Con la reforma, el impuesto a las Ganancias pasará a llamarse “a los Altos Ingresos” y tendrá nuevas escalas, alícuotas y deducciones, con un diferencial para los trabajadores patagónicos y un método de actualización automática que evitará caer en la voluntad del poder de turno.
Así, se eleva el mínimo no imponible a 37.000 pesos brutos para casados con dos hijos –hoy el piso es de 30.000-, y a 27.941 pesos brutos para solteros –que hoy tributan desde los 22.000-. Como resultado, pagarán Ganancias casi 400.000 trabajadores menos.
La oposición no sólo consiguió subir considerablemente el MNI respecto a la intención original del Gobierno, sino que también logró que tributen sólo las jubilaciones de privilegio, es decir, aquellas que superan seis veces el haber mínimo (esto es, 33.500 pesos mensuales aproximadamente).
Como miembro informante, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Juan Manuel Abal Medina (PJ-FpV) destacó el consenso alcanzado y admitió que durante el kirchnerismo “no” se modificaron las escalas en el impuesto, al tiempo que reprochó al presidente Mauricio Macri no haber cumplido su promesa de campaña de eliminar el tributo.
Por su parte, el radical Julio Cobos consideró que “hemos sabido encontrar una fuerte salida” y resaltó la “apertura” del Gobierno nacional, que convocó a distintos sectores para dialogar después de la presión ejercida por gobernadores y el bloque conducido por Miguel Pichetto.
El radical opinó además que “el sistema tributario argentino debe ser reformulado” para que “sea simple y fácil de controlar”.
A su turno, Guillermo Pereyra (MPN) enfatizó que “desde 2001” el mínimo no imponible solamente “sufrió ocho modificaciones” y “todas se hicieron por decreto”. Sobre la iniciativa, señaló: “No nos deja totalmente conformes pero se ha dado un paso importantísimo”. El senador además valoró el “diálogo” para discutir el tema.
En contra de la propuesta, el sanjuanino Godoy consideró que el Senado “debería haber respetado la sanción de Diputados”. Sostuvo que “en nombre de la gobernabilidad” se ha llegado a este acuerdo, pero que “esta gobernabilidad es la que ha generado endeudamiento, presión a los gobernadores, pobreza”.
Por el GEN, el senador Jaime Linares enfatizó en la “necesidad de una reforma tributaria profunda” que “brinde el financiamiento equilibrado del nuevo Estado que hay que reconstruir y que hoy todavía no están las pautas generales”. Se manifestó a favor del proyecto, aunque advirtió que “es un parche más en el sistema del impuesto a las Ganancias”.
“Celebro este acuerdo no por los que lo acordaron, sino por los que van a cobrar unos pesos más y no van a quedar esperando a la promesa insegura de que se trate acá una reforma tributaria”, expresó por su parte Fernando “Pino” Solanas, quien votó a favor de un proyecto por primera vez en mucho tiempo.
El senador de Proyecto Sur cuestionó que “es mentira que no hay recursos” y se preguntó, molesto, “por qué diablos la dirigencia argentina no se planta frente un sector que hace contrabando agravado: la minería”.
Con elogios a la iniciativa, Dalmacio Mera (PJ-FpV) reconoció estar “muy satisfecho”. Apuntó que en el proyecto que había sido aprobado por la Cámara baja “nadie nos sabía decir quien lo iba a pagar, pero sí en esta Casa sabíamos que nuestras provincias iban a terminar asumiendo una buena parte de ese costo fiscal”. Y consideró que, por el contrario, esta iniciativa “no va a jugar con la expectativa de la gente”.
Adelantando su abstención, la kirchnerista Labado negó que el acuerdo sea “el mejor” para los trabajadores y puso reparos en la suba del mínimo no imponible, al alertar que “cuando tratemos paritarias todos los que hoy están siendo exentos van a volver a pagar”.
El santafesino Omar Perotti celebró el proyecto, pero aclaró que en el contexto de un país con un “32 por ciento” de personas bajo la línea de pobreza y con “un tercio de trabajadores que están en la informalidad, no lo pondría en el título de los grandes acuerdos”, ya que “los grandes acuerdos son los que nos faltan”.
La senadora Magdalena Odarda (CC-ARI) remarcó que “si bien (el proyecto) no es el deseable ni el mejor, en definitiva va a traer más derechos a los trabajadores”. La rionegrina aseguró que “es una mala noticia y una mala señal” que no se grave a la minería y a la renta financiera. Además, pidió por una “distribución de los ingresos más equitativa en nuestro país”.
En defensa de la media sanción que se había logrado en la Cámara de Diputados, la kirchnerista González manifestó que su aplicación hubiera sido posible porque “si se cobrarían los impuestos que hay que cobrar, el déficit para nuestras provincias no hubiera sido tal”.
En tanto, la radical Silvia Elías de Pérez remarcó que “se está cumpliendo con una deuda que tiene muchos años y no se la puede saldar en doce meses”.
