E defensor del Pueblo de la provincia se convirtió en la principal voz objetora de las pretensiones de aumentar las tarifas del gas. Categórico, Raúl Lamberto reclamó ayer que el "Enargas (ente regulador nacional) no debe aceptar la propuesta de la concesionaria del servicio porque, de otro modo, los valores no serán accesibles, ni razonables, ni proporcionados". La inapelable negativa del ombudsman fue al pedido que un rato antes, en la audiencia pública de ayer, formalizara la firma: 31 por ciento de incremento desde enero de 2017 para todas las categorías de clientes particulares; y 28 por ciento para las pymes.
Fue Leonardo Carrero, gerente comercial de Litoral Gas, quien formalizó la solicitud en la sede regional de la Universidad Tecnológica (UTN) de Santa Fe
De todos modos, "lo se considere como una opinión mayoritaria en una audiencia pública no es vinculante", según la legislación vigente, aunque su impacto reside en tres elementos: "la obligación de las empresas prestatarias de exponerse (incluso con sus dirigentes y ejecutivos filmados) dando explicaciones y/o respuestas a las objeciones que se les formulen, que la población tenga acceso libre a esa información que de otro modo no conocería y que más actores sociales participen de las discusiones no hasta hace mucho reducidas sólo a los gobiernos y las empresas".
Lo que para Carrero resultaría de escaso impacto en el bolsillo de los santafesinos ("una diferencia de 141 pesos en el consumo promedio de una casa, de los cuales 41 serían impuestos", dijo), para Lamberto, quien volvió a reclamar que las defensorías actúen de auditoras externas de los aumentos, "es inaceptable porque la empresa apela a que los clientes le financien las obras para luego percibir ingresos por su operación".
En tanto, para el gobierno provincial la prioridad pareció pasar por las obras. Verónica Geese, secretaria de Estado de la Energía, dijo que "la provincia exigirá a Litoral Gas las obras más urgentes, sobre todo en la zona de Rosario" y dejó en manos del ente regulador"determinar hasta dónde permitirá que estas obras impacten en la tarifa", lo que es parte esencial de su función.
La estrategia empresarial fue enfocarse en la falta de estas realizaciones, aunque aduciendo que nos las pudo hacer porque "casi 15 años de tarifas congeladas con una inflación del 1.000 por ciento que hicieron retroceder las inversiones a un nivel mínimo. Hubo que garantizar la seguridad y la operatividad del servicio". Además, comparó al servicio de gas con otros que usan las familias, como la televisión por cable.
La secretaria de la Energía de la provincia de Santa Fe, Verónica Gesse, afirmó: “La postura nuestra es que se prioricen en el tiempo las obras que resolverían los problemas de Rosario y Gran Rosario, Venado Tuerto y Las Parejas, en primera instancia”.
“En esta audiencia determinaremos a la licenciataria como va a ir realizando las distintas obras que hacen faltan en esta provincia y que se hagan lo antes posible en la zona que más falta hace”, indicó.
Y agregó que “Enargas debe resolver la cuestión de las tarifas, para eso está, nosotros consideramos que debemos tener una opinión y que sea valedera, que tengan en cuenta sobre todo en las obras que hay que hacer y cuándo realizarlas”.
“Hay un plan de obras muy ambicioso, pero algunas obras las proponen para 2019-2021”, puntualizó Gesse; “En esta provincia no se hacen grandes obras desde hace más de 20 años”, resaltó y agregó que “luego se hicieron refuerzos, nunca a través de la licenciataria”.
“Enargas tiene que determinar hasta dónde permite que estas obras impacten en la tarifa”, afirmó.
Por otra parte, el Defensor del Pueblo santafesino, Raúl Lamberto señaló que “las tarifas deben ser proporcionales, progresivas y razonables”.
Y agregó que “en este caso concreto se debe tener en cuenta el costo de vida y las políticas salariales. El caso de Litoral Gas incluye una formulación de obras, que llaman un poco la atención”.
“Hay dos formas de financiar las obras, por un lado con la tarifa y por otro con fideicomisos. Lo cual uno se pregunta ¿adonde está el riesgo empresario?”, señaló.
