Ojalá pudiéramos aprender y recibirnos sin estudiar. Ojalá la energía fuera infinita y gratis, al menos abundante y barata. Y por supuesto no contaminante. Sin embargo, como reza la jerga petrolera, es imposible pretender un chancho gordo que pese poco.

Hemos vivido acostumbrados a ello. Y muchos se lo creyeron. Tarifas pesificadas y congeladas: es decir energía “pseudo abundante y barata”. En algunos casos por más de una década. No hubo magia. Mayores impuestos, más inflación; deterioro del servicio y reiterados cortes de suministro.

Nuestra región no estuvo exenta de ello y ha sufrido igualmente los atrasos en la actualización de los costos que necesita una tarifa para que cumpla sus objetivos de energía disponible y un servicio de calidad.

A esto se suman las desigualdades regionales en zonas geográficas muy cercanas en la porción de distribución de la tarifa. Ya sea por arrastre histórico, cuestiones de orden jurisdiccional como normativas y por situaciones políticas y partidarias.

En la ciudad de Neuquén las actualizaciones tarifarias las solicita CALF al gobierno municipal. Ello se debe a los incrementos de costos: suba de la energía comprada a Cammesa, aumento de salarios acordados con el Sindicato de Luz y Fuerza, subas inflacionarias sobre los costos operativos o necesidad de inversiones para mejora del servicio.

En el caso del EPEN, las actualizaciones de tarifas eléctricas las decide unilateralmente el gobierno provincial neuquino en función de cuestiones técnicas, económicas y sociopolíticas de cada momento. En estos casos las tarifas se han ajustado gradualmente dos o tres veces por año, lo que les ha permitido mantener un equilibro entre costos e ingresos, con continuidad de los planes de inversión que acompañan el desarrollo socioeconómico de la provincia.

En la provincia de Río Negro, la distribuidora Edersa reclama al EPRE (Organismo Regulador) por un congelamiento en el reconocimiento de sus costos operativos que data de cinco años. En ese lapso, los incrementos de los costos de equipos y materiales fueron de entre 260 y 400%.

Disparidades

Es así que en los últimos años se han profundizado las desigualdades tarifarias. Sólo a modo de ejemplo podemos mencionar que un residencial promedio en Neuquén paga 60% más que en Cipolletti, y un comercio de Centenario paga un 40% más que un negocio en Cinco Saltos. En ambos casos a escasos kilómetros uno de otro suministro.

Esa dispersión tarifaria genera desequilibrios en el desarrollo comercial, industrial y económico de dos provincias vecinas que conviven. Estos marcados desequilibrios no son recomendables donde para atender el crecimiento de los servicios y la industria es necesario y prioritario el desarrollo de costosas obras eléctricas que en muchos casos son inversiones conjuntas.

Por ello la necesidad que los precios sean justos y razonables. Que cubran la compra de energía, los costos de la operación, el pago de impuestos y las inversiones necesarias para mantener el servicio y sus ampliaciones más una rentabilidad relativamente baja, acorde a un servicio monopólico y de altas tasas de cobrabilidad.

La experiencia de principios de este año con los incrementos de los precios del gas natural a nivel nacional nos dejó un sabor amargo. Si bien existía una previa receptividad de la ciudadanía predispuesta a un incremento y actualización en las tarifas energéticas, en el entendimiento que era obvio y necesario, lamentablemente el proceso no fue claramente comunicado y una pretensión de saltear las correspondientes audiencias públicas generó en la opinión pública una reacción adversa.

Entendemos que es imprescindible la audiencia pública para que, tanto las organizaciones que prestan el servicio como los entes reguladores, rindan una especie de examen y demuestren claramente las necesidades de los incrementos pretendidos, sus cálculos y fundamentos. Es una excelente oportunidad para expresarse, sacarse dudas y aclarar los aspectos complejos de la estructura tarifaria.

Fijar los nuevos valores de los cuadros tarifarios bajo estos parámetros permitirá que los usuarios y clientes de las distribuidoras puedan conocer el valor de la misma, evitar derroches mediante un aprovechamiento mucho más cuidadoso y eficiente de la energía y a su vez puedan exigir un servicio de calidad acorde a las inversiones comprometidas e incluidas en la estructura de costos.

Si bien nos exigirá un mayor esfuerzo en el pago de los servicios, creo que los argentinos estamos aprendiendo en carne propia lo que dice el antiguo y popular refrán: “Lo barato, a la postre, sale caro”.