El Acuerdo Federal Minero, que impulsa el Gobierno de la Nación en un trabajo conjunto con todas las provincias argentinas, incluida Chubut, ingresó en su etapa definitiva, en virtud del plazo de fin de este año que se estableció para su formulación. En este sentido, se espera que tras la próxima reunión del Consejo Federal Minero (Cofemin) se conozcan los primeros lineamientos, entre los cuales, según fuentes del sector, se encontraría el final de las explotaciones con una mirada ecológica.
A medida que avanzan las reuniones y los contactos entre Nación y las provincias, se conocen algunos de los aspectos más importantes a consensuar en ese ámbito, antes de la definición del Acuerdo que, así las cosas, a fin de año tendría su primer borrador.
Entre esos aspectos, los más destacados tienen que ver con las regalías que deja la actividad a los Estados, y el destino de esos fondos; así como las cuestiones vinculadas al aspecto ambiental y los controles tanto nacionales como provinciales que deberá tener cada uno de los proyectos.
Rodolfo Micone, presidente del Cofemin, sostuvo que “hay provincias que dependen exclusivamente del desarrollo de la minería, por lo que no podemos descuidar esta necesidad fundamental. Tenemos que trabajar unidos, superando las diferencias”, en declaraciones publicadas por el diario El Esquiú, de Catamarca.
Agregó que la discusión sobre el Nuevo Acuerdo Federal “incorpora nuevos conceptos que la sociedad demanda. Nuestra discusión no quedará solamente en el ámbito netamente minero, la trasladaremos hacia otros sectores de la sociedad civil adecuándonos a los tiempos que vivimos”.
En relación con la posición de algunas provincias, “el pacto quiere dejar establecido el destino de los fondos que se recauden por la actividad minera en todas sus categorías en el país. La cuestión es evitar que ese dinero vaya a gastos corrientes y que sea utilizado para obras y el fomento de proyectos productivos”, afirmó el portal de noticias Mdz Online, de Mendoza, donde en los últimos meses se concretó un debate convocado por el Gobierno Provincial para sentar las bases de una política de Estado para la actividad.
“La propuesta es que la minería ayude al desarrollo de proyectos productivos que después vayan andando solos, pensar en actividades que generen nueva actividad económica”, dijo el subsecretario de Energía y Minería de esa provincia, Emilio Guiñazú.
“Según Guiñazú, el texto del acuerdo podría estar listo para fin de año, pero allí viene el proceso de análisis en cada provincia, para que avance el pacto federal, lo cual ocurriría recién en 2017”, agregó la información.
Otra de las provincias que forman parte del Cofemin, Misiones, también presentó algunos puntos a considerar antes de la finalización del acuerdo.
La provincia mesopotámica “sostuvo una serie de modificaciones para el documento final de manera de no contradecir las normas internas en cuanto a la extracción de estos recursos y sobre todo respecto al llamado pasivo minero que establece las condiciones de sustentabilidad del terreno una vez concluida la explotación”, aseguró información publicada por el sitio Misiones On Line.
“Así las cosas, el Pacto Federal concluirá en que los proyectos de explotación deberán indicar el final de la obra con una mirada ecológica”, agregó.
El Ejecutivo nacional busca unificar criterios en la industria minera, una de las que más promoción tiene en la Nación. Las regalías son una de las piedras de tope y que marcan diferencias entre los representantes de las provincias.
Antes de fin de año debería estar redactado el pacto federal minero para que todos los gobernadores del Cofemin (Consejo Federal de la Minería) lo traten y se avance con una política minera nacional unificada. Se trata de los lineamientos que el presidente Mauricio Macri encargó a la Secretaría de Minería a cargo de Daniel Meilán para el desarrollo de la actividad en el país.
Mendoza es parte de la discusión y se da en un momento particular, porque al mismo tiempo que se diseña el acuerdo, en la provincia el subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú, avanza con la política minera que le propondrá al gobernador Alfredo Cornejo.
Como era de esperarse, los puntos más complicados de acordar son los referidos a las regalías. Esto ocurre porque el pacto quiere dejar establecido el destino de los fondos que se recauden por la actividad minera en todas sus categorías en el país. La cuestión es evitar que ese dinero vaya a gastos corrientes y que sea utilizado para obras y el fomento de proyectos productivos.
La postura mendocina que fue puesta sobre la mesa es la utilización de los recursos en proyectos productivos. “La propuesta es que la minería ayude al desarrollo de proyectos productivos que después vayan andando solos, pensar en actividades que generen nueva actividad económica”, dijo Guiñazú.
Utilizar los fondos en gastos corrientes, para el subsecretario mendocino, es “parar la rueda en la primera vuelta”. Además, se apunta a que la Nación -que recauda la renta minera nacional tanto con IVA como con Ganancias- también ponga su grano de arena y se está analizando la creación de fideicomisos.
La piedra de tope es que muchas provincias ya tienen proyectos mineros en operación y destinan sus recursos a gastos corrientes o infraestructura, lo que significaría cambiar algunas normas locales. Sucede lo mismo con aquellas provincias que tienen empresas mineras y organismos de control que difieren de los que se propone en la mesa del Cofemin. Eso hace que el tratamiento tenga posiciones encontradas y quede aún mucha tela por cortar, antes de una definición.
Según Guiñazú, el texto del acuerdo podría estar listo para fin de año, pero allí viene el proceso de análisis en cada provincia, para que avance el pacto federal, lo cual ocurriría recién en 2017. En tanto, el subsecretario destacó el rol de la Secretaría de Minería de la Nación, “la que mejor entiende el tema federal, entiende que las provincias son las dueñas de los recursos”, dijo.
