Como parte de los esfuerzos para estimular la economía y mejorar el clima de inversión, el gobierno del presidente Michel Temer ha dado prioridad a la atracción de mayor inversión privada en el sector de la minería. Desde que asumió el cargo en mayo, Temer ha reorganizado el personal y priorizado esfuerzos para crear más oportunidades para las empresas privadas. En noviembre, el gobierno abrió licitación para proyectos mineros en Pernambuco, Paraiaba, Rio Grande do Sul, Goiás y Tocantins Unidos como parte de un programa de concesión de infraestructura más grande.

 La administración espera crecer sobre la minería durante el año 2017 el Departamento Nacional de Producción Mineral (DNPM) planea vender algunos derechos de exploración mineral de 22.000 en todo Brasil. Además, el gobierno también planea ofrecer nueve concesiones mineras estratégicas en 2017. A esta ráfaga de actividad sigue el nombramiento de Eduardo Ledsham, un ex alto funcionario de conglomerado minero de Brasil Vale, como jefe de la agencia de investigación geológica encuesta geológica de minerales ( CRPM).

A pesar de una agenda ambiciosa para crear más oportunidades de inversión, el gobierno ha reconocido la necesidad de nuevas reformas para atraer mayores niveles de inversión. En una entrevista con Reuters publicado en octubre, Ledsham dijo que el sector minero de Brasil había sido congelado desde 2012 y que su objetivo era lograr una mayor transparencia y una mayor seguridad para tranquilizar a los inversores. El jefe de la CRPM observó que el Brasil tenía alrededor de un 30 por ciento de la inversión minera por kilómetro cuadrado de  Canadá y Australia. Los niveles más bajos de inversión y la actividad en Brasil deben en parte a las preocupaciones regulatorias, incluyendo un código obsoleto minería y la incertidumbre política relacionada con largo alcance escándalos de corrupción, los problemas económicos estructurales y el estancamiento político.

Las realidades políticas hará que sea difícil para Temer para resolver los desafíos más profundos del país, pero su administración ha logrado algunos avances en la eliminación de los obstáculos a una mayor inversión privada en sectores clave, como en petróleo y gas, donde votó el Congreso en octubre para suavizar las normas sobre la petrolera estatal la participación de Petrobras en proyectos costa afuera. En el sector minero, el gobierno también ha respaldado reformas específicas. Por ejemplo, la cabeza CRPM Ledsham se ha comprometido a simplificar las normas para la adquisición de licencias de explotación minera y mejorar la coordinación entre su agencia y DNPM, medidas que aborden las preocupaciones planteadas por las empresas mineras.

 El gobierno también ha dicho que apoya la introducción de un nuevo código de minas, pero los intentos anteriores para introducir nueva legislación se han estancado durante varios años debido a la resistencia política y la industria. Un nuevo código de minería fue elaborado durante el gobierno de Dilma Rousseff, pero la actual administración ha dicho que esa versión era demasiado centrado en el aumento de la participación del estado de ingresos y ha hecho un llamamiento para que reescribirse para centrarse en incentivar la inversión.

Aunque la administración Temer ha establecido credenciales pro-empresariales  cualquier intento de llevar a cabo una revisión del sector minero aumentaría el nivel de incertidumbre de cara a los inversores. Por otra parte, el resultado de un proceso, no se garantiza dada la situación política actual. pro-negocios reformas de temer son populares entre los inversores, pero sus políticas económicas han provocado protestas masivas y huelgas, mientras que su índice de unfavorability personal se elevó a 52 por ciento en octubre según el encuestador MDA. El presidente y un número de altos cargos en el gobierno y el Congreso han sido implicados en escándalos de corrupción que eventualmente podrían hacer que sus posiciones insostenible.

Como tal, las perspectivas a largo plazo para la actual administración son inciertos y el ciclo persistente de crisis políticas que enfrenta el gobierno sólo se sumará a la complejidad de un proceso ya un reto para volver a escribir todo el código minero de Brasil. Cualquier proceso para elaborar una nueva legislación minera se verá influido por el resentimiento persistente sobre el hundimiento mortal de un dique en la mina de Samarco en noviembre de 2015, lo que podría hacer que sea difícil para los legisladores para resistir la presión de promulgar requisitos medioambientales y de seguridad más estrictas sobre la industria. 

En el estado minero más importante de Minas Gerais, donde se produjo el desastre Samarco, los funcionarios han pedido una mayor supervisión a nivel nacional y activistas han dicho que las regulaciones existentes dependen demasiado de auto-reporte de la industria. Con base en el clima político actual, un enfoque más eficaz puede ser el foco en términos o áreas específicas del código, ya que el Congreso ya ha hecho en petróleo y gas, en lugar de volver a trabajar todo el régimen de regulación.

En una apuesta exterior por la minería en Brasil, Vale y la anglo-australiana BHP Billiton ofrecieron hoy líneas de crédito de corto plazo a la compañía Samarco, controlada por ambas a partes iguales, de hasta 230 millones de dólares, para apoyar sus operaciones durante el primer semestre de 2017.

La minera Samarco no opera en Brasil desde la tragedia causada por un vertido tóxico que el año pasado dejó 19 muertos en la mayor catástrofe ambiental en la historia del país, lo que ha paralizado económicamente a muchas localidades que dependían de su actividad.

"Los fondos serán liberados en la medida en que fueran necesarios y siempre sujetos al cumplimientos de determinadas condiciones por parte de Samarco", señaló un comunicado de Vale enviado al mercado.

El aporte de la línea de crédito está dividido entre las dos empresas, a razón de 115 millones de dólares cada una.

El desastre ocurrió el 5 de noviembre de 2015, cuando dos diques de Samarco, que contenían depósitos de agua y residuos minerales, se rompieron y lanzaron una riada tóxica que barrió del mapa al poblado de Bento Rodrígues, en el estado de Minas Gerais, en el centro del país.

Fueron incalculables los daños causados a lo largo de unos 650 kilómetros de la cuenca del río Doce.

En mayo pasado, la Justicia aprobó un acuerdo firmado entre el Gobierno y las mineras responsables del vertido que compromete a las empresas a destinar 20.000 millones de reales (unos 5.900 millones de dólares) durante la próxima década para resarcir a las víctimas y reparar los daños.

En este sentido, Vale ha avisado a sus accionistas de que "es probable" que sean llamados para cumplir, en la proporción que les toca, es decir el 50 %, las "obligaciones del acuerdo" firmado con las autoridades brasileñas para "la restauración del medioambiente y de las comunidades afectadas" por la ruptura de los diques.

Vale y BHP Billiton calculan que desembolsarán alrededor de 181 millones de dólares cada una en el primer semestre de 2017.