El extenista participó activamente en las negociaciones debido a su llegada al emir de Qatar y a su relación con empresarios del mencionado país. La polémica se da que más allá del lobby, hubo tráfico de influencias ya que el funcionario Horacio Reyser le compartió información confidencial al ganador de Roland Garros 2004.
El periodo comprendido entre el 28 de junio, cuando el emir de Qatar visitó a Macri en Olivos y el 6 de junio cuando se oficializó el merándum estuvo plagado de un entramado de relaciones sociales bastante polémicas. Información privilegiada, filtración de mails, estructuras offshore para maximizar rentas y un acuerdo de confidencialidad que un funcionario del Gobierno no cumplió fueron moneda corriente de esta negociación que involucra al extenista Gastón Gaudio.
Las negociaciones fueron llevadas adelante por Horacio Reyser, asesor con rango de subsecretario de Macri en inversiones extranjeras y en la última semana nombrado en Cancillería, a cargo de la Secretaría de Relaciones Económicas. Por el lado qatarí, los representantes de QIA (Qatar Investment Authority) estuvieron al frente.
Ahí entra Gaudio, quien sumó a su amigo de la infancia Nicolás Rosendi quien comenzó a reunirse con empresarios argentinos para ofrecerles participar de las inversiones de QIA y poner a disposición sus servicios, adelantándose a los acuerdos entre ambos Estados gracias a la información (privilegiada) que fue recibiendo de Gaudio.
A partir del 14 de agosto todo comenzó a tornarse más oscuro y con el extenista en un rol central. Juan Procaccini, presidente de la Agencia Argentina de Inversiones, le envió un mail a funcionarios de la Jefatura de Gabinete, al Jçjefe de Gabinete de la Secretaría de Finanzas de la Nación, Pablo Quirno; a Luis Blaquier, a cargo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y al propio Gaudio.
Según reconstruyó en un buen informe el diario Perfil, casi en simultáneo que los funcionarios iban detallando cada reunión con los representantes árabes, Gaudio enviaba toda la información a su amigo personal Rosendi. Y cuando quedó afuera de la agenda, el propio Reyser se encargó de enviar todos los detalles al “Gato”.
Con la información privilegiada Rosendi habría avanzado en la firma de un contrato con QIA para ser uno de los representantes locales del fondo y obtener comisiones a partir de cualquier negocio cerrado. Las empresas para esto serían Morris Business Management Group, Capital Consulting S.A y LatinAmerican Re, todas relacionadas de alguna manera con él.
Justamente el martes 18 de octubre, Gaudio y Rosendi se dirigieron a las oficinas de YPF para mantener una charla directa con el presidente Miguel Ángel Gutierrez. Siempre a titulo personal y sin presentarse como representantes de algún otro sector o Estado.
En diálogo con Perfil, Rosendi señaló que “la gran mayoría de las preguntas se refieren a la relación del Gobierno con Qatar y no tengo ningún rol ni relación en las conversaciones entre el Gobierno y Qatar. Ni personalmente ni por intermedio de sociedades con las que estoy relacionado”. Por otra parte, confesó que asesoró a Gaudio “en algunas cuestiones personales, pero ajenas a la relación con Qatar y/o cualquier otro país extranjero”.
Aunque desde el Gobierno nacional aseguran que "nada de lo que recibió" Gaudio "es confidencial", el 3 de noviembre quien fuera campeón de Roland Garros en 2004 recibió de Reyser los últimos borradores del memorándum que negociaron los funcionarios del Estado argentino con los representantes de QIA. Inclusive con la lista de las empresas candidatas a administrar el fondo (Blackstone, Blackrock, Adhmore y KKR).
Apenas tres días después, el domingo 6 de noviembre, la vicepresidenta Gabriela Michetti fue la encargada de liderar el acto en Qatar. Allí la firma la puso Blaquier, con Gastón Gaudio entre los presentes.
FORTUNA
RAMÓN INDART
Dos economistas analizaron las principales pautas del convenio que Argentina firmó con el país árabe.
El polémico memorándum que firmó la Argentina con Qatara través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para la llegada de mil millones de dólares menciona, entre otras cuestiones, la necesidad de crear una estructura offshore para la “eficiencia” en el pago de impuestos, además de cláusulas de confidencialidad que pusieron en alerta a varios sectores políticos.
En paralelo, la cuestión comenzó a ser analizada por economistas que plantearon su visión al respecto ante la necesidad de conseguir inversiones por parte de la Argentina. ¿Vale todo por la urgencia de inversiones? ¿O estamos ante una cesión de soberanía jurídica?
