Scotiabank cree que posible revocación de la concesión del megaproyecto constituye un “golpe mayor” a la compañía.
El Grupo Graña y Montero, que posee el 20% de participación en el consorcio operador y el 19% en el consorcio constructor del Gasoducto Sur Peruano, enfrenta una situación difícil ante la posibilidad de que la concesión actual del proyecto sea revocada.
La división Equity Research de Scotiabank cree muy probable que Graña y Montero cancele sus inversiones en el proyecto. “La combinación de perder una grande porción de su backlog y perder una afluencia estable de ingresos es un golpe mayor a la compañía”, indica, en su último reporte sobre el tema.
Scotiabank redujo su precio objetivo de US$8.5 a US$7.5 en el mercado norteamericano. Para acciones locales, la reducción del target price fue de S/.5.80 a S/.5.10.
La entidad también explica que, ante la posible anulación del actual contrato de concesión, Graña y Montero enfrentará un impacto en su hoja de balance pues ha reservado una inversión de S/.586 millones para el proyecto. “Esto implica que las perspectivas de crecimiento han declinado significativamente”, indica la firma de research.
En línea con la perspectiva de otras firmas como Kallpa SAB o Credicorp Capital, Scotiabank indica que el backlog de la subsidiaria GyM mermaría en un 50% o más.
Sin embargo, no todo está perdido para Graña y Montero, que “debería poder recuperar una porción sustancial de sus inversiones”, tal como la misma compañía indicó en un comunicado.
ENERNEWS
La salida de Odebrecht del Gasoducto Sur Peruano se está transformando en una novela por entrgas. El último capítulo es el desentendimiento de Sempra de entrar en el negocio. La prensa limeña generosos espacios a un tema que tiene en vilo la política y a la comunidad de negocios del Perú.
EL ECONOMISTA
El consorcio Sempra International desistió en la negociación con la constructora brasileña Odebrecht para comprar su participación de 55% en el Gasoducto Sur Peruano por unos 6,5000 millones dólares. Su socio Techint se mantiene en la puja para adquirir esta participación en el proyecto.
Sempra International anunció el miércoles que terminó sin un acuerdo la negociación con la brasileña Odebrecht para comprar su participación en un proyecto de un gasoducto, que según la empresa tiene un valor de unos 6,500 millones de dólares.
Sempra y el consorcio integrado por Techint buscaban comprar 55% de la participación de Odebrecht en el proyecto del gasoducto peruano, que está bajo la lupa del Gobierno de Lima por investigaciones de presunta corrupción en su proceso de concesión en el 2014.
En negociaciones previas, Sempra tenía contemplado comprar 50% de la participación de Odebrecht en la operación del gasoducto y Tecpetrol, una unidad de la firma Techint, adquiriría 5% restante.
Más temprano, Techint informó que sigue interesada en la compra de una participación minoritaria en el gasoducto peruano. En el proyecto, la española Enagás tiene 25% y la peruana Graña y Montero 20 por ciento.
Techint, de capitales argentinos, dijo en un correo electrónico enviado a Reuters -que consultó sobre el tema- que continua en el negocio que aún se está desarrollando.
"Por parte de Techint nada ha cambiado", afirmó.
Perú dijo la semana pasada que podría volver a licitar el próximo año el contrato de construcción del gasoducto de al menos 5.000 millones de dólares, mientras que fiscales investigan la concesión del proyecto.
Odebrecht, la mayor empresa de construcción e ingeniería de Latinoamérica y que actualmente enfrenta un escándalo de corrupción en Brasil, busca concretar la venta de este proyecto en Perú mientras ofrece también otros activos en la región en busca de recaudar efectivo y pagar deudas.
De acuerdo a las conversaciones, Techint quiere comprar también 71% que tiene Odebrecht en la fase de construcción de la infraestructura del Gasoducto Sur Peruano.
"Nosotros en Techint consideramos tener toda la capacidad para construir el gasoducto", dijo la firma.
El desarrollo del proyecto está retrasado debido a que aún no logra cerrar con un grupo de bancos internacionales un préstamo de 4.125 millones de dólares para financiar el ducto de 1,134 kilómetros que abastecerá de gas el sur de Perú.
