No ha pasado más de un mes desde que la comunidad de Cajamarca, Tolima, se vio enfrentada a la decisión tomada por el alcalde de este municipio, William Poveda, de convocar a la consulta popular minera en sólo seis días por el proyecto La Colosa de AngloGold Ashanti . Decisión que después de varias controversias y, por solicitud de la Registraduría, fue aplazada para realizarse el 22 de enero de 2017.
Desde que el Comité Promotor de la Consulta Popular sobre Minería en Cajamarca empezó a movilizarse, a principios de 2016, parecía que todo iba en camino para que en este municipio de Tolima se realizara la primera consulta popular exitosa en el país, que tenía origen ciudadano. A finales de agosto el Concejo del municipio autorizó, con ocho votos a favor y tres en contra, realizar la consulta popular para permitirles a los ciudadanos decidir sobre si querían o no minería en su territorio, y a principios de noviembre el Tribunal Administrativo le dio el visto bueno a la pregunta que debe responderse en las urnas:
“¿Está usted de acuerdo, Sí o No, con que en el municipio de Cajamarca se ejecuten actividades que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas, o afectación de la vocación tradicional agropecuaria del municipio con motivos de proyectos de naturaleza minera?”.
Una pregunta que, de forma indirecta, busca ponerle freno a La Colosa: el proyecto de explotación minera liderado por la multinacional AngloGold Ashanti, que busca extraer unos 29 millones de onzas de oro y que tras una decisión política quedará postergada para 2017
Pero a pesar de este interrogante fue declarado como constitucional por el Tribunal Administrativo de Tolima, a ojos de AngloGold Ashanti, multinacional que tiene dos contratos de concesión minera conocidos como La Colosa en Cajamarca, la pregunta es sesgada. Razón por la que la empresa presentó una acción de tutela frente al Consejo de Estado al considerar que la consulta está violado el derecho fundamental al debido proceso, además de solicitar suspender la consulta como medida provisional.
“AngloGold Ashanti Colombia S.A. como titular de los contratos de concesión minera en Cajamarca que antes se indicaron, ha realizado una gran inversión para la exploración de los mismos y sus actividades de exploración han demostrado la existencia de minerales, razón por la cual la consulta popular que pretende realizarse podría llegar a afectar las actividades mineras en el municipio y con ello, las actividades de las empresas mineras titulares de contratos de concesión en Cajamarca, Tolima”, explican en el documento.
Por su parte, para el Comité Promotor de la Consulta Popular de Cajamarca, quienes han liderado esta iniciativa desde comienzos de año, torpear aún más este proceso, es poner en riesgo el derecho a la participación ciudadana. “Hoy están en riesgo los derechos fundamentales de miles de habitantes de Cajamarca por la acción de tutela que interpuso la sociedad Anglogold Ashanti”, afirman en un texto enviado al Consejo de Estado.
Y aunque la suspensión de la consulta como media provisional fue negada, el Consejo de Estado deberá analizar si el Tribunal violó algún derecho de AngloGold. Mientras, la fecha del 22 de enero para ir a las urnas sigue en pie.
En cuanto a la consulta popular en Ibagué – que también busca frenar a La Colosa de forma indirecta y estaba programada para el 30 de octubre de 2016- sigue suspendida provisionalmente como respuesta a una tutela interpuesta por uno de los ciudadanos de la capital quien afirmaba que la pregunta inducia a votar por el “No”.
El 22 de noviembre de 2016 el alcalde de Cajamarca, Tolima había convocado para el 27 de noviembre la Consulta Popular que definiría por "sí o no" la realización del proyecto La Colosa, en aqué entonces muchos sectores en contra de la nueva mina salieron a hacer su descargo frente a la rapidez con la que se citó.
“Por principio la fecha debía ser concertada con el equipo promotor, porque es una consulta popular que nace de los ciudadanos. Nosotros le enviamos una carta al alcalde para reunirnos, pero él sólo nos respondió hasta hoy, con la noticia de que tiene que realizarse en menos de seis días”, aclaró Mejía a El Espectador. Por esto, el comité promotor de la consulta ha visto en el afán de ir a las urnas una forma de torpedear el proceso.
No obstante, según explicó el alcalde Poveda a este diario, la razón para convocar a la consulta tan pronto se debe más a un tema de vencimiento de términos, pues “según indica la Ley Estatutaria 1757 de julio de 2015, una vez emitido el concepto del Concejo municipal la consulta popular se debe realizar en los siguientes tres meses”. Término que se vencería el 30 de noviembre.
Ante esto, Verónica Muriel, coordinadora de la red por la Justicia Ambiental, quien ha seguido el proceso, aclaró que debido a que la participación ciudadana es un derecho fundamental, debe primar sobre los requisitos legales, siendo seis días muy poco tiempo para que “se alcance a socializar, entender y votar en un proceso de participación que busca garantizar los derechos de las personas. La participación es un derecho que debe ser efectivo y que no sólo se cumpla formalmente. Se debe ser lo más eficaz en pro de cumplir estos derechos”, aclaró.