El especialista en finanzas y Economía, Manuel Adorni se mostró a favor del acuerdo. Según explicó a FortunaWeb “El reciente acuerdo con sigue con los lineamientos ideológicos (o al menos del cúmulo de intenciones que siempre ha mostrado) del Gobierno de Macri: inversiones y apertura con elementos del nuevo siglo. Atrás quedaron las pequeñeces y las cuestiones protocolares populistas:
Argentina es un país que necesita una serie de hechos para lograr un crecimiento sostenible y uno de esos hechos es la llegada de inversiones. Y a quienes gusten invertir hay que darles la posibilidad de poner ciertas condiciones. Con ver nuestra historia todos saben que el largo plazo en Argentina siempre es un gran interrogante y el costo de ese interrogante con las condiciones de los inversores”.
Según Adorni, “el FGS de ANSES es dinero que literalmente se le expropió a los privados que habíamos optado por confiar nuestros fondos a administradoras privadas”, por ende “cualquier destino que se le quiera dar a esos fondos que no sea el de devolverlo a las manos de sus dueños originales, por definición sería continuar con la irresponsabilidad que alguna vez tuvo un gobierno populista y todos sus legisladores que acompañaron aquella expropiación”.
“Qatar, China, India o EEUU. Todos son bienvenidos. Nosotros los necesitamos por una simple razón: somos poseedores de una economía que no crece y que tiene un 30 por ciento de pobreza. Razón más que suficientes para aprovechar el sobrante de dólares que hoy existe en el mundo a causa de las bajas tasas y hasta que esto no cambie es obligación de la Argentina aprovechar cada una de las oportunidades de inversión externa que se nos presenten. Hoy es un buen momento, y hay que acompañarlo con un cambio profundo en cuestiones impositivas, de infraestructura y de visión en la integración al mundo de hoy”.
En la vereda opuesta, el economista José Castillo se refirió al memorándum que firmó la Argentina como una “cesión absoluta de soberanía jurídica”. “El tratado firmado entre Argentina y Qatar es escandaloso”, comenzó. “Crea una ‘estructura’, de hecho un fondo de inversión entre el FGS (digámoslo claramente, dinero aportado por los jubilados argentinos) y el QIA (fondo soberano qatarí creado a partir de excedentes petroleros). Es obvio que se trata de dos fondos con orígenes y objetivos muy disímiles”.
En ese sentido, apuntó “En el caso de los qataríes es el ‘dinero que les sobra’ a un emirato y por lo tanto puede arriesgarlo en inversiones de alta rentabilidad (y también peligrosidad). En el caso argentino, una estructura financiera que es la única que existe para garantizar que se puedan seguir pagando las misérrimas jubilaciones que existen en las próximas décadas y que debería ser colocado solo en inversiones de bajísimo riesgo y absolutamente bajo el control jurídico del estado argentino. El dinero de los jubilados es usado ahora, ya no sólo para financiar cualquier proyecto privado nacional o internacional, sino directamente en la ruleta de las valorizaciones especulativas internacionales”.
Además, para Castillo “el acuerdo implica una cesión absoluta de soberanía jurídica. Por la utilización del esquema de las empresas off-shore que justamente está en la mira a partir de los Panama- Papers. El Estado argentino pasa a brindar todo el apoyo y la estructura administrativa para el armado de una estructura jurídica oscura: la ‘confidencialidad’ en este caso es más profunda y peor que la que en su momento se criticó sobre YPF en sus acuerdos con Chevrón. Recordemos que otro de los cuestionamientos a ese acuerdo YPF-Chevrón era justamente el armado de empresas fantasmas off-shore para la circulación de fondos. Ahora, en el acuerdo con el fondo qataría QIA, se va más a fondo en esta dirección”.
“Resulta evidente que el ‘apuro’ en aprobar la nueva ley de Participación Público-Privada (PPP), piedra nodal de un nuevo esquema de inversión público, les da un paraguas “a medida” al nuevo Fondo de Inversión “qatarí-argentino”. En concreto, el FGS, ya no solo se los utiliza para inversiones, préstamos, compra de bonos, o sostenimiento de tipo de cambio. Ahora se da un salto en calidad: va a capitalizar un fondo de inversión off-shore, opaco en la transparencia de su información, administrado internacionalmente, y bajo jurisdicciones legales extranjeras”.
RAMÓN INDART
Una estructura offshore para la "eficiencia" en el pago de los impuestos y un administrador extranjero. Estas dos cuestiones son algunas de las tantas que llaman la atención en el tratado comercial que firmaron la Argentina y Qatar el 6 de noviembre, a través de dos actores: el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES y Qatar Investment Authority (QIA).
