Aun cuando el 23 de enero es la fecha límite para el cierre financiero de la construcción del Gasoducto Sur Peruano (GSP), esa fecha podría no ser la final, pues ahora el todavía consorcio a cargo del proyecto no descarta una negociación para la ampliación de ese plazo, indicaron fuentes del sistema bancario a Gestión.
Para el 23 de enero está previsto el cierre financiero del proyecto, que permitiría al consorcio GSP obtener el financiamiento por US$ 4,125 millones.
La posibilidad de negociar una ampliación sería un plan B, en caso de que, en lo inmediato, no se concrete la venta del 50% de las acciones de Odebrecht en el proyecto del GSP y, por consiguiente, no se logre la firma de la adenda necesaria para
el cierre financiero.
“Hay una fecha en el contrato para el cierre financiero. La meta es concluirlo en los plazos contractuales, pero el hecho de que exista no significa que sea mandatorio, pues es pasible de renegociación de común acuerdo entre las partes, para que pueda ser alargada un poco más. Eso ya se ha visto en otros contratos”, indicaron fuentes bancarias allegadas a la negociación.
Tras el escándalo que envuelve a la citada firma brasileña por el caso Lava Jato, la salida de Odebrecht del proyecto del GSP es una exigencia de los bancos para otorgar el crédito principal para el proyecto.
Además, se espera una respuesta de los otros interesados en integrar el consorcio luego de que SempraEnergy desistiera de comprar las acciones de Obebrecht.
Por el momento, los fondos de inversión y empresas interesadas han empezado nuevamente (por parte de los citados postores) los duediligence y levantamiento de información.
Si bien es un proceso dinámico, no se espera que la venta concluya antes de dos semanas.
Si el consorcio del GSP no logra el cierre financiero en enero, el Estado tendría que ejecutarle una garantía por incumplir el contrato de US$350 millones. A su vez, el Estado tendría que reconocerle al consorcio el 73%del valor de los activos del GSP, es decir menos de US$1,000 millones en total.
Los bancos tendrían en garantía las acciones de Odebrecht en el GSP por los US$600 millones de crédito puente para iniciar las obras.
Cuando se suponía que todos los peruanos celebraríamos la nueva concesión, luego de fracasada la estafa que Kuntur - Odebrecht planeó realizar al pretender que el Estado le otorgue un crédito de US$ 1,200 millones pagaderos en un futuro para construir el primer tramo, es decir, el de Camisea - Quillabamba; en un medio local, señalamos que con esa cantidad y unos US$ 1,000 millones más financiables se podría construir todo el gasoducto desde Cusco hasta Ilo (Moquegua). Más de 1,360 kilómetros de distancia. También dijimos que lo planteado por Kuntur - Odebrecht era una viveza criolla ligada a la corrupción, sustentada por el Andamiaje Financiero, elaborado por Luis Carranza, exministro de Economía.
En un informe elaborado por Asesoría Jurídica del MEF y COFIDE, se observó que el Estado no podía actuar como avalista ni prestamista en medio de operaciones de un contrato privado. Al no conseguir materializar la estafa, Kuntur - Odebrecht renunciaron a seguir con la construcción del Gasoducto.
La apertura del sobre con el nombre del ganador de la concesión del Gasoducto Sur Peruano (GSP), para mala suerte de los pobladores del Sur, volvió a generar nuevos cuestionamientos en contra de ProInversión.
Las críticas se enfocan en la ejecución del proceso de licitación, que no estuvo exento de acusaciones sobre posibles conflicto de intereses que habrían pesado en los resultados, poniendo en tela de juicio la adjudicación de la buena pro.
De esta manera, se volvió a poner sobre la mesa la calidad y transparencia de ProInversión, que en los procesos más importantes atrajo a duras penas la atención de un postor, poniendo en entredicho la efectividad de su labor “promotora”.
El Consejo Directivo de ProInversión integrado por cinco ministros, acordó la salida de Guillermo Lacarnaqué y de Rosa Ortiz – encargados del concurso público desde el 29/1/2013 - solo 54 días antes de la apertura del sobre que determinaría al postor que llevaría el gas natural al mercado nacional.
Para sorpresa de todos, el 07 de mayo de 2012, se designó a Edgard Ramírez, como presidente del Comité de ProInversión, a Raquel Patiño – exjefa del Gabineta de Asesores del MEM de Jorge Merino - y a Gustavo Navarro. Todos ellos de alguna manera vinculados a Humala, Merino, Mayorga, Ortiz y Quijandría.
Edgard Ramírez era gerente general de la empresa consultora Latin Energy Global Service que asesoró a Kuntur durante el período 2008 - 2011. Como se sabe Kuntur no solo era 100% Odebrecht, sino que intervino en el engaño de construcción del GSP, sobrevalorado por esta última, cuyo costo de construcción fue calculado en US$ 5,000 millones en 2012, cuando el costo original fue anunciado en US$ 1.385 millones en 2008
Es en este proyecto donde se afianzó la relación de Ramírez con el MEM, ya que a su vez estaba ligado a Odebrecht donde era consultor, desde el estudio Laub & Quijandría. Desde allí, Eleodoro Mayorga - más tarde nombrado ministro del MEM – colocó a Ramírez al frente de ProInversión.
La concesión otorgada a Odebrecht - Enegas para la construcción del GSP, cuyo proceso estuvo a cargo de ProInversión, fue cuestionada por la Contraloría, ya que no solo el costo de construcción se elevó a US$ 7,300 millones, con el ingreso de Odebrecht; sino que, al postor número dos de la concesión (formado por las empresas Suez, Sempra, Techint y TGI) se le descalificó en forma indebida, lo que causó al Estado perjuicios por US$ 150 millones.
Además, el consorcio Odebrecht - Enegas presentó un trazado del GSP mal elaborado y un estudio de impacto ambiental incompleto. Por supuesto, que los estudios de sísmica y paleontología de las reservas probadas de gas no ofrecían garantía para 30 años de abastecimiento. No existían estudios sustentados sobre oferta, demanda, precios del gas natural y de otros productos derivados.