Así, si la fecha para el próximo domingo sigue en pie, se requerirá que en menos de seis días todo esté listo para que al menos 5.500 personas vayan a las urnas a decidir sobre el futuro de la minería en su territorio.
Pero la fecha, según explicó el alcalde de Cajamarca, no es del todo inamovible, pues en el transcurso del día se iban a reunir junto a laRegistraduría los promotores de la consulta y los secretarios de la Gobernación para indagar sobre qué margen de maniobra tienen para proponer una nueva fecha que cumpla todas las garantías. Al cierre de esta edición, todavía no se conocían las sugerencias dadas por los delegados.
Por su parte, AngloGold reiteró que desde su punto de vista, la pregunta aprobada por el Tribunal hace referencia a la minería ilegal, por lo que la empresa se mantendrá respetuosa de “las decisiones o posiciones en contra de la minería, promovemos el diálogo y el debate con argumentos técnicos y datos acordes con la realidad y no sobre supuestos o temores infundados que puedan confundir a la población y llevarla a tomar decisiones en contra del avance y desarrollo de su municipio”.
La mina de oro de La Colosa en Cajamarca (Tolima, centro) se perfila como el proyecto de exploración más importante de Colombia que además impulsaría la economía del país, a pesar de la polémica que suscitó entre defensores del medio ambiente en sus primeras fases.
La mina de oro de La Colosa fue descubierta por la empresa sudafricana Anglo Gold Ashanti, en un hito minero que la convirtió, según el presidente de la compañía, Rafael Hertz, en “el yacimiento más grande hallado en los últimos 10 años en todo el mundo”.
La tradición de la minería subterránea en Colombia se restringía al carbón y a otros metales, y a pesar de que en la actualidad se están desarrollando otros proyectos en materia áurea, ninguno de ellos ha alcanzado el potencial de La Colosa, que podría generar 800.000 onzas de oro al año.
Esto se debe, según fuentes de la empresa, a que la inversión extranjera se ha sentido atraída por las mejoras en seguridad en Colombia y a la facilidad de acceso a esta mina.
Sin embargo, el proyecto de exploración está paralizado desde hace más de un año, cuando las autoridades ambientales de Tolima señalaron que las primeras perforaciones impactaban sobre la reserva forestal en la que se encuentra y en los acuíferos colindantes.
El responsable del desarrollo ambiental de lamultinacional, Lucas Ramírez, explicó que esa reserva fue delimitada en 1952, con el fin de ser explotada, y que aún quedan evidencias de que se desarrolló la ganadería y la agricultura en tiempos pasados.
El terreno que gestiona Anglo Gold en Cajamarca abarca numerosos pastos, zonas rocosas y rastrojos, y el bosque protegido se halla alejado del área de trabajo, en la cima de una montaña que supera los 3.000 metros de altitud sobre el nivel del mar.
En cuanto al manejo de los acuíferos, la vocera de la empresa, Carolina Rueda, resaltó que en las 52 plataformas ya perforadas no se ha encontrado ninguno, pero que “habría que hacer los estudios completos para determinar si los hay y qué se va a hacer con ellos”.
Además, el área de exploración se encuentra entre dos nacimientos de agua, las quebradas La Colosa y La Arenosa, de las que, según Rueda, “no se ha extraído más para las exploraciones que lo que exige el consumo doméstico”.
La vocera opinó que la polémica medioambiental responde a “una discusión anticipada frente a un tema sobre el que no se tienen respuestas todavía porque no se han hecho los estudios necesarios”.
Y es que el gobierno de Álvaro Uribe hizo público que La Colosa contaba con 12,3 millones de onzas del metal de “recursos inferidos”, categoría que indica que se conoce que pueden existir estas reservas, pero que no está probado.
La empresa había solicitado un área de sustracción de 515,75 hectáreas de la reserva forestal para culminar la etapa de exploración, pero el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial sólo le autorizó operar en 6,39 hectáreas.
El pasado 14 de agosto, el gobierno impuso nuevas limitaciones de perforación dentro de las 6,39 hectáreas y solicitó que la empresa presentara una serie de estudios que, a juicio de Rueda, “no son usuales para la etapa en que nosotros estamos, que es temprana, lo que implica un aumento de los costos y demora en la exploración”.
Anglo Gold tendría que invertir 200 millones de dólares más en este proyecto, que espera retomar cuanto antes en los estudios de “prefactibilidad y factibilidad”, y reconoce que “si los resultados no aseguran que es técnica, económica, social y ambientalmente factible, no se podrá desarrollar”.
La Colosa ocuparía el tercer lugar entre las minas de oro más importantes de latinoamérica, tras la de Yanachocha, en Perú, y la Escondida, en Chile.
