Son 43 bloques petroleros en Colombia los que aparecen clasificados como ‘yacimientos no convencionales de hidrocarburos’, es decir, que podrían ser destinados para fracturamiento hidráulico o fracking, como lo evidencia un mapa realizado por Fidel Mingorance, de acuerdo con los datos de la Autoridad Nacional de Hidrocarburos (ANH,)
Según el mapa, de esos bloques, hay licitados 7 para exploración, existe uno en reserva, y ninguno para explotación. Sin embargo, Camilo Prieto, vocero del Movimiento Ambientalista Colombiano aseguró en una entrevista a Contagio Radio, que realmente se trata de 22 bloques autorizados y seis contratos suscritos.
Estos bloques se encuentran ubicados en Cesar, San Martín; Tolima; Santander; Norte de Santander; y en Boyacá y Cundinamarca cerca al páramo de Chingaza. Allí, Ecopetrol, Exxon Mobil, Parex, Conocophillips y CNE-Oil, son las empresas que tienen concesiones sobre esos territorios.
¿QUÉ DICEN LAS INSTITUCIONES?
La Alianza Latinoamericana frente al Fracking (ALFF) señala que en 2016 se suscribieron ocho contratos que están en etapa exploratoria. El más avanzado es el de San Martín del Cesar que, además, es el primero en el que un contrato de explotación convencional se convierte en no convencional. Un trámite plagado de denuncias de irregularidades y sobre el que la Contraloría ya se ha pronunciado emitiendo dos incidencias disciplinarias contra la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) que se han remitido a la Procuraduría General de la Nación. Los bloques para yacimientos no convencionales están localizados en Cesar; en el Valle Medio del Río Magdalena, en los departamentos de Tolima, Santander, Norte de Santander; y en Boyacá y en Cundinamarca, cerca del páramo de Chingaza. El Magdalena Medio, donde los recursos hídricos son muy importantes, aglutina los proyectos más pesados. Hay que tener en cuenta que en el caso del fracking el proceso de exploración ya implica una acción directa e invasiva sobre el terreno.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y el Ministerios de Ambiente, han aseverado que solo existe un permiso de exploración denominado La Loma, en el Cesar. Sin embargo, también es cierto que Orlando Velandia, presidente de la ANH, ha señalado que Colombia necesita el fracking para salir de la dependencia de los yacimientos convencionales.
A su vez, Juan Carlos Echeverry, presidente de Ecopetrol ha dicho, “No podemos darnos el lujo de no hacer fracking”, incluso, en la Ronda Colombia 2014, se ofreció un total de 98 bloques para explotación de hidrocarburos, 19 fueron ofrecidos para hacer fracking de petróleo. A su vez, Echeverry ha argumentado que “el petróleo será el combustible para la paz”.
En este evento, el viceministro de Minas y Energía, Orlando Cabrales, afirmó que el “sector de hidrocarburos debe seguir apalancando el desarrollo del país”. El Plan nacional de Desarrollo 2014-2018 estableció facilidades a los inversionistas a través de los Proyectos de Interés Nacional y Estratégico, las licencias ambientales exprés, y las áreas estratégicas mineras, critica ALFF.
Por su parte, el Ministro de ambiente ha indicado que las aguas subterráneas aptas para el ser humano se encuentran entre los 300-500 metros, y los yacimientos no convencionales están entre los 1.500 y los 2.400 metros de profundidad, lo que pone en riesgo la contaminación de esos acuíferos durante el proceso del fracking. Pese a ello, desde ese gabinete se ha afirmado que “con un apropiado diseño y construcción de los pozos, verificación en su integridad y monitoreo permanente de la misma se previene la potencial contaminación de los acuíferos”.
Camilo Prieto, reconoce que la demanda interna de petróleo que tiene el país sobrepasa la producción petrolera actual, de hecho, actualmente apenas se cuenta con 7 años de reservas tanto de gas como de petróleo, pero también advierte que se debe pensar en los costos ambientales que generaría la práctica del fracking en un país donde el 75% de los recursos hídricos se encuentran en las fuentes subterráneas.
