Con el objetivo de acercar posiciones con la oposición y reunir voluntadesde cara a la sesión del martes, el Gobierno resolvió habilitar varios cambios al proyecto de reforma del impuesto a las ganancias; el más importante: la creación de un impuesto al juego.
El interbloque Cambiemos en Diputados va a proponer además un aumento del 100 por ciento de los topes de facturación para los monotributistas y que se permita deducir hasta el 40 por ciento de los alquileres de vivienda única. Para hacer frente a esos cambios, promoverá un impuesto a las tragamonedas, en línea con los pedidos de varios bloques de la oposición. No sería sólo para las máquinas, como proponía el massismo, sino también a las apuestas. Con ese nuevo gravamen, el Poder Ejecutivo espera recaudar $ 6000 millones.
Entre las modificaciones, cuyos detalles se conocerán hoy, también se incluye la posibilidad de deducir viáticos, un reclamo histórico de la CGT, y la reincorporación de la deducción parcial del cónyuge, posibilidad que se había eliminado en el proyecto oficial. Se denomina deducción a todo concepto que puede restarse antes de calcular el monto del salario considerado como ganancia. En el caso de los alquileres, la idea del oficialismo es que puedan deducirse hasta 48.000 pesos anuales, es decir, hasta 4000 pesos por mes.
El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, volvió a defender el proyecto oficial de modificación de Ganancias asegurando que se le devolverá a los contribuyentes lo que Cristina Kirchner “les sacó en el segundo mandato".
"Les devolvemos en el 1er mandato lo que CFK les sacó en el 2do mandato. La rebaja más grande de la historia del Impuesto a las Ganancias", escribió el titular de la cartera económica.
Prat-Gay defendió ante una comisión parlamentaria el proyecto de reforma oficial afirmando que es "el mayor esfuerzo" que puede hacer el Gobierno dada la "situación fiscal" que atraviesa el país.
"Antes de proponer el proyecto del Poder Ejecutivo al Congreso hubo un acuerdo con los gobernadores para que el monto afectado sea de $ 30.000 millones en 2017", sostuvo el funcionario en su exposición de ayer.
Luego de advertir que "Ganancias es uno de los pilares del sistema tributario”, Prat Gay apeló “a la responsabilidad de los legisladores” porque “cada rebaja del impuesto significa una baja en los recursos del Estado y las provincias".
"Del otro lado de la pérdida de recursos que se dejarían de cobrar está el esfuerzo del Estado para llegar a quienes más lo necesitan", advirtió.
El oficialismo no planteó una modificación del mínimo no imponible, el piso a partir del cual los trabajadores pagan el impuesto. Ese umbral, según la propuesta del Gobierno, aumentaría sólo un 15 por ciento en 2017, por lo que más trabajadores pasarían a pagar Ganancias. Para los asalariados casados, con dos hijos, quedaría en unos 25.000 pesos. Los diputados de Cambiemos argumentan que por efecto de las nuevas deducciones el piso se modificará para muchos trabajadores.
Los cambios en el monotributo, que el Gobierno evaluaba definir por medio de una resolución de la AFIP, finalmente se harán por ley. Los topes de facturación se duplicarían, según acordaron en Casa de Gobierno los diputados de Cambiemos Luciano Laspina y Luis Pastori. El de la categoría B (la más baja) pasaría de 48.000 pesos a 96.000 pesos. El de la L (la más alta) iría de 600.000 pesos a 1.200.000 pesos.
Pese a ese movimiento de última hora, ayer seguía lejos la posibilidad de alcanzar un acuerdo. No hubo acercamientos significativos entre los distintos sectores de la oposición. Tampoco entre el oficialismo y alguna de las bancadas opositoras grandes. "Tenemos unos cien votos. Podemos llegar a ganar la votación", se mostró optimista un diputado influyente de Pro.
En ese marco, la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja se reúne hoy, a las 15, con el objetivo de emitir dictamen. Lo más probable es que cada espacio presente su propio despacho. Es decir que podría llegar a haber hasta siete dictámenes diferentes, todos de minoría: uno de Cambiemos, otro del Frente para la Victoria (FPV), otro del Frente Renovador (FR), otro del Bloque Justicialista (BJ), uno del Frente Amplio Progresista (FAP), uno del Frente de Izquierda y otro del Partido Solidario, de Carlos Heller.
