La empresa ya afectó su balance para adecuarse al intento oficial de anclar la inflación a los combustibles. Prevén despidos en el sector.

La dificultad del Gobierno para poner en caja a la inflación amenaza con llevarse puesta la política energética de incentivar la producción local de hidrocarburos. Podría ser el segundo grave tropiezo, de índole política, en la administración de un sector que le trajo un gran dolor de cabeza y una grieta con la sociedad.

El presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, convenció al presidente Mauricio Macri de la necesidad de congelar el precio de los combustibles durante 2017. Tal como lo anticipó PERFIL la semana pasada, se trata de buscar un ancla antiinflacionaria que no sea ni el tipo de cambio ni el gasto público ni las tasas de interés.

En una reunión en pleno del gabinete económico hace dos sábados en la Quinta de Olivos, que duró cuatro horas, quedó diseñada la estrategia.  Allí se discutió la cuestión, y Sturzenegger contó –en este punto– con el respaldo del ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, pero también de un ala de la Jefatura de Gabinete.

Con las cifras del IPC de octubre en la mano, que cuando se creía controlada pegó un salto de 2,4%, fuentes que participaron del encuentro dijeron que Sturzenegger planteó que es inviable mantener un esquema de precios diferenciales para el petróleo que se comercializa en el mercado interno, y aboga por una convergencia inmediata –a partir del 1° de enero– del valor del “barril criollo” con la cotización internacional del Brent, la referencia que rige para Europa. La idea viene pensándose hace meses en la Jefatura de Gabinete.

Según los cálculos oficiales, de ser eliminados los subsidios, el precio del crudo Medanito –el que se extrae en Neuquén– bajaría de US$ 63 a US$ 47 y el Escalante (Chubut), de US$ 52 a US$ 40: casi un 30% de un solo saque. Pero una medida de ese tipo acarrearía una fuerte retracción de la inversión en  yacimientos de petróleo, que podría desembocar en una oleada de despidos de miles de trabajadores de la industria, según indicó Nicolás Gandini en Perfil.

Sin interlocutor. Lejos de funcionar como un dique de contención de esa avanzada, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, interpreta el escenario como inevitable. Formado profesionalmente en una refinadora, le cuesta ponderar el impacto de la apertura total en las provincias productoras de hidrocarburos, y peor aún, en el entramado productivo de las empresas vinculadas al segmento de exploración y producción, con YPF a la cabeza.

Esmerilado por la crisis de las tarifas, no cuenta con fuerza para incidir en un tema que se define arriba de su nivel.

Paradójicamente, YPF, la petrolera del Estado –la mayor empresa del país y primer productor de petróleo y gas de la Argentina, con un 40% de la oferta total–, es el principal perjudicado de la política antiinflacionaria.

Anoticiado de la intención del Gobierno de bajar el precio interno del petróleo para alinearlo con el internacional, el presidente de YPF, Miguel Angel Gutiérrez, aprobó la semana pasada un recorte en la valuación de los activos de la compañía –impairments en la jerga financiera– por casi US$ 2 mil millones.

El directivo intenta frenar la convergencia inmediata con el precio internacional, pero sabe que corre de atrás. No discute la cuestión de fondo –la alineación de los precios–, pero defiende un aterrizaje gradual que permita acomodar los números de la petrolera. Gutiérrez propone que el precio interno del crudo baje de a un dólar por mes para completar la convergencia en septiembre. La última palabra será de la política.

Además del riesgo de pérdida de empleos y de una fuerte caída de la economía regional a partir de la inminente eliminación del precio interno del barril de crudo, el dirigente petrolero Jorge Avila manifestó que con la complacencia de la CEOPE, el Gobierno nacional e YPF proponen políticas nacionales a nivel energético que privilegian a la Cuenca Neuquina en materia de producción de petróleo y gas, a la vez que buscan imponer la quita de beneficios laborales a los trabajadores de la industria en la Cuenca del Golfo San Jorge.

