Jaime Pilowsky Greene*

En las últimas semanas, dos temas financieros han copado la agenda del Gobierno y del Congreso Nacional: la discusión del proyecto de Ley de Presupuesto 2017 y el reajuste del sector público, ambos finalmente aprobados.

Terminado lo que fue, sin duda, un desgastante proceso, el Ministerio de Hacienda se ha puesto a trabajar en otro tema de enorme relevancia financiera para el desarrollo del país: la tan discutida y necesaria capitalización de Codelco.

Hace pocos meses un alto ejecutivo de la cuprífera, a través de una poco docta pero sincera frase, reflejó el estado actual de la empresa: “No hay un puto peso, viejo”. Esto traducido significaba que no hay recursos para el plan de negocios y desarrollo de las inversiones que permitan mantener y aumentar la producción de cobre.

Sobre el particular, conviene recordar la verdadera mochila que recae sobre Codelco al tener que destinar el 10% de sus ventas al exterior del cobre y sus subproductos al financiamiento de la adquisición y mantención del potencial bélico de las FFAA, en virtud de la, hasta hoy, Ley Reservada del Cobre.

Al respecto, cabe señalar que entre 1976 y el primer semestre de 2016, Codelco aportó al Fisco en virtud del citado cuerpo legal US$24.039 millones, de los cuales alrededor de US$4.200 millones se encuentran en el Fondo de Contingencia Estratégica invertido en el extranjero por el Banco Central.

Por su parte, Codelco solicitó al Fisco una capitalización de la empresa para poder afrontar de mejor manera los desafíos para el desarrollo de su plan de negocios y de sus inversiones estructurales. En esta materia, y tal como lo expuso el presidente del directorio de Codelco en la comisión investigadora del fraude en el Ejército, entre 1976 y 2015 la empresa entre “aportes de capital, capitalización de utilidades y utilidades no distribuidas” ha recibido US$10.122 millones (no incluye US$2.000 millones provenientes de las utilidades retenidas de la operación de Anglo American Sur), representando un promedio (2005-2015) de 9,6% de la “retención de utilidad neta comparable”, cuando en las principales empresas de la industria esa cifra alcanza al 38,5%.

En este contexto, el informe de la comisión investigadora -aprobado en la Cámara de Diputados con sólo una abstención- contiene dos recomendaciones que dicen relación con la materia que analizamos. La primera: derogar la Ley Reservada del Cobre y establecer un nuevo mecanismo de financiamiento de las FFAA a través de un procedimiento que garantice estabilidad, transparencia y participación del Congreso Nacional.

La segunda, que ha sido recogida íntegramente por el anuncio del ministro de Hacienda la semana pasada, consiste, por un lado, en autorizar, de manera transitoria, la utilización de una porción de los recursos del Fondo de Contingencia Estratégica para capitalizar Codelco y, por otro, la liquidación anual de los traspasos de Codelco en virtud de la ley del cobre.

De allí que valoramos el anuncio realizado por el Ejecutivo de inyectar durante 2016 US$975 millones para capitalizar Codelco, de los cuales US$475 millones provendrían de los fondos de la ley reservada, lo que permitirá mitigar, en parte, los efectos que ha tenido para la empresa dar cumplimiento a la citada ley. Además, esta liquidación anual que se propone permitiría un ahorro del orden de los US$35 millones en costos financieros.

En las próximas semanas se presentará este proyecto, y su discusión quedará sin duda cruzada por la derogación de la ley reservada. Creo que por coherencia, pues el contenido expresado es similar a lo expuesto en el informe de la Cámara, debemos apoyar la propuesta que hará el Ejecutivo. Aquello no significará bajo ningún respecto claudicar en nuestra cruzada de derogar la Ley Reservada del Cobre y sacar, definitivamente, la “mochila” a Codelco.

*Diputado DC.

Joaquín Villarino*

Terminaron las negociaciones sobre cambio climático en Marrakech y a la fecha son 114 naciones las que han ratificado el acuerdo de París, de las 197 que forman parte de la convención. El gobierno de Chile presentó el proyecto de ley que contiene este acuerdo el pasado 21 de octubre al Congreso para su aprobación. Como Consejo Minero apoyamos su pronta ratificación para que nuestro país pueda ser parte activa de este acuerdo.

En París se instó a las naciones a proponer un plan para reducir sus emisiones de carbono. En materia de mitigación, la contribución de Chile compromete una reducción de emisiones por unidad de PIB de un 30% al año 2030 con respecto al 2007 y una ambición mayor, de hasta un 45%, si se cuenta con aportes monetarios internacionales para ello. Todo lo anterior, si es que se da un crecimiento económico futuro que le permita implementar las medidas adecuadas. Para alcanzar estos compromisos en mitigación sin dañar nuestro crecimiento y desarrollo sustentable, lo primero será identificar como país las acciones y medidas adecuadas.

Como sector, ya comenzamos a trabajar. El Consejo Minero creó 10 principios que abordan la mitigación, adaptación y desarrollo de capacidades. Este documento, junto con reconocer que la actividad minera emite gases efecto invernadero, deja explícito el aporte de la industria en diferentes ámbitos.

Referente a la mitigación, apoyamos la adopción de medidas costo efectivas. En particular, impulsamos el uso de instrumentos basados en el mercado y aquellos que propicien la innovación, además de la promoción de tecnologías de baja emisión para la generación eléctrica y la eficiencia energética para reducir emisiones de gases de efecto invernadero; esto último, sin descuidar los objetivos de suministro económico, seguro y continuo, algo que es fundamental para la minería.

El principal aporte de la industria minera en términos de emisiones se asocia al consumo energético, tanto eléctrico como por del uso de diversos combustibles. Como sector hemos propuesto mantener y profundizar la eficiencia energética en las operaciones, compartiendo los avances, las mejoras e innovaciones implementadas.

En el ámbito de la adaptación, creemos que es importante continuar incluyendo en el diseño y operación de las faenas mineras la necesidad de adaptación al cambio climático, esto último también para las comunidades aledañas a las operaciones, en el marco de los procesos de relacionamiento y creación de valor compartido.

Por último, nos resulta de gran importancia relevar el aporte que hace la actividad minera a la mitigación mediante la producción de metales que permiten una transmisión y uso eficiente de la electricidad; en ese sentido, el cobre es uno de los metales que más beneficios aporta, siendo un excelente conductor energético con un 99,9% de efectividad y un mineral 100% reciclable.

En definitiva, mediante estos principios el sector de la gran minería, que es fundamental para el crecimiento sostenible de Chile, se compromete a continuar participando activamente en las distintas iniciativas públicas y privadas que propicien la búsqueda de medidas para la mitigación, adaptación y fortalecimiento de capacidades en materias de cambio climático, consistentes con las ideas anteriormente mencionadas. Invitamos a otros sectores que se sumen, porque el cambio climático es un desafío global que nos involucra a todos.

*Presidente Ejecutivo del Consejo Minero