La obra tiene un avance aproximado de 35% y se espera que su construcción esté concluida en el 2019.
El proyecto es considerado clave en Perú porque permitiría la creación de un polo petroquímico en el sur y surtiría de energía a grandes mineras que operan en el país andino.
Graña y Montero, cuyas acciones en la bolsa limeña han caído alrededor de un 20% en los últimos tres días por la incertidumbre en torno al proyecto, afirmó que si el Estado peruano decidiera cancelar la concesión, el contrato contempla una mecanismo por el cual recuperarían su inversión en el ducto.
DE NOVELA
Si bien el gobierno parece preferir que el proyecto vuelva a licitarse, la paralización y posterior cancelación del Gasoducto Sur Peruanotambién tendrá un impacto macroeconómico inevitable. Sobre todo en la inversión privada, para la cual el MEF contemplaba ya una caída de 1.5% en el 2016 y un crecimiento de 5% en el 2017.
Quedará por verse cómo el nuevo gobierno compensa el hueco en la inversión ejecutada que dejaría el Gasoducto Sur Peruano. Más aun cuando éste era uno de los principales proyectos que hasta hace unos meses buscaba destrabar la actual gestión, con el fin de suplir la reducción del IGV que busca llevar adelante
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) respalda la posición del Gobierno de mantener la cláusula anticorrupción en el contrato del Gasoducto Sur Peruano (GSP), porque de eliminarse estaría abierto a cosas irregulares, señaló hoy el presidente del gremio, Carlos Gálvez.
El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, señaló hace nos días que no se hará otro contrato para la construcción del Gasoducto Sur Peruano y que el Gobierno insistirá en la cláusula anticorrupción que se contempla en el actual acuerdo.
“En el tema del Gasoducto del Sur hay una cláusula anticorrupción que está en todas las concesiones del mundo, y nosotros como Gobierno insistimos en esa cláusula, por eso ha habido algunos comentarios que de repente se hace otro contrato. No va a haber otro contrato”, afirmó.
Cabe indicar que el cambio de la cláusula anticorrupción del contrato del Gasoducto Sur Peruano (que busca la masificación del gas natural en el sur del país) era clave para cerrar la compra de acciones y el financiamiento del proyecto que asciende a 7,500 millones de dólares.
Según publicaron medios nacionales, la solicitud fue hecha por el nuevo consorcio Sempra-Techint que comprará el 55 % de las acciones de la empresa brasileña Odebrecht en el consorcio.
De otro lado, Gálvez sostuvo que las actividades productivas del sector mineroenergético continúan constituyéndose como uno de los principales aportantes al crecimiento económico del Perú.
“Pero somos conscientes que aún hay mucho por hacer para afianzar el desarrollo sostenido del país y lograr cerrar las brechas de desigualdad social”, señaló.
En ese contexto, dijo que es necesario que el Perú siga siendo un país confiable para los inversionistas y ello, se logra con un marco legal que garantice seguridad jurídica.
Manifestó que el aporte del sector mineroenergético al desarrollo nacional es indiscutible, pero existen algunos grupos minoritarios que responden a intereses particulares e ideológicos que están empeñados en ensombrecer nuestro trabajo y ahuyentar las inversiones con acciones violentas.
El presidente de la SNMPE anotó que también se requiere mejorar la competitividad del país e impulsar el fortalecimiento de su economía, así como afianzar la gobernabilidad y la paz social, pues son factores claves que se toman en cuenta para toda inversión.
“Es fundamental que el Perú cuente con una política tributaria clara y precisa, que no deje espacios para interpretaciones antojadizas, a fin que le brinde a los inversionistas la confianza de que las reglas de juego no serán modificadas”, subrayó.
Asimismo, manifestó que los contratos de estabilidad tributaria y convenios de estabilidad jurídica, se forjaron como una importante herramienta que garantiza a los inversionistas que el Estado no cambiará las reglas de juego, lo que permitió que el Perú se convirtiera en una de las naciones más atractivas para la inversión privada en América Latina.
