HUMBERTO CAMPODÓNICO
La semana pasada el gobierno anunció su intención de no modificar la cláusula anticorrupción del contrato del Gasoducto Sur Peruano (GSP), que actualmente construyen Odebrecht (55%), Enagás de España (25%) y Graña y Montero (20%). Como se sabe, Odebrecht está vendiendo su participación del 55% y los interesados son Sempra de EEUU y Techint (Argentina/Italia).
Si esta cláusula se mantiene, cualquier acto ilícito para ganar la licitación de junio del 2014 desemboca en su inmediata terminación. Sempra y Techint dicen que ellos no pueden asumir el riesgo por lo que no les corresponde. Por tanto, ya no comprarían las acciones de Odebrecht.
Si esto es así, entonces el GSP está en peligro porque a) los bancos no le quieren prestar a Odebrecht (por la corrupción en Brasil) el dinero para la inversión y b) la fecha para que el Consorcio GSP consiga el “cierre financiero” (es decir, garantice que tiene los préstamos) vence en enero del 2017. Si no hay “cierre financiero”, entonces el gobierno puede terminar la concesión. A la fecha, se han invertido US$ 1.500 millones en el GSP y el avance llega al 31%.
¿Cuáles son las consecuencias para los pueblos del sur y para todo el Perú? Muchas y muy preocupantes, motivo por el cual ya están sonando todas las alarmas.
Pero antes veamos la oferta de gas. Dicen los críticos que el GSP no es viable porque no existen reservas suficientes, lo que lo convertiría en un “elefante blanco”. Pues bien, el presidente de China, Xi Jinping, en su visita a Lima por APEC, anunció que la estatal CNPC, propietaria del Lote 58 en Camisea, tiene 3,9 billones de pies cúbicos (TCF, en inglés) de reservas probadas de gas, la mitad de las reservas del Lote 88 del Consorcio Camisea, que abastece Lima. Gas hay, entonces, y mucho. ¡Qué bien!
Esto ya se sabía. El Libro de Reservas de la DGH dice que en el Lote 58 había 3,5 TCF de reservas probables y posibles, producto de los US$ 610 millones invertidos desde el 2008 (a fines del 2014, CNPC compró ese lote a Petrobras). En el 2015 y 2016, CNPC actualizó los estudios sísmicos y concluyó en los 3,9 TCF de reservas probadas. Así, el Lote 58 va a pasar de la fase de exploración a la de explotación comercial.
Volvamos a la cláusula anticorrupción. Si se cae la compra de Techint y Sempra y no hay cierre financiero, los ministros Tamayo y Thorne ya han manifestado su intención de terminar la concesión (artículo 6.6 del contrato) y proceder a una nueva licitación. De nuestro lado, apoyamos que no se elimine la cláusula anticorrupción.
Pero la nueva licitación no se hará en un “dos por tres”. La cláusula 20 del contrato establece numerosos trámites determinados secuencialmente (por ejemplo la valorización de la inversión de US$ 1.500 millones), con plazos que se tienen que cumplir.
Según algunos expertos, la nueva licitación difícilmente podrá realizarse antes de 18 meses después de enero del 2017. Esto va a traer frustraciones muy grandes en el sur. Por eso, el gobierno debe explicar claramente los plazos de la nueva licitación y las medidas para acelerarla, cosa que demandan millones de peruanos.
El gobierno también ha dicho que quiere modificar la forma de pago de la inversión porque actualmente hay “un recargo muy grande en las tarifas eléctricas que pagan todos los consumidores”. Esto nos dice que el gobierno se ha puesto del lado del argumento de los “lobbies eléctricos”, pues la incidencia en las tarifas solo sería grande si no hay demanda en el sur. Los “lobbies” quieren asustarnos y gastan millones para convencer al público. Pero sus argumentos son falsos: esa demanda existe: de saque, el 80% del gasoducto estaría lleno con la demanda de las generadoras del Nodo Energético del Sur, como lo hemos demostrado antes (1).
En verdad, la cosa es al revés. Dice el COES (organismo privado que “maneja” la electricidad) que si el GSP no llega al sur para el 2020, entonces no habrá “generación eficiente de energía” y los precios de las tarifas eléctricas se elevarán, puesto que el Nodo del Sur tendrá que generar con diesel (caro) y ya no con gas natural (más barato). Los ganadores son aquellos que producen energía barata (hídrica y/o a gas natural) y la venden al precio caro. O sea, los “lobbies”. Ajá. Aquí también habrá debate.
