Un total de 77 ejecutivos de la constructora Odebrecht firmaban este jueves 1 de diciembre de 2016 acuerdos de delación premiada con la fiscalía brasileña sobre su actuación en el escándalo de corrupción de Petrobras, mientras el grupo pidió disculpas públicas y aceptó pagar una multa de casi USD 2 000 millones. La firma de acuerdos de confesión a cambio de una reducción de la condena es un proceso que aún no terminó, pero que será concluido entre hoy y mañana”, dijo a la AFP una fuente ligada a la empresa que pidió no ser identificada.
El acuerdo podría desatar un nuevo sismo político en Brasil, donde hay al menos medio centenar de legisladores investigados por este caso. Los medios locales estiman que la confesión masiva del grupo podría sumar cerca de 100 nuevos nombres a la lista de sospechosos. La empresa, además, abonará una multa de 6 800 millones de reales a lo largo de 20 años en un acuerdo que incluye los montos que deberá pagar en Estados Unidos y Suiza, donde también es investigada.
Los desacuerdos entre Washington y Brasilia acerca de cómo debía ser distribuido el importe de la multa había retrasado la firma de la esperada confesión. Odebrecht, que llegó a ser una de las mayores constructoras de América Latina, era un agente financiero clave para muchos políticos, de acuerdo con la causa que echó luz en el escándalo que saqueó más de USD 2 000 millones de la petrolera estatal.
Su expresidente, Marcelo Odebrecht, considerado uno de los empresarios más influyentes de Brasil, está preso desde hace 16 meses en Curitiba (sur) , donde cumple una condena de más de 19 años por integrar una organización criminal y cometer los delitos de corrupción y lavado de dinero. El acuerdo podría acortar drásticamente ese castigo.
El “Petrolao” fue definido por los investigadores como una confabulación entre constructoras y partidos para manipular licitaciones y sobrevalorar las obras de Petrobras, para luego distribuir entre 1 y el 3% del valor de los contratos. “Disculpe, Odebrecht se equivocó” “Odebrecht reconoce que participó en prácticas impropias a su actividad empresarial”, admitió la empresa en un insólito comunicado titulado
“Disculpe, Odebrecht se equivocó”. “No importa si cedimos a presiones externas. Tampoco si hay vicios que precisan ser combatidos o corregidos en la relación entre empresas privadas y el sector público”, añadió. La constructora subrayó que lo más importante es que, con el pacto con la fiscalía, la empresa reconoce su envolvimiento en la trama corrupta y promete cambiar su actitud de cara al futuro.
“Fue un gran error, una violación de nuestros propios principios, una agresión a valores consagrados de honestidad y ética. No admitiremos que esto se repita”, señala el comunicado. Después de pedir perdón, la empresa dijo que está comprometida “a pasar página” e hizo público un decálogo donde se compromete desde “a decir no con firmeza” cuando surjan oportunidades de negocio ilegales o “ jamás invocar condiciones culturales o usuales del mercado para justificar acciones indebidas”.
La megainvestigación Lava Jato, en marcha desde 2014, golpeó duramente al Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva y a sus exaliados PMDB (centroderecha) del actual presidente Michel Temer. El propio Lula (2003-2010) enfrenta varias causas judiciales ligadas al esquema en Petrobras, del cual la fiscalía lo señala como el “máximo comandante”.
Brasil enfrenta una guerra constitucional entre poderes del gobierno mientras el Congreso trata de acelerar una nueva ley que permitiría que los fiscales y jueces sean acusados de abuso de autoridad.
Los fiscales que participan de la mayor causa de corrupción de Brasil en la petrolera estatal Petrobras han amenazado con renunciar si se promulga la ley. Mientras tanto, había manifestantes protestando en las calles y los brasileños comunes hacían cacerolazos en todo el país.
"Una ley nueva sobre abuso de autoridad [por parte de fiscales y jueces] en este momento podría tener como consecuencia un freno a las investigaciones", dijo ayer Sérgio Moro, el severo juez anticorrupción que encabeza el caso Petrobras, durante una audiencia en el Senado. "El Senado podría enviar un mensaje equivocado a la sociedad brasileña".
Lo que más irrita a los brasileños es que la cámara baja del Congreso aprobara el proyecto en un momento en que el país está de luto por el accidente aéreo que se cobró la vida de casi todo el equipo de fútbol el Chapecoense, varios miembros del club y periodistas deportivos.