¿Cuándo empezó esta historia? Ambos países comenzaron a analizar inversiones el 28 de julio de 2016, a raíz de la reunión del Emir de Qatar, Sheik Tamin bin Hamad Al Thani, con el presidente Mauricio Macri en la Quinta de Olivos. Desde ese día, las negociaciones avanzaron sin pausa. Macri retribuyó la visita en una escala antes de arribar a China para la cumbre del G-20, en septiembre de este año. Esa segunda reunión sucedió en Doha, Qatar.
Finalmente, el 6 de noviembre el director del FGS, Luis María Blaquier, puso la firma para el "Memorandum Of Understanding (MOU)". El anuncio fue realizado por la vicepresidenta Gabriela Michetti junto al CEO de QIA, el Sheikh Abdullah bin Mohammed bin Saud Al Thani, en una sala del hotel Shangri-La. De la comitiva formaron parte la propia Michetti; el asesor del Presidente en Inversión Extranjera, Horacio Reyser; el director general de Relaciones Internacionales del Senado, José Ortiz Amaya, y la embajadora argentina en Doha, Rossana Cecilia Surballe. Uno los asistentes llama la atención: en el encuentro estuvo el tenista retirado Gastón “Gato” Gaudio, amigo del Emir.
El acuerdo se dio a conocer el mismo mes en que Cambiemos logró aprobar en el Congreso la ley que establece un régimen de participación público-privada (PPP) para desarrollar obras de infraestructura. Se trata de otra de las medidas que buscan atraer la proverbial "lluvia de inversiones" que prometió el oficialismo y, hasta ahora, viene resultando esquiva.
Los detalles del pacto. Además de la creación del fondo de inversión con QIA, el Gobierno acordó con Qatar un acuerdo bilateral de inversiones. El objetivo de este tipo de tratados es la protección de las inversiones de manera recíproca. Michetti firmó en representación de la Argentina y el ministro de Economía y Comercio qatarí, Sheikh Ahmed bin Jassim Al Thani, lo hizo por el país asiático.
El acuerdo confidencial que firmaron Blaquier y Abdulla Bin Mohammed Bin Sayd Al Thani, por parte de QIA, se aboca a inversiones en infraestructura en la Argentina y tiene varios puntos controvertidos, según pudo comprobar PERFIL, que accedió en exclusiva al tratado completo. El más llamativo es el apartado 3, que habla de la estructura que tendrá el fondo de mil millones de dólares. En el punto 3.3, se explicita que la estructura se discutirá entre las partes y el gerente externo del fondo con "una estructura offshore".
El documento, que está firmado en inglés en su totalidad, menciona además cláusulas de confidencialidad entre las partes; la realización de una “lista corta” de posibles empresas internacionales para administrar el fondo, y que este administrador tendrá “derechos de inversión discrecionales completos”. Otros actores podrán invertir en el fondo y habrá una apertura total en caso de posibles expropiaciones, restricciones a transferencias de recursos o de moneda, agrega el texto.
Offshore. El punto 3 del convenio se refiere a la estructura del fondo que crearán en conjunto QIA y el FGS. Una de las partes indica: "La estructura del fondo y cualquier otro fondo paralelo, será discutido entre las partes, en conjunto con el gerente (...) sujetos a los derechos legales, fiscales, reglamentarias y comerciales de cada una de las partes, con miras a garantizar una mayor eficiencia fiscal, incluida la provisión de una estructura offshore para invertir por parte de QIA en activos en la República Argentina, si se determina que es necesario o conveniente".
Este fragmento solo menciona la posibilidad de que se constituya una estructura offshore, uno de los puntos más controvertidos del acuerdo. Sin embargo, desde el Poder Ejecutivo confirmaron a PERFIL que la offshore es un hecho. Según pudo saber este portal de fuentes del FGS, la decisión se debe a que "no invierten los fondos qataríes directamente, sino que son fondos espejos; cada uno aporta su jurisdicción".
Si bien constituir una firma offshore no es ilegal, llama la atención la facilidad con la que el gobierno argentino accede a un punto que pone en duda su libertad jurídica. Después de Panamá Papers y los debates en torno al uso de paraísos fiscales, inclusive por parte del mismo Presidente Macri y su familia, es llamativo que sigan al pie de la letra el libreto de los fondos de inversión qataríes, sobre todo para un acuerdo entre dos estados soberanos.
Gerente extranjero. En el punto 2, se detalla el "nombramiento de un gerente" independiente o de tercer partido ("Appointment of a Third Party Manager"). Allí se deja en claro que antes de hacer pública esa información, ambas partes deben consensuar una "lista corta de candidatos" para luego "acordar entre ellos quien de todos se hará responsable". Según supo Perfil, en las negociaciones previas a la firma se mencionó a Blackstone, KKR, Ashmore, CITI, Blackrock y Macquarie.