Crecen las críticas de los sindicatos petroleros y de los gobiernos provincial y municipal frente a las decisiones que están adoptando YPF, otras operadoras y la Cámara de Empresas de Operaciones Especiales (CEOPE) en detrimento de la actividad en la Cuenca del Golfo San Jorge. También al Gobierno nacional por la posible derogación del "barril criollo", lo que pondría en riesgo miles de puestos laborales en la región. 

El secretario general del Sindicato de Petroleros Privados Chubut, Jorge Avila, indicó que mañana estaría llegando una comitiva de Capital Federal a Comodoro Rivadavia para mantener un encuentro político-empresarial, donde se decidiría el futuro de la industria, "pero nosotros vamos a decidir nuestro propio futuro. Para eso tuvimos una extensa reunión con José Llugdar (secretario general del Sindicato de Petroleros Jerárquicos) y hemos hablado también con el gobernador y con el intendente: vamos a defender lo que tenemos", advirtió.

La crisis derivada de la caída del precio internacional del crudo viene soportándose hace más de un año y los trabajadores petroleros sólo ven que 2017 puede ser un año de agravantes. El "barril criollo", aquel esquema de precios del crudo separados del internacional para que tenga un incentivo a su exportación en una cuenca como la San Jorge –que destina casi toda su producción al mercado exterior-, quedará eliminado. En Neuquén, mientras tanto, ya empezó el recorte e YPF proyecta un barril a u$s53 en su presupuesto.

"Es una plena jugada de la industria para avasallar los derechos de los trabajadores. Esto queda claro cuando la CEOPE en las reuniones de productividad propone que la única manera de salvarnos y mantener el empleo es que aceptemos el procedimiento de crisis que se aplicó en Neuquén", analizó Avila sobre la pérdida de beneficios laborales que podrían sufrir los trabajadores en la Cuenca del Golfo San Jorge.

"Así como ellos se prepararon para estas medidas, tanto el Gobierno (nacional) como las operadoras, nosotros también lo vamos a hacer para resistir. Esto es un poco lo que se viene más allá de que hay otras negociaciones que siguen su avance", agregó el dirigente petrolero

Avila recordó las "vueltas de la CEOPE" para reconocer un bono acordado en las paritarias. "Antes de pagar los $5.000 nos hizo hacer cuatro días de retenciones, cuando en Neuquén los pagó anticipadamente, porque aceptaron el procedimiento de crisis".
"No sé lo que explicará el lunes YPF cuando se junte con el gobernador o con Provincia y el municipio. Lo que sí ya hemos advertido es que vamos a defender nuestra posición y si Macri quiere algo, que lo venga a buscar, que acá nos va a encontrar a todos", manifestó.

En ese contexto, recordó que existe riesgo de pérdidas de empleo. SP Argentina está en concurso de acreedores, con sus 247 trabajadores, por la baja de 14 equipos de YPF. A su vez, están los 300 operarios de San Antonio Internacional a los que les plantearon como una posibilidad palpable que desde el 1 de diciembre queden cesanteados.

Además, "el miércoles hay una reunión en Buenos Aires con Pan American -adelantó Avila- y ahí hay un poco de ese folclore que han hecho todas las operadoras: es un acuerdo de todas porque también está Sipetrol que hace cinco años no perfora un pozo y ahora le sobran 60 personas. Tecpetrol que hace casi dos años tampoco", cuestionó.

"Están llevándose la plata de Comodoro a Vaca Muerta. De todas son estas mismas las que la operan, es quitándole a esta región lo poco que le queda. Entonces debemos prepararnos, preparar la gente y ya se lo hemos dicho: somos pacientes, gente de dialogar antes de tomar medidas, pero que no nos obliguen a tomar medidas extremas porque acá vamos a defender la ciudad, la región, los puestos de laburo y el salario de nuestra gente", remarcó.

Luego de las críticas a las operadoras, el secretario general de los petroleros reafirmó que estas discusiones por la continuidad laboral no frenan el reclamo por el bono navideño. El sindicato pidió un bono de $15.000 el lunes pasado para comenzar la discusión, con la pretensión de que las paritarias arranquen 2017 en febrero o marzo.