Los analistas ven el proyecto de ley como un intento de los legisladores de protegerse a si mismos de la investigación de Petrobras, donde muchos políticos están acusados de conspirar con los ejecutivos y conratistas de la compañía para enriquecerse ellos y sus partidos mediante coimas y sobornos.
Después de dos años y medio de investigaciones, Brasilia ya se está preparando para el esperado anuncio de un acuerdo en el que los ex empleados de Odebrecht, uno de los contratistas más grandes de Petrobras, admiten su culpabilidad a cambio de una reducción de la pena.
En otro intento por acelerar la legislación, el líder del Senado Renan Calheiros el miércoles trató de que se votara la ley en forma urgente en la cámara alta pero no tuvo éxito.
Negó que la ley tenga como objetivo frenar la investigación de Petrobras. Pero los jueces reaccionaron con furia ante la legislación propuesta. "Pueden tratar de silenciar a un juez pero nunca pueden silenciar la justicia", dijo Cármen Lúcia, presidenta de la Corte Suprema.
El proyecto refleja la creciente amenaza a la separación de poderes en Brasil entre el ejecutivo, legislativo y judicial, en un momento en que el país está a la deriva tras la destitución de la ex presidenta izquierdista Dilma Rousseff en agosto por haber manipulado el presupuesto.
Su sucesor, el ex vicepresidente Michel Temer, buscó unir al país detrás de un programa de austeridad apuntado a fortalecer la confianza de los inversores. Pero la economía todavía tiene que mostrar señales de recuperación; se contrajo 2,9% interanual en el tercer trimestre de este año. Mientras, Temer está sumergido en un nuevo escándalo por acusaciones de que él presionó a un ministro para que ayude a cons
Temer debería firmar la promulgación de la ley que contiene las cláusulas sobre abuso de poder. Hasta ahora se mostró poco comprometido con el tema.
Algunos advirtieron que la élite de Brasil enfrenta la misma crisis de legitimidad que también atraviesan algunos países desarrollados, lo que podría permitir que un candidato sin experiencia política gane las próximas elecciones en 2018.
"La élite brasileña necesita reconectarse con la población si es que quiere detener el ascenso de aventureros [políticos]," escribió el analista político Matis Spektor en una columna del Folha de S. Paulo.
El proyecto irónicamente se basó en una petición de los fiscales del caso Petrobras que sugerían 10 iniciativas para ayudar a tomar medidas severas contra la corrupción en Brasil.
Entre ellas se encontraban proteger a los informantes y declarar los grandes casos de corrupción como delitos atroces hasta prisión preventiva para los sospechosos hasta que hayan devuelto el dinero de la corrupción.
Pero los legisladores eliminaron muchas de las iniciativas sugeridas en la petición original y, en cambio, agregaron algunas propias, incluyendo cárcel para fiscales y jueces que hayan cometido abuso de autoridad.
El Congreso y el Poder Judicial de Brasil quedaron enfrentados abiertamente hoy con un nuevo paquetes de medidas anti-corrupción aprobadas esta madrugada por la Cámara de Diputados, que incluyen sanciones al abuso de poder de jueces y fiscales, algo que provocó la reacción contundente de los investigadores de la Operación Lava Jato, que amenazaron con renunciar si el presidente Michel Temer promulga la norma.
"Vamos a renunciar en forma colectiva a la Operación Lava Jato en caso de que la propuesta sea promulgada por el presidente", advirtió en conferencia de prensa Carlos Fernando Lima, fiscal de la República en la ciudad de Curitiba, capital del estado de Paraná.
En un nuevo costado de la crisis política y económica brasileña, el estallido del conflicto tuvo que ver con la "rebeldía" de la Cámara Baja, que decidió modificar esta madrugada un proyecto anti-corrupción presentado por los populares fiscales de la Operación Lava Jato, que prácticamente quedaron ignorados por los parlamentarios, tanto oficialistas como opositores.
El punto de discordia, sin dudas, fue el que incluyeron los diputados para aumentar las penas de 6 meses a 2 años de prisión por abuso de autoridad a jueces y fiscales que revelen detalles de investigaciones sin terminar y sin sentencia o demuestren predilección político partidaria.
La crítica de la clase política son las filtraciones de investigaciones en curso a la prensa por parte de los fiscales y del juez Sergio Moro, que en muchos casos, como el del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, fueron denunciados por persecución y abuso de autoridad ante la ONU.
El fiscal Deltan Dallagnol, jefe del equipo del Ministerio Público en la Operación Lava Jato, sostuvo que "la Cámara Baja ha iniciado el fin de la Operación Lava Jato, la sociedad no puede considerar normal lo que es anormal".