Todo el poder. El punto 2.4 remarca que el gerente tendrá “derechos de inversión discrecionales completos del ámbito de la estrategia de inversión aprobada del Fondo”; que otros actores podrán invertir en este y poseerá cobertura total en caso de posibles expropiaciones, restricciones a transferencias de recursos o de moneda.
Quiénes entran. En el punto 3.9 se establece quiénes pueden suscribirse al Fondo y menciona a "QIA contribution"; "FGS Contribution" y "Manager Contribution" y "Third Party Contributions". Sin embargo, en este primer acuerdo, no se definió aún quién pondrá cada parte de los primeros mil millones. "El administrador del Fondo podrá invertir, es cierto, pero no suele ser mucho, sino unos 10 millones de dólares", graficó una fuente del Poder Ejecutivo que estuvo al tanto del minuto a minuto de las negociaciones. "¿Y otros contactos que se acerquen a través de este administrador?", preguntó Perfil. "Seguramente se establezca un mínimo de 50 o 100 millones de dólares".
¿Doble imposición? Según pudo saber este portal, el acuerdo se complementaría en los próximos meses con la firma de un nuevo acuerdo de "doble imposición" con Qatar, como ya se pactaron con otros países. Esto evitaría que se pague el mismo impuesto dos veces en ambos países.
Fondo y QIA. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad fue creado en 2008, cuando el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner estatizó las AFJP. Tiene acciones de más de 40 empresas por un valor aproximado de 90.000 millones de pesos.
Por su parte, el Qatar Investment Authority es el Fondo Soberano de Inversión de Qatar. Fue creado en 2005 para gestionar los superávits que obtuvo el pequeño país árabe por la industria del petróleo y gas natural.
Se estima que QIA sostiene activos que sobrepasan los $60.000 millones de dólares. Entre otras inversiones, mantiene el 17% del total de las acciones preferentes de Volkswagen, parte de Miramax Films de The Walt Disney Company y el 70% del capital del club de fútbol Paris Saint-Germain.
El vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de Diputados afirmó que el tratado no está firme porque "tiene que ser ratificado por el Congreso".
El diputado del Frente para la Victoria y vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, Guillermo Carmona, remarcó que el tratado con Qatar que fue firmado entre el Gobierno de Mauricio Macri y ese país "no está firme" porque para ello debería "ser ratificado por el Congreso". El legislador adelantó que solicitará que se trate este asunto en la Cámara Baja y marcó los puntos más polémicos del acuerdo.
"Pretenden usar al Fondo de Garantía de Sustentabilidad para la timba financiera", denunció el diputado. "Se está poniendo en riesgo (los fondos para jubilados) en una operación de timba financiera con figuras offshore, con la aparición de terceras partes que administrarían omnipotencia los destinos de estos fondos", puntualizó.
El vicepresidente de la comisión de Relaciones Exteriores y Culto adelantó que transmitirán un pedido al organismo que conduce Susana Malcorra para conocer todos los detalles sobre el Memorándum de entendimiento con Qatar: "Vamos a solicitar a la Cancillería que publique oficialmente el memorándum que ha suscrito".
Además, anticipó que se solicitará el tratamiento de esta cuestión en la Cámara Baja: "También vamos a solicitar la intervención del Congreso en este tema, porque muchas veces se utiliza la figura del memorándum de entendimiento para buscar una forma jurídica estos acuerdos bilaterales que evite que este tema pase por el Congreso. Por lo tanto, nos vamos a poner firmes en el planteo de que esto es un tratado internacional entre dos estados, Qatar, y la Argentina, y el Congreso tiene que aprobarlo o rechazarlo".
En declaraciones al programa Punto de Partida que se emite por AM950 Radio Belgrano, el legislador resaltó que "en el Gobierno argentino no hubo transparencia en poner a disposición la información". Asimismo, expresó su preocupación de "la creciente acción por parte del ejecutivo de no remitir los acuerdos para su tratamiento al Congreso"
Carmona precisó que la validez de ese acuerdo aún no está confirmada al argumentar: "El memorándum no está firme porque los tratados se considera que para la Argentina tienen validez una vez que son ratificados por el Congreso y que se produce la comunicación oficial por parte de la Cancillería al otro Estado. Por lo tanto, aquí estamos ante un acuerdo celebrado por el poder ejecutivo dentro de sus facultades constitucionales, eso no significa que sea constitucional o legal su contenido, cuestión que tenemos que discutir y analizar en el Congreso".