Hasta aquí hemos visto problemas. Lo positivo es que el gobierno dice que la nueva licitación incluirá la industria petroquímica. Muy bien. Pero, ojo, para eso el Estado tiene que poner en marcha la Comisión Multisectorial (desactivada por Humala) que oriente el proyecto que, esta vez sí, debe ser un proyecto integral: oferta, transporte por el GSP y gestión de la demanda, lo que incluye la petroquímica. Nos esperan tiempos y debates muy difíciles, porque el sur del Perú no se va a dejar “mecer”. El gobierno tiene la palabra.
Ah, me olvidaba. El gobierno habla del GSP, pero poco dice de la investigación a la re-exportación de Shell del gas del Lote 56, que nos cuesta centenas de millones de dólares y que va a ser investigado en el Congreso. Esperamos la misma posición en este caso.
En las últimas dos semanas, el proyecto para construir el gasoducto sur peruano ha sufrido vaivenes constantes. No es secreto que las negociaciones para vender la participación de la brasileña Odebrecht están en la cuerda floja tras la salida de la empresa estadounidense de energía Sempra de las tratativas, aunque el otro interesado se mantiene firme en sacarlo adelante. “Techint sigue en el negocio, nosotros consideramos tener toda la capacidad para construir el gasoducto y las negociaciones continúan”, señaló a este Diario un vocero del posible comprador.
Hoy, el gobierno se encuentra a la espera de la decisión de las empresas miembros del consorcio Gasoducto Sur Peruano (GSP). De no lograrse un acuerdo antes de mediados de enero, el gobierno podría volver a licitar el proyecto, anunció Alfredo Thorne, ministro de Economía y Finanzas. En medio de las idas y vueltas, vale la pena recordar el trayecto que llevó al proyecto a este momento.
La concesión se adjudicó en el 2014 al consorcio Gasoducto Sur Peruano conformado por Odebrecht y Enagás. En aquel entonces, hubo sospechas sobre el proceso ya que GSP quedó como único postor luego de que Pro Inversión descalificara al otro consorcio, llamado Gasoducto Peruano del Sur (conformado también por Sempra y Techint, aquella vez junto a GDF Suez y TGI), por no cumplir a tiempo con subsanar las observaciones hechas a su planteamiento.
La propuesta económica presentada por GSP ascendía a US$7.328 mlls. mientras que la del segundo consorcio era de US$7.192 mlls.
El consorcio descalificado presentó una acción de amparo en la que alegó que hubo irregularidades en este proceso ya que la hora límite para presentar la subsanación era las 9:30 a.m., pero una hora antes fueron notificados que ya habían sido descalificados dado que “no iban a estar en condiciones de subsanar las observaciones hechas”, señalaron en un comunicado. El Segundo Juzgado Constitucional de Lima declaró improcedente esta acción y el proyecto continuó.
Un año más tarde, en setiembre del 2015, Graña y Montero (GyM)ingresa a GSP y adquiere el 20% de la participación del consorcio por el monto de US$215 mlls. En aquel entonces, el proyecto ya tenía un avance del 34%. Por este motivo se estimó que el ducto podría iniciar la operación comercial en el 2017. Jorge Barata, director ejecutivo de Odebrecht Latinvest, anunció que en el 2015 la constructora brasileña invertiría US$1.200 mlls. para la compra de tubos y estudios de ingeniería.
La crisis del proyecto se hizo tangible en marzo de este año, luego de que fuera condenado a 19 años de cárcel Marcelo Odebrecht, CEO de la multinacional, por participar en un cártel de constructoras que pagaron sobornos para obtener contratos con Petrobras.
Esto generó que el sindicato de 20 bancos que otorgaría hasta US$4.100 mlls. para el financiamiento del proyecto condicionara el préstamo a que Odebrecth saliera del esquema, tanto del consorcio como de la empresa constructora, Ductos del Sur.
En agosto de este año, se supo que serían viejos conocidos los nuevos socios. El consorcio Sempra-Techint le ganó la puja a la española Ferrovial e inició las negociaciones para ingresar al proyecto.
Si bien en aquel entonces hubo nuevamente cierta calma, las negociaciones aún no llegan a buen puerto. Tras varias desavenencias entre las empresas privadas, el principal escollo hoy es una discrepancia con el Ejecutivo: el contenido de la llamada “cláusula anticorrupción” del contrato de concesión. En líneas generales, si se descubriera que hubo un acto de corrupción al licitar el proyecto, este regresaría al Estado.
La principal preocupación de los nuevos socios era que no sufrieran las consecuencias por lo que pudieran descubrir en los hechos previos a su ingreso al proyecto. Sin embargo, el gobierno ha sido claro: no modificarán la cláusula dado que esta administración busca ser coherente en su mensaje contra la corrupción. Cabe señalar que el Congreso y el Ministerio Público ya se encuentran investigando supuestos pagos indebidos hechos por la constructora brasileña durante la licitación del gasoducto.
