MARTÍN BIDEGARAY
Aunque los aumentos serán menores que los de este año, habrá incrementos en las boletas de luz, gas y agua durante 2017. Las tarifas de esos tres servicios públicos están en revisión. Todo indica que primero vendrá la recomposición en la energía eléctrica (se anunciará en enero, se aplicará en febrero), luego será la del gas (con vigencia desde abril, aunque los pasos técnicos estarán listos para fin de diciembre) y agua también llegará para el segundo trimestre,
De todas las subas, energía eléctrica es la que cumplió con todos los requerimientos públicos. Ya hubo audiencias de las distribuidoras de Buenos Aires (Edesur y Edenor), del interior y costo de generación eléctrica. El Estado, que venía subsidiando el 70% del costo de la luz, pasará a subvencionar el 53% de ese valor. En consecuencia, habrá aumentos del 22% al 70% en Buenos Aires y el conurbano, donde la distorsión tarifaria es la mayor del país.
El secretario de Energía, Alejandro Sruoga, promedió las subas en un 36%, pero se refirió a una categoría que comprende al 40% de los usuarios, cuyas boletas escalarán de $ 360 a $ 490 en el conurbano. En segmentos de menor consumo, el aumento puede ser inferior (22%) o muy superior (70%, porque se calcula sobre una factura muy baja, de $ 57 mensuales), dependiendo de los kilovatios que consumieron este año.
Un cuarto de los usuarios del área metropolitana de Buenos Aires consume entre 300 y 600 kilovatios mensuales. Especialistas consultados estiman que esas facturas subirán entre 44% y 60% ($ 190 por mes, sobre una factura promedio de $ 315). Los hogares de mayor consumo abonarán $ 430 más mensuales que en 2016, lo que podría llegar a ser un 55% de remarcación.
En el presupuesto 2017, se indica que el ministerio de Energía bajará los subsidios de $ 187.165 millones a $ 153.625 millones. Es un 19% menos. Si a eso se le agrega una inflación prevista del 18% para la próxima temporada, la caída real de las subvenciones estatales supera el 35% y ese podría ser el aumento promedio de luz y gas.
Frente al fuerte retraso tarifario que venía del kirchnerismo, el Gobierno impulsó un incremento de emergencia de 380% en el promedio del Gran Buenos Aires en electricidad. Esa situación fue excepcional.
En gas, el aumento aplicado fue del 200%, pero ocurrió en octubre. Durante los meses de invierno, los importes de las boletas fueron los de 2015, porque hubo una decisión de la Corte Suprema de Justicia que obligó a refacturar los consumos. Fue porque el máximo tribunal se opuso a una corrección que llegaba al 400%.
Para 2017, MetroGas dijo haber pedido un 27% de recomposición promedio y Gas Ban, un 32%. Pero lo que solicitaron es bastante mayor.
En la propuesta de Gas BAN, los clientes que están bajo las categorías R1 y R2 pagarán entre 62% y 110% más que antes. Son el 40% de su padrón. Reciben facturas actuales de entre $ 100 y $ 300.
Aunque todos los aumentos pedidos por las empresas tienen que ser aprobados por el Enargas, Metrogas solicitó un cargo fijo de $ 253 bimestral, lo que quintiplica los menos de $ 50 bimestrales que hoy pagan el 60% de sus clientes por ese concepto. Con el esquema actual, el acumulado de sus facturas anuales orilla los $ 1.200 anuales. Con el nuevo esquema, tendrán que calcular $ 2082. Es un 71% de incremento.
Un hogar de consumos medios-bajos (se lo llama R2-3) demanda 100 metros cúbicos de gas en un mes de invierno, y disminuye su consumo en verano. Con el esquema tarifario actual, la suma de sus boletas es de $ 3.264 al año, con impuestos. Con el nuevo "cargo fijo", el gasto para ese usuario llegaría a $ 4.896. Es un 50% más que antes.
El 70% del padrón de MetroGas está dentro de las categorías R1 y R2 (ahora se fusionarán en una nueva, que será solo R1), que son las de mayores aumentos.
En agua, Aysa recompuso sus tarifas en un 400% y luego corrigió a 295%. Eso implica que, para llegar a completar el aumento que quedó inconcluso el año pasado, durante 2017 tiene que aumentar, al menos, un 25%.
El funcionamiento de la empresa de agua costó más de $ 13.000 millones en 2016. El Gobierno subsidiaba en $ 10.000 millones antes del incremento. En 2016. logró bajar esa erogación a $ 7.000 millones. Pero la compañía sigue siendo deficitaria.
