Han transcurrido doce años desde que el gas de Camisea arribó a la metrópoli, y cuatro desde que el Gobierno decidió emprender la masificación de este recurso energético en las regiones, recurriendo a gasoductos virtuales (camiones cisterna) debido a la ausencia de ductos regionales. En ese lapso, el gas ha beneficiado a más de la mitad de las industrias y al 100% de las centrales térmicas de Lima, generando para ellas millonarios ahorros que han incrementado su productividad y, por ende, el bienestar general.
Sin embargo, la población limeña percibe que este beneficio no ‘chorrea’ de igual forma en sus hogares. E igual ocurre con el público de provincias (que sigue esperando la primera molécula de gas). Esto nos lleva a preguntar: ¿qué sucede con el proceso de masificación del gas natural ?
“Desde una perspectiva global, el gas está masificado. Todos nos hemos beneficiado con tarifas eléctricas más bajas (producto del uso del gas para generación eléctrica), pero cuando se trata de conexiones domiciliarias, la historia es distinta”, apunta Luis Fernández, socio de la consultora Gas Energy.
En efecto, a doce años de iniciada la era del gas, solo tres regiones: Lima, Callao e Ica, cuentan con conexiones domiciliarias a gas. Pero en estas jurisdicciones (a excepción de Ica) la sensación que se tiene es que el hidrocarburo tarda mucho en llegar. ¿Es cierta dicha apreciación?
Las estadísticas de Cálidda, encargada de distribuir el gas de Camisea en Lima, son ilustrativas al respecto. En sus primeros años como distribuidor (2005-2010) la colombiana conectó apenas 34.000 hogares, un magro resultado que atribuye a la curva de aprendizaje.
En el siguiente sexenio, sin embargo, Calidda logró conectar 408 mil residencias, haciendo un acumulado de 442.000 a diciembre del 2016.
“Ahora estamos creciendo a un ritmo de 100 mil a 120 mil conexiones anuales, lo que significa que superaremos el millón de hogares conectados hacia el 2022. Esto representa de 4 a 5 millones de habitantes, es decir, el 37% de la población [de Lima]”, anota Jorge Olazábal, gerente general de la colombiana a Día1.
Calidda suministra gas para consumo residencial a 19 distritos de la metrópoli y planea llegar con redes de ductos a Cañete, desde el 2017, y a Huacho y Huarmey, desde fines de ese mismo año o inicios del 2018.
Sin embargo, estas dinámicas proyecciones no logran eclipsar la percepción ciudadana de que el proceso de masificación avanza con pies de plomo.
“Cuando llegué al ministerio, la masificación del uso del gas natural caminaba lento y había algunos retrasos”, comenta Gonzalo Tamayo, ministro de Energía y Minas en exclusiva para Día1. “Es por eso que lanzamos el Bonogas, una herramienta que reduce la barrera de entrada de los usuarios de menos recursos. Esto acelerará la penetración del uso del gas natural en Lima”, remarca el funcionario.
Tamayo asegura que la aplicación del Bonogas va a mejorar sustancialmente las proyecciones de crecimiento de las conexiones domiciliarias para Lima al 2022. Pero no solo eso, también prevé que el mecanismo agilizará la dinámica de conexiones fuera de la capital.
“Aún tenemos que ver cómo incluiremos el Bonogas en Ica [donde Contugas ha conectado al 40% de las viviendas] y cómo se manejarán las concesiones de distribución de gas en las regiones”, advierte el funcionario.
En efecto, 2017 debe ser el año en el que el gas de Camisea arribará, por vez primera, a las regiones del sur y norte donde el ducto no llega. El mecanismo para conseguir esto son los gasoductos virtuales. ¿Cómo avanza este esquema?
La idea de masificar el gas de Camisea fuera de Lima e Ica empleando camiones cisterna, fue lanzada en el 2012. Este esquema priorizó tres proyectos: la masificación en el sur (a cargo de Fenosa), la masificación en el norte (bajo responsabilidad de Promigas) y la masificación en diez ciudades alto-andinas (por parte de Graña y Montero).
Todos estos proyectos debieron iniciar operación comercial en el 2015, pero dicha previsión nunca se cumplió, debido a que sus operadores se toparon con problemas logísticos y de ‘permisología’, que el nuevo gobierno ha puesto énfasis en resolver.
Así ocurrió con los proyectos de masificación en el sur y norte del país. En este caso la traba fue la demora en la construcción del cargadero de camiones en Pampa Melchorita (propiedad de Perú LNG), componente indispensable para proveer de gas natural licuado (GNL) a las flotas de ambos operadores.
Gonzalo Tamayo anota que esta traba fue resuelta gracias a la presión que el MEM ejerció sobre los encargados de construir la infraestructura. Tanto Fenosa como Promigas prevén, ahora, iniciar operación comercial a partir de abril del 2017.
En cuanto a la concesión en diez ciudades altoandinas, Tamayo refiere que el impasse ha sido convenientemente solucionado para el Estado y GyM, pues ambas partes han concluido de buena forma el arbitraje que mantenían. “Eso significa que el proyecto puede ser relanzado con otro operador”, remarca.
Todo hace ver que el 2017 podría ser un año de figuración para el gas natural. Pero también será un año de retos, pues tanto el estado como los distribuidores comerciales deberán tomar las medidas necesarias para iniciar una verdadera masificación, que consiga que el gas se haga presente en la mayoría de los hogares peruanos.