“Al no haber riesgo empresario, se transfiere a terceros la política de obras con el agravante que hay muchas de ellas que están presupuestadas y licitadas por la propia provincia. De acuerdo a la mecánica que tiene Litoral Gas, si no hay una actitud de hacerse cargo por parte de la empresa, significa un desestimiento y habilita a un tercero como es la provincia o cooperativas a que puedan llevar adelante las obras”, dijo Lamberto.
Sobre un estimado aumento del 31% que propondría Litoral Gas a partir de enero y un cargo complementario adicional para los clientes, el defensor del pueblo dijo: “No veo en la propuesta cual es el riesgo empresario” y aseguró que “claramente, en estos términos, no aceptaremos la propuesta tarifaria”.
Durante toda la jornada de hoy se realiza en la sede de la UTN la audiencia pública sobre el aumento del gas.
En su exposición, el gerente Comercial de Litoral Gas dijo que la empresa pretende un 31% de incremento desde enero de 2017, para todas las categorías de clientes particulares.
Así, un usuario residencial con un consumo promedio pagaría $549, contra los $408 actuales. De esa diferencia de 141 pesos , 100 irían para la distribuidora y el resto, al pago de impuestos. En tanto, para las pymes el aumento sería de 28%.
ENERNEWS/Diarios
Comenzó en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Santa Fe la audiencia pública del gas convocada por el ministerio de Energía de la nación para la revisión de tarifas de las empresas Transportadora de gas del norte SA, Litoral gas SA, Gasnea SA y Redengas SA. Las dos últimas firmas son las que proveen de gas natural a los usuarios entrerrianos.
Básicamente, lo que se discutirá será el precio de la distribución y el transporte del gas, no el costo a boca de pozo que ya se discutió. “Esto es para las empresas distribuidoras directamente; cada una en forma separada va pidiendo lo que ellos creen necesario para poder hacer inversiones los próximos cinco años”, explicó Garay.
El ombudsman contó que escucharán el planteo de Redengas -la empresa que presta el servicio en Paraná, ámbito de acción de la defensoría- para terminar de definir una postura, aunque ya tienen una idea más o menos formada en base a lo que ya adelantó la distribuidora, informó AIM Digital
“Ellos están planteando un 30 por ciento para el próximo quinquenio”, recordó Garay, y si bien sostuvo que serán “respetuosos de lo que las empresas piden para poder invertir”, también señaló que exigirán que demuestren “en qué invirtieron” y, por otro lado, consideró que “el gobierno tiene que ser respetuoso de los mismos índices que maneja”.
Sobre este punto, el defensor del Pueblo se explayó al sostener que “si (el gobierno) está diciendo que el año que viene va a haber un proceso inflacionario del 17 al 20 por ciento, no pueden aceptar mayores costos que esos, porque sino deberían tenerse en cuenta en cada paritaria los montos de incremento que se les autorizan a las empresas”.
El vocero de Litoral Gas, José María González, manifestó: "Nos sorprendió que sigan manteniendo la misma fecha, porque verdaderamente estamos muy atrasados con lo que tiene que ver con la revisión tarifaria. A punto tal de que estamos hablando de que en 20 días va ser la audiencia, y todavía no sabemos cuál va a ser la tarifa. Es muy probable que el 6 de diciembre no esté la tarifa, y lo que se discuta es una mera exposición de como debiera, si se tienen en cuenta las inversiones que se deben hacer".
"Acá en Santa Fe hay muchos proyectos de gasoductos que se pueden hacer, el tema es si la tarifa va a permitir pagar esas inversiones, teniendo en cuenta que no se puede poner una tarifa de 100 pesos el metro cúbico porque la gente no la puede pagar. De manera tal que hay que buscar un punto de equilibrio", agregó.
Por último, el gerente de relaciones institucionales de Litoral Gas estimó que "durante la semana seguramente habrá mayores definiciones".
"Toda la información que necesitaba Enargás ya la tiene. En base a eso verá cómo sería la tarifa, y cuál será la cláusula de ajuste. Lo que se sabe es que esta revisión quinquenal fija una tarifa que se va a aplicar hasta el 2021. En cinco años, con un país con el índice inflacionario de Argentina, debe haber alguna cláusula de ajuste, no esperar a que la inflación sea del 25% para salir a pedir reajuste", finalizó en diario UNO