El fracturamiento hidráulico requiere de entre 9 y 26 millones de litros de agua por pozo y año, pero solo puede reutilizar un 15% de esa agua, explica Prieto. Aunque Colombia estudia la manera de reducir las tasas de material radioactivo en el agua que sale residual del fracking, no se ha logrado en ninguna parte del planeta disminuir esos índices hasta obtener los niveles aceptados por los entes de salud pública del mundo, para que se pueda demostrar que esa técnica se puede realizar de manera responsable.
Ell vocero del Movimiento Ambientalista explica que en el país no existen estudios de geotectónica amplios. Asimismo, indica que los análisis de hidrogeología son completamente limitados, lo que quiere decir, que no hay mapas geológicos certeros sobre la situación en la que se encuentra la zona donde se pensaría realizar el Fracking, y si llega a haber una fuente de agua subterránea donde se lleve a cabo esa actividad, sería muy posible que esta termine con residuos tóxicos y sustancias radioactivas que pueden ocasionar cáncer, o el gas metano puede generar que el agua se vuelva inflamable.
El Ministerio de Ambiente estima que en Colombia los yacimientos no convencionales están entre los 1.500 y los 2.400 metros de profundidad, mientras que los acuíferos aprovechables para consumo humano se encuentran entre los 300-500 metros, es decir, según las autoridades ambientales, “la estimulación hidráulica ocurre a más de 1.000 metros por debajo de los acuíferos”
. En este sentido insisten en que, “incluso si hubiera acuíferos aprovechables a mayores profundidades, la regulación establece unas distancias mínimas del fondo de los mismos a los cuales no se permite hacer estimulación [fracking]”. Reconoce el Ministerio que en Estados Unidos y Canadá se han detectado algunos casos de contaminación pero que siempre fue por fallas en la integridad de los pozos por lo que “con un apropiado diseño y construcción de los pozos, verificación en su integridad y monitoreo permanente de la misma se previene la potencial contaminación de los acuíferos”.
Colombia es el cuarto mayor productor de petróleo de América Latina con un horizonte de reservas de apenas seis años. Aun así, el Gobierno define este sector como uno de los pilares de su economía, y de ahí la necesidad de aumentar sus reservas. El camino trazado por el Ejecutivo son los yacimientos no convencionales, el fracking. El informe de la ALFF denuncia que el Ejecutivo colombiano “ha venido construyendo un escenario para facilitar” la exploración y explotación de estos recursos.
Y no solo incluyendolo en su Plan nacional de Desarrollo 2014-2018 sino adecuando su legislación. Una legislación que, no solo a juicio de la ALFF sino también para el Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez (CCALCP), es “laxa, confusa e irregular y está generando incertidumbre”. Camilo Prieto advierte que el desarrollo del fracking no se ha disparado hasta ahora porque su rentabilidad es muy baja, dado el alto coste por barril producido.
Un ejemplo que ponen desde el CCALPC es cómo en 2014 de la Agencia Nacional de Hidrocarburos flexibilizó los términos requeridos, es decir: cómo este tipo de proyectos demandan muchos recursos y tienen más costes, entonces seamos flexibles, “se mira el bolsillo, el interés particular sobre el general”.
Con este acuerdo lo que se permitió fue que las empresas que tenían contratos para yacimientos convencionales pudieran suscribir los no convencionales en términos más favorables. Es el caso de San Martín, donde la empresa ha querido actuar sobre el yacimiento no convencional con el permiso que ya tenía para el convencional, justo lo que la Contraloría está cuestionando ahora. El colectivo de juristas también advierte de que no hay una verdadera separación de funciones ni fiscalización de la actividad entre la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y la de Hidrocarburos. “No hay una autoridad ambiental que regule la situación de los yacimientos no convencionales en Colombia”.
“Desde 2008 se promueve una normativa que favorece regalías para crudos no convencionales bajo el argumento de que esa extracción es más costosa para la empresas, sí, pero también [es más costosa] ambiental y socialmente. Las únicas beneficiadas son las empresas extractivas”, apostilla Tatiana Roa, quien también critica el “secretismo” con el que se manejan todos los proyectos.