Así, Sempra se retiró de la carrera. “A pesar de los esfuerzos, el gobierno peruano expresó su incapacidad de proporcionar a la compañía las garantías necesarias de que la concesión no sería cancelada debido a presuntas violaciones legales por parte del vendedor [Odebrecht] o sus afiliados”, declaró la empresa en un comunicado.
Ahora, se trata de una carrera contra el tiempo. Si el consorcio no logra asegurar el financiamiento del proyecto a mediados de enero del 2017, este regresaría al Estado y se podría continuar o volver a licitar el proyecto. Otra fuente, allegada al consorcio GSP, afirma que, en caso pase lo segundo, el Estado deberá pagarle a este más de US$1.000 mlls. en reconocimiento de las inversiones ya realizadas e invertir unos US$100 mlls. anuales en el mantenimiento de las obras que recibirá.
Uno de los puntos más controversiales del contrato del gasoducto es el esquema de financiamiento relacionado con los cargos a la tarifa eléctrica. El mecanismo de soporte y de garantía que el Estado le da al proyecto es que, desde que el ducto entra en operación comercial, el Estado le pagará al concesionario el monto equivalente al transporte de 500 millones de pies cúbicos día (MMPCD). Es decir, si se transportó 100 mllss MMPCD, el Estado pagará la diferencia.
Esto ya se está financiando a través de un cargo en el recibo de luz y se estima que este monto aumentará en los próximos años. El presidente Pedro Pablo Kuczynski ha criticado este mecanismo ya que representará una subida del 20% en las tarifas eléctricas en los próximos años. “Es un monto altísimo. Es algo que hay que pensar bien”, advirtió el mandatario.
El ministro Gonzalo Tamayo, de Energía y Minas, ha señalado que se evalúan “todas las opciones” en caso el proyecto no siguiera adelante. “Estamos a la espera de la decisión de los privados”, ha declarado el ministro.
El ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo Flores, se reunió hoy con representantes de la mancomunidad de la Macroregión Sur para informar sobre el estado del contrato de concesión del Gasoducto Sur Peruano. A la cita acudieron los gobernadores regionales de Arequipa, Yamila Osorio, y de Puno, Juan Luque, así como representantes de los gobiernos regionales de Madre de Dios, Tacna y Cusco.
“El contrato de concesión está vigente y esperaremos a la segunda quincena de enero del 2017 para que las empresas privadas nos informen del proceso de financiamiento que tienen previsto en dicho contrato”, indicó Tamayo Flores.
Agregó que en la medida de que el contrato de concesión y el cierre financiero no se diera por alguna razón, hay alternativas, dentro del propio contrato y dentro de la ley, que el Estado peruano las va a ejecutar para que el gas natural llegue al sur. “El gobierno garantiza que el gas natural va a llegar al sur del Perú en el más breve plazo”, enfatizó
“Estamos vigilantes desde el Estado de que los concesionarios cumplan con sus condiciones contractuales pero también estamos viendo distintas opciones en caso que no lo hagan”, subrayó el titular del sector.
Como parte de su visita a la región Arequipa, Tamayo Flores inspeccionó el avance de obras de la planta de regasificación norte de la empresa Gas Natural Fenosa (GNF), ubicada en el distrito de Cerro Colorado. Esta compañía es la encargada de la distribución de gas domiciliario en Arequipa y otras zonas del sur del país como Moquegua, Tacna e Ilo.
“La planta de gas natural de Fenosa ya está prácticamente lista. Esta planta va a reconvertir el gas natural que viene de la planta Pampa Melchorita, de Perú LDG, y que llega a la zona de Arequipa”, indicó el titular del sector. El ministro Tamayo estuvo acompañado por funcionarios de GNF, entre ellos el gerente general, José María Margalef; el gerente de distribución, Ricardo Mejía; y el gerente de operaciones, Julio Pardo.
Precisó que también hay otras plantas similares en Tacna, Moquegua e Ilo, y una segunda planta en Arequipa. “Esperamos que esta sea el punto de partida a través del cual la red de distribución comience a ofrecer pronto el servicio de gas natural a los hogares de Arequipa”, señaló el ministro de Energía y Minas.
Cabe indicar que el proyecto de masificación de gas natural del suroeste peruano (Arequipa, Moquegua y Tacna) tiene un avance del 90% y una inversión ejecutada de 15.5 millones de dólares, según Fenosa. El avance por región es de 92% para Arequipa, 51% para Moquegua y 90% para Tacna.
Finalmente, tras su visita a la planta regasificadora, Tamayo Flores inspeccionó el tendido de tuberías de gas natural en la urbanización Peruarbo del distrito de Cerro Colorado.
