La Cámara de Diputados aprobó con 99 votos a favor, 2 en contra (Osvaldo Urrutia y Jorge Ulloa, ambos UDI) y 4 abstenciones, el proyecto que obliga la inserción en el Diario Oficial de la Ley n°13.196 Reservada del Cobre. Este hecho permitirá que esta ley deje de tener el carácter de secreto o reservado y su contenido pueda ser conocido por todos los ciudadanos.
El texto, remitido al Ejecutivo para su promulgación, establece que “en el Diario Oficial, conjuntamente con la publicación de la presente ley, deberá insertarse el texto íntegro y actualizado de la ley N° 13.196”.
Esta ley, establece un mecanismo especial de financiamiento de las Fuerzas Armadas, correspondiente al 10% a las ventas brutas al exterior de Codelco. Los casos de corrupción al interior del Ejército, aumentó los cuestionamientos sobre la transparencia y eficiencia con que son usados estos recursos.
Dentro de las recomendaciones que entregó el informe que abordó el denominado “Milicogate” se encuentra la derogación de esta normativa y se propone establecer un nuevo sistema de financiamiento de las FF.AA.
El origen de esta normativa se remonta a 1958, pero fue modificada durante el gobierno militar. Esta ley entrega el equivalente al 10% del total de las exportaciones anuales de Codelco a un fondo que administra el Ministerio de Defensa y del cual surgen los recursos para que las distintas ramas de las Fuerzas Armadas compren sus pertrechos militares, de acuerdo con las cuotas de gasto que autoriza el Gobierno. Los excedentes de lo recaudado por dicha normativa se acumulan en un fondo especial, que gestiona el Ministerio de Hacienda.
La Ley Reservada del Cobre -que actualmente obliga a que un porcentaje de los ingresos de la estatal Codelco vayan a las Fuerzas Armadas- ha sido ampliamente debatida por los distintos actores tras los últimos resultados de la estatal, que arrojaron una pérdida de US$97 millones en los primeros seis meses del año, y al excesivo endeudamiento que se ha sometido a la estatal para financiar su plan de inversiones de mediano plazo.
Sin embargo, otros parlamentarios apuntan a que estos recursos vayan a otras instancias como salud y educación.
A través de una carta abierta a los senadores y diputados, la Federación de trabajadores del Cobre (FTC) habrían exigido a principios de este año el fin de la Ley Reservada del Cobre teniendo en cuenta el escenario actual de los precios del metal y su impacto, principalmente, en la minera nacional.
Desde 1995 hasta fines del año pasado, la estatal ha destinado US$ 17.456 millones a las Fuerzas Armadas por medio de esta ley. Esta suma es equivalente -levemente inferior- a lo que tiene hoy presupuestado invertir Codelco para desarrollar sus proyectos estructurales, vitales para mantener la producción.
El presidente del directorio de Codelco, Óscar Landerretche, explicó ante los diputados que si esta ley no existiera, la minera habría obtenido una utilidad adicional después de impuestos de unos US$ 330 millones el año pasado. De ahí que una serie de personas en el sector minero y también al interior de Codelco estén desde hace un tiempo proponiendo derogar esta ley.
En tres ocasiones, distintos gobiernos han intentado cambiar la ley, aunque sin éxito. Actualmente, el Ejecutivo también está trabajando para ver alternativas que permitan flexibilizar la norma que en enero cumplió 58 años.
En una carta enviada el año pasado a "El Mercurio" por Eduardo Engel, Andrea Repetto y Marcela Ríos, estos insistían en que la forma de asignar recursos de la Ley Reservada del Cobre "incrementa los riesgos de fraude y corrupción", dado que se trata de fondos al margen de la Ley de Presupuestos sobre los cuales tanto el Congreso como la Contraloría cuentan con escasas facultades para fiscalizar su utilización. Los tres profesionales pedían la derogación de la norma, como parte de una "agenda amplia de probidad para el país".
Por otro lado, Óscar Landerretche planteó recientemente en el Congreso la idea de que los dineros recogidos por esta ley sean reinvertidos por Codelco, como una forma de devolver la mano por toda la plata que se le ha extraído a la minera estatal sin destinarlos a la empresa. Esto, porque de esta forma la minera tendría más recursos para invertir en sus proyectos y se generarían ahorros para el Estado de entre US$ 50 millones y US$ 80 millones.