Por el PJ La Pampa, Norma Durango coincidió en que el proyecto “es notablemente superador respecto al mezquino proyecto del Ejecutivo”, y agregó que “pondrá una dosis de racionalidad a una situación de injusticia”.
Pichetto, quien jugó un rol protagónico en las negociaciones, sostuvo que “Diputados planteó un debate que estaba en el seno de la sociedad” y que además atravesó las campañas de los candidatos en las últimas elecciones.
El rionegrino se quejó de que “el proyecto del PEN era muy malo, muy pobre”, sumado a que “el ultimo año vivimos un proceso inflacionario muy fuerte”, por lo que ponderó el arreglo conseguido en el Senado y sobre todo “el rol de la CGT, que tuvo prudencia durante todo el año”. “Esta es la ley posible, e implica una efectiva mejora para los trabajadores”, concluyó Pichetto.
Funcionarios definieron con legisladores la letra chica del proyecto de Ganancias
En un encuentro a puertas cerradas, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, definieron con legisladores de todos los bloques la letra chica del proyecto de reforma del impuesto a las Ganancias, ya acordado con la CGT y los gobernadores.
Los senadores dieron el visto bueno para tratar la iniciativa en la sesión de este miércoles, previo dictamen de la Comisión de Presupuesto, para que sea convertida en ley en Diputados el jueves, por amplia mayoría.
La futura norma tendrá un costo fiscal de 34 mil millones de pesos netos, es decir, 7 mil millones más que lo previsto en el Presupuesto 2017, aunque los mayores costos los asumirá la Nación a través de ATN (Aportes del Tesoro Nacional), para compensar la pérdida en las provincias.
Asimismo, se confirmó que se gravará el juego (máquinas tragamonedas y apuestas); además, habrá un impuesto del 15% al dólar futuro especulativo por única vez, pero no se gravará la renta financiera ni la actividad minera.
Otra novedad que introduce el proyecto, y que la oposición había planteado en el texto aprobado en Diputados, es que pagarán Ganancias los jueces designados a partir de 2017. “No es importante en términos de recaudación, pero sí en el mensaje que estamos dando”, indicó el diputado Fernando Sánchez (Coalición Cívica).
El nuevo mínimo no imponible será fijado en 37.000 pesos brutos para casados con dos hijos, y en 27.941 pesos brutos para solteros; además, el proyecto acordado modifica las escalas e incorpora deducciones por horas extra en días no laborables y por zona patagónica.
Respecto de las denominadas "cargas de familia", se corrige la edad de los hijos que permitirán deducciones. Originalmente el Gobierno había reducido la edad a menos de 18 años, y ahora quedará en 24 años.
En el Frente Renovador había conformidad en términos generales, pero cierto sabor agridulce en las nuevas escalas: el economista Marco Lavagna explicó que “la curva quedó más empinada”, de modo que se llegará más rápido a la alícuota máxima, del 35% -la mínima es del 5%-.
El Senado deberá habilitar el tratamiento del proyecto con dos tercios de los votos, dado que el dictamen no contará con los siete días reglamentarios de vigencia.
El nuevo proyecto para modificar el impuesto a las Ganancias que llegó al Senado obtuvo dictamen para ser tratado este miércoles en la Cámara Alta, y -en sus 20 páginas- hay novedades que no habían sido anunciadas en las conferencias de prensa. Tampoco en las reuniones con el sindicalismo y los gobernadores. Más allá de querer rebautizar el impuesto a las Ganancias por "Ingresos del Trabajo Personal en Relación de Dependencia y otras rentas", el proyecto opositor unificado -entre otros puntos clave- insiste en que los jueces comiencen a pagar el gravamen, pero agrega también a funcionarios y empleados del Poder Judicial, que antes no estaban contemplados.
Será para los que sean nombrados, ingresen o empiecen a trabajar a partir del 1 de enero de 2017, mientras que los anteriores seguirán sin pagar el impuesto. "En el caso de los Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la Nación y de las Provincias y del Ministerio Público de la Nación cuando su nombramiento hubiera ocurrido a partir del año 2017, inclusive", dice el texto oficial.El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, y la jueza del máximo tribunal Elena Highton de Nolasco , respaldaron la iniciativa. “En la Corte todos estamos a favor de que los jueces paguen ganancias”, dijo Lorenzetti.
“Lo que trabó el tema fue su complejidad, no la voluntad política de la institución. Y esa complejidad está dada por una cantidad de vínculos y adherencias que engloban a todo el país”, explicó el titular de la CSJ. Hace poco más de 20 años, a través de una acordada del 11 de abril de 1996, la Corte Suprema de Justicia señaló que no se podía aplicar la ley mediante la cual se derogaban las exenciones para jueces y funcionarios judiciales. Al respecto, la CSJ dijo: “La intangibilidad de las compensaciones de los jueces no constituye un privilegio sino una garantía, establecida por la Constitución Nacional para asegurar la independencia del Poder Judicial”.