La conducción actual de agua tenía un plan para una reducción más agresiva de las subvenciones. A diferencia de luz y gas, que depende del ministerio de Energía, Aysa está baja la órbita del ministerio del Interior y Obras Públicas.
Para el próximo aumento, la Subsecretaría de Recursos Hídricos tiene que ordenar el mecanismo de incrementos. Puede ser a través de una audiencia pública o una consulta a la comisión de entidades de usuarios inscriptas en el ERAS, que es el ente regulador.
El gobierno comenzará 2017 con un ajuste fiscal que busca reducir el déficit —actualmente en 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB)— en un punto del PIB para 2019, a eso sumará un ajuste de tarifas públicas (electricidad, telefonía, combustibles y agua) de entre 7,5% y 8,2% que le servirá para no deteriorar las cuentas del lado de las empresas estatales.
En la triada económica, con una actividad que parece recuperar algo de dinamismo —creció 1,1% desestacionalizada en el tercer trimestre, la mayor expansión en dos años y tres meses—y una inflación que se moderó (a 8,1% en los 12 meses a octubre después de llegar a 11% en mayo—, el enfoque del gobierno es mejorar la situación fiscal.
¿Tenía otra opción el gobierno para que no se le sumara el ajuste de impuestos y gastos al tarifario? ¿Podía hacer un ajuste fiscal diferente? Para ambas, la respuesta es sí. La suba de tarifas, ¿puede calificarse de tarifazo? No.
"No hay tarifazo... hay inflación. Suba de (tarifas en) enero mantiene ingresos reales de las empresas públicas", señaló en su cuenta de Twitter el socio de Deloitte, Pablo Rosselli.
Esto es, las tarifas aumentarán en línea con la suba general de precios del consumo. El gobierno podría haber optado por subir menos las tarifas —empresas como UTE o Antel tienen "espalda financiera" para hacerlo—, pero eso arriesgaría la "pata" que hoy luce más frágil de la triada económica: las cuentas del Estado.
Para el economista Ignacio Munyo, "el tarifazo es necesario para financiar un gasto público que creció 80% en términos reales desde 2006, cuando el PIB creció menos del 60%".
El caso más cuestionable es el de Ancap, que tuvo un año entero con el petróleo por debajo de la referencia sin trasladar esa baja al precio del combustible. De hecho, al compararlo con la paridad de importación (lo que saldría el combustible puesto en surtidor si se importara directamente) el ahorro para el consumidor habría sido de US$ 275 millones en ocho meses del año.
En cuanto al ajuste fiscal que comenzará a regir el 1° de enero, está compuesto por dos partes: suba de impuestos y reducción de gastos. Los impuestos que suben son el IRPF (rentas del trabajo y del capital), IASS e IRAE. En el caso del IRPF, la suba no corre para aquellos que pagan menos. Además habrá dos puntos de baja de IVA para compras con medios de pago electrónicos (lo que reducirá la recaudación). Ese combo, el gobierno espera que le rinda unos US$ 335 millones netos en mayor recaudación. Por otro lado, la reducción de gastos, le supone unos US$ 125 millones.
El gobierno tenía otros "mix" para el ajuste fiscal. Una posibilidad era cargar más la reducción de gastos y menos la suba de impuestos, así el mayor peso de la corrección fiscal habría caído sobre el sector público y no sobre el privado.
Sin embargo, en el gobierno reconocen que eso no hubiera pasado la interna legislativa del Frente Amplio.
Pero, esto supone un riesgo de complicar la recuperación de la economía. Un artículo del Centro para la Investigación en Política Económica (CEPR por su siglas en inglés) en Londres, señala que "la composición de los ajustes fiscales es mucho más importante que el estado del ciclo (económico) para determinar el efecto en la producción. Los ajustes fiscales basados en recortes de gastos son mucho menos costosos en términos de pérdidas de producción a corto plazo, que los basados en aumentos de impuestos. Los ajustes basados en aumentos de impuestos están asociados con recesiones grandes y prolongadas, ya sea que el ajuste comience en una recesión o no".
La otra opción de ajuste fiscal, era una suba de tarifas durante 2016 que le aportara US$ 460 millones. Con eso no se le juntaría el ajuste con la suba de tarifas, aunque habría tenido dos aumentos en un semestre: un "tarifazo".
"Sin establecer pronósticos autocomplacientes, esta cifra (de crecimiento económico en el tercer trimestre) supera nuestras expectativas", dijo el ministro de Economía, Danilo Astori y remarcó: "hay que evitar la autocomplacencia". El mensaje es para la interna del Frente Amplio. Con una economía que crecerá más de lo previsto, el riesgo para Astori es que en el FA pidan aumentar el gasto en la Rendición de Cuentas 2017 y den por tierra con el ajuste fiscal.
