Los principales encargados de impulsar la obra pública en el país se reunieron ayer en el Ministerio del Interior. El objetivo fue, mientras la economía vive un contexto recesivo, encontrar las palancas para impulsar la construcción privada. En esa mesa estuvieron el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; el coordinador de la Jefatura de Gabinete, Mario Quintana; el ministro de Trabajo, Jorge Triaca; Juan Chediack, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC); Gerardo Martínez, secretario general de la Uocra; Ricardo Delgado, subsecretario de Coordinación de la Obra Pública Federal, y el secretario de Obras Públicas, Daniel Chaín. El tema principal fue la necesidad de hacer reformas legales, normativas y regulatorias en el sector. Entre las propuestas, se mencionó una nueva ley de alquileres.
Muy incipiente, casi como un comentario más, esa idea se puso sobre la mesa luego de que, anteayer, el Senado dio media sanción, por unanimidad, a un proyecto de la senadora Silvina García Larraburu (Frente para la Victoria) que fija un tope a los incrementos de los alquileres de los casi 6,5 millones de inquilinos y que ya desató una fuerte polémica entre propietarios, inmobiliarias, expertos del sector y los legisladores.
No es la primera vez que el kirchnerismo impulsa una medida así. Ya lo habían intentado, sin éxito, los senadores Teresita Quintela, en 2009, y Osvaldo Ramón López y María Rosa Díaz, en 2012. Incluso los detractores más memoriosos comparan la iniciativa con las regulaciones del primer peronismo, en la década del 40, que congeló los alquileres y provocó el fin de la construcción de departamentos para ese fin por años."Si hay más inmuebles para alquiler, bien, pero si se retrae la oferta, el proyecto no tiene sentido", advirtió el presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), Alejandro Juan Bennazar.
"Los propietarios pueden llegar a retraer la oferta de sus inmuebles debido a la extensión de los plazos del alquiler residencial, que de dos años pasan a ser de tres años", estimó José Rozados, director de la consultora Reporte Inmobiliario, a la agencia Télam. Con esa idea coincidió su socio Germán Díaz Picasso, que agregó: "La rentabilidad para los propietarios es la más baja de la historia. Si tienen que pagar el ABL, lo van a cargar al alquiler". Sin embargo, el experto señaló que la renta que ganan los dueños de los departamentos es tan baja que quizá la actualización con índices reales de inflación y salarios otorgue "más previsibilidad".
"Estamos necesitando que la gente invierta en la Argentina, que invierta en ladrillos, invierta en la construcción", afirmó Armando Pepe, fundador de la CIA en 1980. El empresario indicó que "no se puede poner un mínimo de tres años [en el plazo de los contratos] y poner un índice para actualizar los alquileres cuando está prohibida la indexación en la Argentina". "Lo que hay que hacer -continuó- es derogar la prohibición de indexar en la Argentina y que se puedan ajustar los alquileres por UVI o por UVA", señaló, sobre las unidades de cuenta lanzadas por el Banco Central.
"Esto va a producir una retracción de la oferta de propiedades en todo el país", pronosticó Pepe, y completó. "Siempre que se ha hablado de querer proteger al inquilino, éste es el que ha salido perjudicado. Hay otro objetivo detrás de esto y es utilizar a los inquilinos para tener un proyecto político por detrás", sugirió.
Ante la consulta de LA NACION, la senadora García Larraburu defendió su proyecto. "Los argumentos que hablan de la restricción de la oferta no tienen un asidero real y creo que surgen del lobby que pretende confundir a los actores involucrados", indicó la legisladora, y agregó: "El proyecto plantea una actualización acorde con parámetros reales, que se basan en un índice que promedia los niveles inflacionarios con las variaciones salariales".
Según dijo, "el sector propietario no recibirá ningún tipo de menoscabo a la renta real de sus inmuebles, donde el precio es establecido por la oferta y la demanda". La senadora dijo que, por el contrario, "el efecto proyectado es una activación más fluida en materia de contratos de alquileres", ya que se proporcionan "valores más transparentes de la evolución económica". El debate seguirá en la Cámara de Diputados.
Contratos más largos: Los contratos de alquiler pasan de los actuales dos años a tres.
Tope a los precios: La actualización del precio anual se hará según un índice de precios y salarios promediados. Sólo se efectivizará si la inflación supera el 10% anual.
Impuestos: Los impuestos que gravan la propiedad y las expensas extraordinarias estarán a exclusivo cargo del propietario.
El depósito: El depósito en garantía no podrá superar un mes de alquiler y será devuelto al valor del último mes del contrato.
Dejar el departamento: La rescisión del contrato por parte del inquilino podrá realizarse en cualquier momento.
La renovación: Las partes deberán acordar 60 días antes del término del contrato si lo renovarán o no.