Los convenios de estabilidad jurídica y contratos de estabilidad tributaria, precisó, no significan la exoneración de pagos de impuestos, ni la obtención de beneficios tributarios, como la reducción y/o eliminación de tasas impositivas.
“Estos convenios serán necesarios mientras persistan iniciativas políticas y no técnicas que pretendan alterar la estabilidad jurídica que ofrece el país”, puntualizó.
Las inversiones en el sector mineroenergético son a largo plazo, razón por la cual los convenios de estabilidad jurídica y contratos de estabilidad tributaria han dado la confianza, soporte y garantías para que los inversionistas apuesten por estas actividades productivas, comentó Gálvez.
Estas declaraciones las brindó al inaugurar la Décimo Sexta edición del Simposium de Tributación Mineroenergética que organizó el Comité de Asuntos Tributarios de la SNMPE, con el objeto analizar temas referidos al impacto que tendrán en el sector minero las nuevas medidas tributarias, derechos del contribuyente versus facultades de la administración, conceptos controversiales en la deducción de gastos y la problemática con relación al aporte por regulación.
El Jefe de Estado aseguró que para recuperar los niveles de inversión de años anteriores se debe impulsar los proyectos de infraestructura útil en el Perú.
El Gasoducto Sur Peruano está de moda entre los representantes del Poder Ejecutivo, ya que no solo generó comentarios de la segunda vicepresidenta de la República, Mercedes Araóz, y del presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, sino que ahora le tocó el turno al propio presidente Pedro Pablo Kunczynski.
Kuczynski indicó que el GSP es un proyecto de infraestructura que tiene un componente que vincula al público peruano a través del pago de las tarifas eléctricas, aunque eso fue observado por el Jefe de Estado.
“Si vemos, por ejemplo, el ducto de gas al sur, como está el contrato en este momento habría un alza de tarifas eléctricas para los usuarios no industriales del orden de 20% para financiar el equity del tubo, eso es altísimo”, dijo.
En ese sentido, manifestó que ese aspecto del GSP “es algo que hay que pensarlo bien”.
Durante el seminario “Retos Perú 2021: Formalización, innovación y desarrollo sostenible”, organizado por el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), mencionó que un reto fundamental para el Perú es aumentar los ingresos sobre una ancha base tributaria.
“Lo que necesitamos aquí es aumentar el ingreso por habitante pero tenerlo distribuido de una manera tal que no haya una informalidad que surja de la disparidad entre una economía muy moderna arriba y un montón de empresas pequeñas o empresarios abajo”, anotó.
Enfatizó que cuanto más se cierre esa distancia, entonces menor será el incentivo a la informalidad.
“Entonces ¿cómo hacemos para que la economía crezca más y cómo hacemos para que este crecimiento se distribuya mejor para simplificar las cosas al máximo?, bueno yo creo que para que una economía crezca se necesitan muchas cosas pero en términos híper simples necesitamos inversión”, acotó.
Sin embargo, enfatizó que el Perú necesita inversiones productivas, ya que son las que impulsarán el crecimiento del país, tal como ocurrió en los últimos 20 años.
“Pero lo que ha ido pasando es que en los últimos tres a cuatro años la relación de inversión bruta sobre Producto Bruto Interno (PBI) ha bajado, estamos hoy en 26% o 27% del PBI pero antes estábamos en 29% a 30%”, refirió.
En ese sentido, manifestó que para recuperar los niveles de inversión de años anteriores se debe impulsar los proyectos de infraestructura útil, la cual ha ido subiendo, ya que hace 15 años representaba el 3% del PBI pero ahora está entre 5% a 6%, aunque podría ser más.
Asimismo, mencionó que el financiamiento de proyectos de infraestructura no es un problema en el Perú, ya que existen diversas modalidades como las Asociaciones Público Privadas (APP), las obras públicas, la inversión privada “pura”, entre otros.
“Este es el país (Perú) de América Latina, más imaginativo en esos temas pero no olvidemos que aunque sea iniciativa privada, hay un componente público grande”, anotó, aunque reconoció que falta más “organización”.