A esto muchos analistas lo consideran una flecha lanzada hacia el corazón de la Operación Lava Jato, a cargo del juez Sergio Moro y el equipo de la fiscalía que mantienen hace dos años la investigación sobre los negocios de la financiación de la política, empresas y contratos de obra pública.
Por 451 votos contra 1 tuvo media sanción el proyecto que fue repudiado por la presidenta de la suprema corte de Brasil, Carmen Lúcia, quien en un comunicado afirmó que el texto de la ley "puede afectar la independencia del Poder Judicial".
"Pueden intentar callar a un juez pero nunca se logró ni se logrará callar a la justicia", subrayó la jefa del Supremo Tribunal Federal (STF), respaldando a los fiscales.
El fiscal Dallagnol es la mayor figura mediática del equipo del Ministerio Público de la Operación Lava Jato, famoso también por sus sermones en las iglesias evangélicas a las que acude como devoto y en las cuales sostiene que los cambios en Brasil se deben a una obra divina.
Incluso, se ganó el odio y el aplauso porque acusó, usando un power point y alquilando un salón de un hotel en Curitiba, estado de Paraná, al expresidente Luiz Inácio Lula da SIlva de ser el "comandante máximo" de la corrupción en Petrobras.
El fiscal encabezó, junto con partidos políticos que en su momento se oponían al gobierno de Dilma Rousseff, destituida en agosto, la recolección de 2,3 millones de firmas para presentar 10 medidas contra la corrupción, entre ellas fomentar en el Código Penal un ambiente para premiar y proteger a los delatores.
Sin embargo, las 10 medidas no incluían las advertencias por abuso de poder contra fiscales y jueces, algo incluido por los políticos, que denunciaron truculencia en la filtración de datos de las investigaciones a la prensa por parte de la Operación Lava Jato para intentar alinear a la opinión pública en torno a los procesos judiciales.
El fiscal general de la República, Rodrigo Janot, respaldó a los investigadores: "Lo que se votó es poner a Brasil en marcha atrás. Lo que se aprobó busca debilitar al Ministerio Público y al Poder Judicial. Es un punto de tensión institucional y de inflexión".
Los diputados, luego de una polémica en la que intervino como mediador el presidente Michel Temer, no votaron una amnistía para los delitos cometidos de recaudación ilegal de campaña, algo que generó indignación pero que ahora sí será sancionado como un crimen penal en el código.
El proyecto necesita ahora pasar por el Senado para convertirse en ley.
El desafío lanzado por los diputados a los jueces y fiscales incluye una pena de prisión de 2 años de cárcel y multa a los miembros del Poder Judicial que expresen por cualquier medio de comunicación opinión sobre un proceso pendiente de juicio, o consideraciones sobre asuntos que estén fuera del expediente.
"Estamos dando la sensación de que queremos perseguir a los investigadores", dijo Carlos Sampaio, del oficialista Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que liberó a su bloque para votar el punto sobre el abuso de autoridad de jueces y fiscales.
El texto sobre las sanciones a jueces y fiscales que tengan color político o preferencia partidaria fue añadido por el Partido Democrático Laborista (PDT) y aprobada por 313 votos contra 132.
Desde el Partido de los Trabajadores, hubo críticas a la movilización de la fiscalía para presentar 10 modificaciones al Código Penal que chocaban con la Constitución, según el abogado Paulo Texeixra, diputado de la comisión que estudió la decena de medidas contra la corrupción.
"Los fiscales hicieron algo inusitado, usaron toda su estructura para juntar firmas en todo el país a favor de medidas que aumentan el poder de la acusación y nosotros queremos equilibrio entre acusación y defensa. Ellos partieron de la premisa de que en Brasil no se combate la corrupción y no es así, aquí se detiene a muchas personas, somos la cuarta población carcelaria mundial", dijo Teixeira.
La aprobación de este paquete de medidas es un golpe a la incursión en la negociación política por parte de los fiscales de la Operación Lava Jato, que investiga una red de financiación ilegal de la política hecha por empresas constructoras que ganaron a lo largo de de los años contratos y licitaciones supuestamente sobrefacturadas.
El titular del Senado, Renán Calheiros, calificó de "defendibles en el fascismo" el paquete de medidas porque a su entender afectaba las libertades constitucionales a favor del Poder Judicial y el Ministerio Público.
Ahora, dijo que no tendrá prisa en tratar el proyecto que viene de Diputados: "El paquete de medidas estaba condenado a recibir el tratamiento que recibió, es difícil conjugar Estado Democrático de Derecho con aquellas medidas".
