DAYRÍ BLANCO
No hay nada más parecido a Venezuela que el petróleo. Negro, denso y difícil de diluir: extrapesado. Así es el hidrocarburo, con cualidades tan semejantes a la situación política del país, como un derivado de la crisis económica que nació de la dependencia del crudo. De ese que ya no se produce como antes y que se vende a precios por debajo de lo requerido para mantener la nación. El resultado no puede ser otro: el Gobierno está entrampado en una encrucijada en perjuicio de la población y de su popularidad entre quienes le dieron su voto en 2013.
Todo el petróleo que se extrae del subsuelo criollo debe ser diluido con aditivos importados para hacerlo más atractivo en el mercado internacional, para hacerlo fluir en el mundo. Lo mismo pasa con el drama político de la nación. Se tuvo que traer del exterior una mediación enviada desde el Vaticano. La diferencia es que, en ese caso, en esa mesa con recurso humano importado incluido, no se destrabará el laberinto económico. El problema es complejo.
El desmoronamiento de los precios del crudo ha hecho estragos en Venezuela. El país, conocido en el mundo como potencia petrolera, depende 97% de los ingresos que obtiene por la exportación de los barriles. La caída en más de 60% de la cotización ha provocado un déficit en ese mismo orden. La caja de dólares se ha venido a menos y sin recursos las importaciones de bienes y materias primas también han sentido la baja. Las colas por el profundo desabastecimiento de productos es la consecuencia más directa.
En Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa) la crisis llegó en 2002. Una decisión política lo cambió todo. El entonces presidente Hugo Chávez despidió a más de 20 mil trabajadores, que representan 50% de la nómina total de la industria y 75% del personal con más de 15 años de conocimiento. En la suma se desecharon más de 300 mil años de experiencia. A partir de ese momento hasta la misión de la empresa cambió: de exploración, explotación, refinación, procesamiento, exportación y comercialización del crudo a ser servidora del Gobierno como parte de sus misiones sociales.
Pero no todo es por la caída del precio del barril como ha sido promocionado insistentemente por el Gobierno. José Toro Hardy, economista y experto petrolero, explicó que es una combinación de la cotización con la producción, y Venezuela tiene registros negativos en ambos factores. Hasta 1998 se colocaban en el mercado internacional tres millones 700 mil barriles diarios. Actualmente, según las cifras que publica la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), con información que el propio Gobierno le suministra, la producción es de dos millones 300 mil. La reducción más dramática ocurrió desde hace ocho meses, tiempo en el que la caída fue de 240 mil barriles diarios.
Hace 17 años los precios se derrumbaron hasta siete dólares por barril, pero eso no fue problema porque la cantidad que se producía era suficiente. Hoy eso ha cambiado. Cada vez se vende menos y más barato. El negocio que históricamente financió la nación ya no es rentable.
En ese punto está la economía del país. En una “enorme contracción” en palabras de Toro Hardy. La opciones para salir de la crisis son puertas cerradas para el Gobierno venezolano: Ni la (OPEP), ni la contribución fiscal interna, ni el financiamiento internacional son viables. La política radicalmente equivocada del Ejecutivo así lo ha determinado.
No importan las giras relámpago de Nicolás Maduro. Los intereses de Venezuela son particulares, no son compartidos por el resto de los integrantes de la OPEP. Ninguno está dispuesto a recortar producción para que el precio suba. Irán está aprovechando el levantamiento de su sanción por la construcción de armas nucleares para recuperar el negocio petrolero, Arabia Saudita, en conflicto permanente religioso con esa nación tampoco reducirá sus cifras si antes no lo hace su enemigo, mientras que Irak y Argelia no pueden sumarse a la petición del Gobierno suramericano en medio sus propias crisis internas. Y Rusia, dispuesto a congelar su producción solo lo haría si la Opep recorta. Nada de eso es factible.
Pero en el supuesto de que se logre que el precio suba, los resultados tampoco serán positivos. Toro Hardy señaló que al tener el barril entre 45 y 55 dólares automáticamente se favorece la explotación de rocas arcillosas de lulitas, cuyas mayores reservas están en Estados Unidos. “Además, si para subir el precio Venezuela tiene que recortar en medio de su ya deprimida producción en descenso progresivo, en la suma no significará una mayor entrada de ingresos. Todo seguirá igual o peor”. Todo indica que la recuperación económica no pasa por la vía petrolera.
Cualquier país del mundo en la posición económica tan crítica que vive Venezuela optaría por el financiamiento internacional. Pero es una opción negada para el Gobierno de Maduro. ¿La causa? La aprobación ilegal del presupuesto nacional 2017 así lo determina.
Ningún organismo multilateral, en los que históricamente se ha apoyado Venezuela, le prestará dinero bajo el riesgo de impago. “Se le cerraron todas las puertas de financiamiento, no tiene ninguna posibilidad de pedirlo”. La explicación está en el artículo 313 de la Constitución, que establece que todas las obligaciones de carácter financiero contraídas para que sean válidas requieren de aprobación de la Asamblea Nacional. Esta vez se hizo a través de la Sala Constitucional de Tribunal Supremo de Justicia, cuyos magistrados no tienen competencia para esas funciones. “Quien le preste dinero a Venezuela simplemente no lo puede cobrar”.
83% del ilegal presupuesto de la nación dependerá de la recaudación fiscal. Al menos eso argumentó el ejecutivo al momento de presentarlo. Pero eso tampoco será posible. Toro Hardy recordó que son las empresas del país los mayores contribuyentes de impuestos, y con una utilidad marginal, lo que pueda declarar en tributos también lo será.
El sector industrial ha sido uno de los más golpeados por las políticas de controles, expropiaciones, de desestímulo e instauración de inseguridad jurídica. “Ellos no tienen manera de financiar el presupuesto”. El resultado será un gran déficit fiscal, más crisis.
Con las puertas cerradas en la Opep, una realidad petrolera que no favorecerá la economía del país, los créditos cerrados con organismos multilaterales, y un déficit fiscal inevitable, el Gobierno de Nicolás Maduro solo tiene un camino en medio de la encrucijada en la que se encuentra: profundizar su política de exigirle al Banco Central de Venezuela (BCV) que emita dinero inorgánico en grandes cantidades. “Eso incrementará de tal manera la inflación que se podría esperar que el año que viene no baje de 2500% o 2600%”.
El panorama no es favorable. El Gobierno seguirá entrampado, víctima de su propio actuar. Y la población conocerá aún más de cerca el negro del petróleo, representado en la realidad densa, extrapesada y difícil de diluir. La relación de dependencia con el hidrocarburo seguirá cobrando deudas
