Se tienen las fechas, las bases para la venta, pero no se tiene el precio. Esta es la situación de Doe Run Perú (DRP) sobre la subasta de sus activos: el Complejo Metalúrgico de La Oroya y la Unidad Minera Cobriza.
La Junta de Acreedores, en sesión realizada el pasado viernes 16 de diciembre, optó por postergar una vez más la decisión sobre el precio base con el que comenzará la primera subasta programada para el 10 de marzo.
Es así que el 3 de febrero recién se conocería el valor de los activos. Como se recuerda, para lograr consenso en este punto se debe lograr más del 50% de los votos dentro de la Junta de Acreedores. Los votos del Ministerio de Energía y Minas, Cormin y Coprim Ingenierías (MEM) y de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) lograrían este porcentaje. Sin embargo, este último no ha mostrado el apoyo necesario para lograr consenso.
Los trabajadores de DRP, ante tal situación, mostraron su malestar por la posición de la Sunat en este proceso.
Sostienen que la posición de dicha entidad podría convertirse en una traba para el ingreso de la inversión, poniendo en riesgo la reactivación del Complejo Metalúrgico. Según informaron, la falta de inversión ya hizo que la producción que genera la mina Cobriza baje de 8 mil Toneladas Métricas (TM) mensuales a 4.500 TM.
Es por ello que invocaron al consenso entre el MEM y la Sunat dentro de la Junta de Acreedores lo más pronto posible ya que, en un contexto donde otros países de Latinoamérica están captando capitales extranjeros, La Oroya podría perder interés para estos inversionistas.
Cabe mencionar que la firma Price Waterhouse Cooper (Pwc) ya realizó una tasación que fija el valor de ambos activos de Doe Run en US$ 211 millones (US$ 115 millones por el Complejo Metalúrgico y US$ 56 millones por la mina Cobriza). Por dicha tasación, se conoce que Pwc cobró US$ 38.000 a Doe Run.
Al respecto, el ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, señaló a La República que la falta de un acuerdo por el precio es parte de lo que aprecia normalmente en los procesos de inversión. "Normalmente en estos procesos hay una interacción en el mercado donde los postores e interesados formulan opiniones y sugerencias. Algunas de esas tienen consecuencias sobre el posible valor del precio base. Preguntas que puedan apuntar sobre inversiones adicionales, gastos adicionales o ahorros posibles que al final tienen que estar reflejados en una adecuada valorización", detalló el ministro.
En la sesión realizada este viernes 16 se logró aprobar las bases para la venta de los activos de DRP. Días antes de esta sesión, los trabajadores publicaron un comunicado donde también mostraron su preocupación por la posición que adoptaría Sunat para la aprobación de las bases y de las fechas de subasta.
"Nos preocupa que la posición de Sunat provoque la estampida de los inversionistas nacionales y extranjeros que hoy vienen realizando las investigaciones correspondientes en La Oroya y Cobriza", se lee en el comunicado.
Las subastas de DRP se realizarán el 10, 20 y 27 de marzo. Si la primera quedara desierta –es decir, sin postores presentes– se pasaría a la segunda fecha y, de suceder lo mismo, a la tercera fecha.
Con las bases aprobadas, los inversionistas interesados podrán comprarlas y realizar sus sugerencias y dudas sobre la venta. Será en este momento donde se conocerán los interesados en los activos de DRP. Según conoció este diario, inversionistas de capitales chinos llegaron a La Oroya con los ingenieros que fueron responsables de las construcciones en el circuito de Cobre del Complejo Metalúrgico.
US$ 211 millones es el valor de tasación que dio el estudio de Pwc a los activos de DRP.
+50% es el porcentaje de votos que se debe alcanzar para lograr el consenso en la Junta.
Los últimos días ha pasado desapercibido para la opinión pública, por la “saavedrización” de la agenda política, la actitud precipitada del gobierno de querer rematar la empresa Doe Run Perú SRL (DRP), titular de la operación del Complejo Metalúrgico de La Oroya y la Mina Cobriza, ubicados en la sierra central.
Genera una gran duda la valorización presentada que asciende a la suma de 211 millones de dólares, que representan aproximadamente el 30% del valor esperado en el mercado, teniendo en cuenta dos hechos: que no se está exigiendo al nuevo propietario los compromisos de remediación de los impactos ambientales existentes y que todo indica que se piensa desde el Ejecutivo hacer una flexibilización de los estándares de calidad ambiental (ECA) y de los límites máximos permisibles (LMP) de emisiones, que hoy se exigen en el sector minero-metalúrgico.
Si se lograse el objetivo del gobierno, expresado en la Junta de Acreedores (JA) por la representación del Ministerio de Energía y Minas, lo recaudado será una cifra magra para los trabajadores que son acreedores; para el ente tributario, Sunat y para el estado que tendría que aportar de la caja fiscal para efectuar las remediaciones, cuya cuantificación y reconocimiento como acreencia, le permite presidir la JA.
Pero no solo esto, sino que el gobierno en una visión miope, que es lo que benignamente quisiera creer, se olvida que no solo existe el proceso concursal que les está permitiendo vender, sino que hay dos procesos arbitrales en el Centro Internacional de Arbitraje de Inversiones (Ciadi) que se están llevando en París y uno en la Corte de St.Louis en el estado de Missouri, donde hay pretensiones muy superiores a lo que se piensa obtener con la venta, por parte de los demandantes, que van a revertir al final en el estado peruano.
En estas circunstancias el posible comprador tiene que ser alguna corporación que tenga la seguridad que el estado remediará impactos ambientales, que se relajarán los ECA y LMP y que ya tenga operaciones en Perú que extraigan concentrados que mejoren su valor en el mercado mezclándolos con la producción de Cobriza y por añadidura requieran de fundición y refinación. De allí mi legítima duda ¿a quién beneficia el remate de DRP?
