El lector Miguel Pablo Aguirre, Director del Departamento de Ingeniería Electrónica y Eléctrica del ITBA informó a EnerNews y MiningPress que su comentario, publicado en la nota debajo, fue sacado de contexto.

La Senadora del PJ Frente para la Victoria,  Nancy Susana González, presentó en la Comisión de Minería, Energía y Combustibles un proyecto de ley para establecer un régimen de carácter nacional que permita la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, sin fines comerciales, para ser inyectada a la red pública de distribución.

González crea la figura de “Autogenerador Ecológico”. Para que éstos generadores puedan actuar legalmente la legisladora señala que “las distribuidoras eléctricas deberán adecuar sus sistemas comerciales y elaborar o revisar las normas técnicas para el acceso de generación de autogeneradores ecológicos en el plazo de noventa (90) días desde la reglamentación de la presente ley”.

Transcurrido dicho plazo, deberán atender las correspondientes solicitudes de acceso de los auto-generadores ecológicos realizando – con cargo a estos – las instalaciones de equipos de medición y adecuaciones del sistema dentro de los treinta (30) días corridos de recibida la solicitud de acceso.

“Una vez instalado el sistema de medición, la distribuidora será responsable por su operación y mantenimiento”, especifica.

En noviembre el diputado nacional Juan Carlos Villalonga presentó en el Congreso un proyecto de ley de Generación Distribuida, cuyo objetivo es incentivar a los redisentes particulares para que instalen paneles solares que permitan tomar la radiación del sol para convertirla en electricidad.

La iniciativa estipula que todos los usuarios finales de energía eléctrica que dispongan de equipamiento de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables (por ejemplo, un panel solar) podrán inyectar la energía sobrante que generen a la red de distribución con la que tengan contratado su servicio.

En cuanto a las especificaciones del texto, Villalonga afirma que resuelve dos elementos esenciales: el permiso a conectarse en la red, por un lado, y el uso de un mismo estándar técnico para todo el país, por el otro.

"El proyecto, hoy, prevé un sistema de tarifa de incentivo que es manejada por la autoridad de aplicación para establecer su valor y segmentación según potencia o tecnología. Ahora estamos evaluando algunas alternativas más en cuanto a mecanismos de promoción.

También procuramos que el proyecto no cierre puertas en cuanto a posibles esquemas de negocios o inversiones que pueden aparecer en este mercado", explica, a lo que Bosch acota: "Creo que el mensaje de esta ley está, no tanto en su cuerpo, sino en su espíritu. Se trata de englobar a todos los prosumidores para darles un marco amplio a partir del cual puedan actuar. Creo que se está buscando transparentar y dinamizar un mercado que estaba muy quieto".

Ahora bien, para que este dinamismo pueda suceder, no solo el proyecto de distribuida debería convertirse en ley -algo que, estima Villalonga, podría ocurrir durante el primer semestre del 2017-, sino que los contratos entre privados deberían ser reglamentados. "Hoy, un consumidor no puede comprar energía eléctrica. 

Villalonga plante una tarifa de incentivose que se traduce en que durante ese período el Ministerio de Energía otorgará una tarifa promocional para que el contribuyente venda la energía a un precio que pueda aproximarse a la amortización del costo del equipo renovable, luego del cual el precio caerá.

"Falta generar una conciencia de que ahorrar va a ayudar a todos: habrá más energía para distribuir entre la misma cantidad de personas", afirmó en una nota al Cronista, Miguel Aguirre  director del Departamento de Ingeniería Electrónica y Eléctrica del ITBA

Las provincias pioneras en materia de legislación son, en primer lugar, Salta, Mendoza y Santa Fe. En esta última, la Resolución 442 de la Empresa Provincial de Energía (EPE) data del año 2013 y permite que los particulares inyecten electricidad a la red para potencias de hasta 15 KW, tras cumplir una serie de requisitos técnicos. La manera en que esta se factura es la siguiente, de acuerdo a la citada resolución: primero, se contabiliza la electricidad consumida a la tarifa habitual y, luego, se descuenta la energía generada al precio de compra en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

De todos modos, una decisión política aumentó este valor, que es más bajo que la tarifa que pagan los usuarios, a $ 5,5 a través del programa "Prosumidores", que busca que más usuarios instalen generadores de energía distribuida. Por ahora, no son más de 15 en todo Santa Fe, dados los costos y el nulo beneficio económico. Con este plan, hasta 100 usuarios por año podrán conectarse a la red con paneles solares, biodigestores o aerogeneradores de baja potencia, y la tarifa diferencial servirá para solventar las instalaciones.

Otro ejemplo tiene sede en la provincia de Buenos Aires, donde, a través del Programa Provincial de Incentivos a la Generación de Energía Distribuida (PROINGED) creado en 2013, se incentivó la asistencia técnica y financiera para que proyectos de generación distribuida -de 100 KW como mínimo- inyecten su producción a la red.

En 2014, la firma Aldar, pionera en la fabricación de paneles solares en el país desde hace 24 años, ganó una licitación para construir una instalación de este tipo en Brandsen, a la altura del peaje Samborombón de la ruta provincial 2, kilómetro 90,5. "Tiene la particularidad de que, de los 100 KW, 95 están en una estructura fija y 5 sobre un seguidor de dos ejes, que hace que se mueva siguiendo al sol como un girasol", cuenta su gerente Comercial, Alejandro Zitzer. "Inyecta energía a la red y, además, le resolvió los problemas de tensión a los chacareros y productores de la zona", agrega.

Actualmente, la compañía está construyendo un proyecto similar en la localidad de Arribeños, Buenos Aires, pero con una potencia instalada de medio megavatio (cinco veces el proyecto de Brandsen). Además, asistieron en los proyectos de Armstrong y Centenario.