La estrategia de negociación, compartida por oficialistas y opositores, es sentar posición en la comisión y sólo después profundizar las conversaciones para explorar un acuerdo. Habrá tiempo hasta la sesión, convocada para el martes que viene. Por reglamento debería tratarse en primer término el dictamen con más firmas, que sería el del oficialismo. En la práctica, lo importante es cuál de los despachos reúne mayoría.
Por el momento, los dos bloques que están más cercanos son el FR y el BJ. Massa propone que el mínimo no imponible pase de $ 25.000 a $ 48.000 brutos para los asalariados casados, con dos hijos. El jefe del FR se reunió anteayer con Miguel Pichetto, presidente del bloque de senadores del FPV. No avanzaron en la discusión del contenido del proyecto, sino en una fecha tentativa para que se debata en la Cámara alta. Sería el 14 de diciembre. Justamente en el Senado está depositada la esperanza del Gobierno: por cada peso menos que se recauda de Ganancias, merman en 50 centavos los ingresos de las provincias.
El proyecto del FPV es un poco más ambicioso. En conferencia de prensa, Axel Kicillof propuso que sólo paguen el impuesto el 10 por ciento de los trabajadores formales, "tal como lo hacían cuando dejamos el Gobierno", dijo.
Distintas provincias oficialistas salieron ayer a respaldar el proyecto oficial del Impuesto a las Ganancias. Entre otras razones, aludieron el impacto que tendría en las arcas de estos estados subnacionales resignar más ingresos fiscales que los acordados con Nación, de $ 27.000 millones.
De lo recaudado por Ganancias, alrededor de la mitad se reparte con las provincias mediante la coparticipación de impuestos. En ese sentido, según expusieron tanto Alberto Abad, de la AFIP, como Alfonso Prat-Gay, el proyecto del Frente Renovador tendría un costo fiscal adicional de $ 30.000 millones. Es decir, cuando aún están asumiendo el impacto de la suba del mínimo no imponible de febrero de este año, se les agrega para el próximo otros recursos que tendrán que resignar, en medio de una débil recaudación. Estas fueron las principales declaraciones de ministros de Economía o Finanzas provinciales:
Hernán Lacunza, Provincia de Buenos Aires
- Lo que acordamos en el Consejo Provincial de Responsabilidad Fiscal es un consenso sobre el costo fiscal de la reforma de Ganancias. Los Gobiernos provinciales queremos reducir la presión tributaria para generar empleo privado pero debe hacerse de forma gradual; para eso se estableció un tope de sacrificio fiscal.
Lo que debatimos durante varios meses es que el costo sea entorno a $ 27.000 millones porque si no las arcas provinciales sufren mucho. La suba del mínimo no imponible que se produjo este año erosionó los fondos provinciales.
Martín Mura, Ciudad de Buenos Aires
- "Desde la Ciudad coincidimos con el gobierno nacional en el espíritu de llevar adelante una reforma gradual del impuesto. Creemos que no sirve implementar cambios bruscos que conlleven a un desfinanciamiento de las economías provinciales.
La intención tanto del gobierno nacional como de las provincias es que debe primar un equilibrio racional, a través del cual modificar y corregir las escalas para lograr así un impuesto más progresivo, pero sin por ello provocar un gran impacto fiscal en las provincias.
Carlos Sadir, Jujuy
- "La discusión sobre Ganancias es saludable. La carga impositiva en Argentina es mayor respecto de la de otros países de la región. Compartimos el interés de Nación de aliviar la carga tributaria, en el entendimiento de que se debe avanzar en la modificación del Impuesto a las Ganancias de manera gradual.
La propuesta oficial representa un costo fiscal significativo de aproximadamente $ 27.000 millones a $ 30.000 millones que son recursos que dejarán de ingresar el sistema de recaudación y consecuentemente al esquema coparticipable.
Martín Herchner, Mendoza
- "El proyecto del oficialismo, con un moderado incremento del mínimo no imponible, es una reforma gradual, que distribuye el impacto fiscal en el tiempo, y beneficia a quienes tienen menores ingresos, y a una mayor cantidad de trabajadores.
Es fiscalmente sostenible y para Mendoza supone una pérdida menor en los ingresos provinciales, de alrededor de $ 800 millones para el 2017, contra los casi $ 2000 millones que se perderían en caso de aprobarse el proyecto de la oposición, que implica elevar más el alto mínimo no imponible y beneficiar a los que más ganan.
Enrique Vaz Torres, Corrientes
- "El costo fiscal que tiene el proyecto impulsado por Sergio Massa es muy elevado. La resig nación de recursos para la Nación y las provincias es tan importante que amerita un acuerdo mucho más amplio de lo que está proponiendo este legislador.