El Ministerio de Ambiente insiste en que la regulación expedida junto al de Minas “se articula entre sí y está formulada de manera que tanto desde el punto de vista técnico como ambiental y social complementan para la prevención y mitigación de los riesgos asociados a la actividad, en especial en materia de protección del agua subterránea”. Esa normativa se refiere, explican, a protección del agua subterránea, fuentes hídricas superficiales y protección del suelo y del aire.
Once senadores de cuatro partidos diferentes, en una carta de apoyo a los vecinos de San Martín, exigían al Gobierno la aplicación del principio de precaución -es la empresa la que debe garantizar y probar que no hay riesgos- y criticaban la “débil y laxa” regulación y “la insuficiente información” sobre la actividad en Colombia y sus afecciones a los acuíferos y riesgos sísmicos.
En este mismo sentido, la ALFF afirma que en Colombia el licenciamiento ambiental es “particularmente inestable y en constante debilitamiento”. Desde el año 1994 el marco regulatorio ha tenido por lo menos 21 modificaciones, tanto en sus procedimientos como en sus plazos y las reformas “se han caracterizado por ser parte de un proceso progresivo de flexibilización y debilitamiento de las obligaciones y estándares ambientales”.
Un ejemplo de la apuesta por los hidrocarburos es el anuncio de Ecopetrol del pasado 22 de noviembre. Su plan de negocios para el 2017 contempla inversiones por alrededor de 3.500 millones de dólares y duplica el presupuesto destinado este año para exploración y producción. En exploración se pasará de perforar 10 pozos en 2016 a 16 pozos en 2017, “con el objetivo de hallar más reservas de hidrocarburos”, indicó la firma en un comunicado. La perforación de convencionales se elevará de 150 en 2016 a más de 500 en 2017.
El informe de la Alianza cree que el gobierno colombiano adoptó decisiones de política pública y un marco normativo para los hidrocarburos no convencionales “sin contar con una línea de base consolidada sobre los potenciales impactos ambientales y sociales de estos”. Un aspecto en el que coinciden con el CCALCP. Ambos describen, y critican, cómo los insumos regulatorios partieron de los informes de expertos internacionales de empresas petroleras y visitas de campo a Canadá y Estados Unidos pero no se contó con una línea de base exhaustiva de las implicaciones en Colombia cuando su clima, biodiversidad, suelos, acuíferos, institucionalidad o hidrografía son muy diferentes de los países del norte.
Tanto el Gobierno como las petroleras insisten en que el país está preparado para aplicar el fracking de forma correcta, afirmación con la que no están de acuerdo las organizaciones ambientales que insisten en el riesgo para los acuíferos en un país donde el 75% de los recursos hídricos se encuentran en las fuentes subterráneas. Los movimientos ambientalistas y de ciudadanos inciden en las aguas subterráneas y los residuos residuos tóxicos y sustancias radioactivas que llegarían a ellas y que pueden ocasionar cáncer o el gas metano que puede generar que el agua se vuelva inflamable.
Todo ello ha motivado ya numerosas protestas en San Martín, Guasca, Barrancabermeja y Puerto Wilches y el Movimiento Ambientalista Colombiano tiene recogidas 11.873 firmas a través de change.org para exigir al Gobierno una moratoria para el fracking que permita la realización de estudios concluyentes en Colombia, certezas jurídicas y reglamentación, calcular los niveles de agua que se requieren para aplicar el fracking en el país y tener en cuenta los estudios mundiales sobre el fracking donde ha sido suspendido o prohibido. Este año, 8.000 personas se manifestaron contra el fracking en San Martín, protesta de la que surgió la Alianza Colombiana contra el Fracking, de la que también forman parte agrupaciones de trabajadores petroleros. De momento se pide una moratoria de esta técnica, aunque la idea final es su prohibición, según las estimaciones de Colombiaplural
