Se basa en 52 ponencias pedidas por el Gobierno para avanzar. Prometen explotación con control ambiental. Buscan convertir a Mendoza en fuerte proveedor de hierro para obras públicas.
Pasó la llamada Mesa de Diálogo Minero, la apuesta oficial para recoger inquietudes sobre la actividad en Mendoza, y de a poco la postura del Gobierno mendocino acerca del futuro de la minería en la provincia empieza a tomar forma.
De hecho, mientras apura las definiciones en torno a Potasio Río Colorado , luego de una reunión en Malargüe los funcionarios del área ya trabajan en la definición de la nueva política minera que se dará a conocer antes de fin de año.
Según el subsecretario de Minería, Hidrocarburos y Energía, Emilio Guiñazú, “están analizándose las 52 ponencias de la mesa de diálogo acerca de cuestiones ambientales y socio-económicas para elaborar una propuesta de matriz. El objetivo no es mirar el corto plazo sino la política minera a 20 años”.
En ese proceso, se espera que en las próximas semanas vengan a Mendoza directivos de CAEM (Cámara Argentina de Empresas Mineras) y también del equipo de la Secretaría de Minería de la Nación, que conduce Daniel Meilán.
Todo se da en un contexto nacional que apunta a favorecer la actividad minera a partir de una reformulación de la normativa vigente. En paralelo a la definición del plan provincial, la semana última (martes 15 y miércoles 16) Guiñazú participó por Mendoza junto a otras 23 provincias de una reunión para avanzar en el nuevo Pacto Federal, que data de 1994.
“La nueva versión apunta a elevar los estándares de explotación, tanto socio-ambientales, de transparencia y control. A nivel mundial ya se acabó la idea de hacer minería a cualquier precio”, enfatizó Guiñazú, en una suerte de guiño a quienes reclaman un control estricto de la actividad.
En tal sentido, desde el seno del Ejecutivo reafirman que la discutida ley 7722, que desde 2007 regula a nivel local la explotación metalífera “no se toca”. Precisamente, el blanco constante del sector minero, que demoniza la norma atribuyéndole la falta de inversiones en Mendoza.
Igualmente, hay otros aspectos claves para Mendoza: desde las regalías mineras hasta el reparto de impuestos federales con la Nación, además del rol de las empresas.
Desde la Camem habían advertido ya a principios de año, en un tiro por elevación al Ejecutivo mendocino, que veían con beneplácito las señales del Gobierno nacional pese a la indefinición de la Provincia.
El trabajo de reformulación de la política minera, cuando aún resta el plato fuerte que es la explotación metalífera, ya comenzó.
El propósito del Ejecutivo es terminar de modificar la ley 8434, que regula a la minería de 2da y 3era Categoría (minas y canteras), lo que incluye la trazabilidad de los productos.
Para eso, en paralelo, los funcionarios recogieron experiencias de Olavarría y Córdoba, principal proveedor de materiales para el Plan Belgrano para el norte del país.
“Si se aprobara Hierro Indio, Mendoza podría participar también como proveedor de hierro para el Plan Belgrano. Y sustituir todas las importaciones del mineral de Argentina”, puntualizó Guiñazú.
La proyección de Hierro Indio, uno de los emprendimientos a relanzar luego de la presentación del plan, promete extraer 100.000 toneladas de hierro al año.
En la lista aparecen también San Jorge con su proyecto de oro y cobre en Uspallata. Si bien está listo para empezar con la explotación, resta definir una nueva guía de trabajo (que exima el uso de sustancias prohibidas) o bien retomar parte del esquema original, basado en el método de flotación
Mientras Cerro Amarillo espera definición del informe de Impacto Ambiental para avanzar en Malargüe con la explotación de oro y cobre (se frenó por un informe que planteaba la afectación de glaciares en la zona), el proyecto de uranio de Sierra Pintada se debate entre los trabajos de remediación de pasivos y retomar la explotación, aseguran en el sector “depende de una decisión política”.
En cualquier caso, el potencial de Malargüe pretende ser la ciudad para defender el nuevo modelo de minería.
Allí, una convocatoria días pasados reunió a 500 asistentes, entre dirigentes, empresarios y el municipio encolumnados detrás de la reactivación: el Gobierno asumió que el potencial geológico del departamento, su impacto socio-económico y que por ser una zona “minero-dependiente”, requiere un “tratamiento especial”.
Según Mario Chabert, presidente de la Camem, “el apoyo de Malargüe es clave para sostener una matriz sobre qué tipo de minería, dónde y cómo se puede desarrollar, dentro del Pacto Federal Minero”.
Con todo, desde Camem esgrimen los números millonarios que concentra la minería en otras provincias: por caso más de U$S 4.000 millones en Catamarca y otros U$S 3.000 millones en el norte de San Juan.
“Estamos 10 años atrasados en el mapa de inversiones. Por eso no hay que pensar que 2017 sea para explotación sino para exploración”, acotó Chabert.
En Economía quieren ganar tiempo con la certificación de normativa internacional EITI, que garantiza la trazabilidad de cualquier emprendimiento.
Después de los anuncios, llegó el momento de poner manos a la obra. Al menos esa fue la conclusión de la última reunión de trabajo entre el Gobierno y la minera Vale para reconfigurar el proyecto Potasio Río Colorado a 1/3 de su dimensión actual, que necesitaba asegurarse el decreto del gobernador Alfredo Cornejo.
Con el aval definitivo, ahora Vale tiene 30 días por delante para empezar con la consultoría que defina el nuevo proyecto, que se reducirá a 1,4 millón de toneladas anuales.
En paralelo, la compañía brasileña se compromete a encaminar la búsqueda de inversores por el 100 por ciento.
En números, significa que el potencial inversor deberá aportar no menos de U$S 1.000 millones.
El Gobierno, por su parte, promete supervisar el rediseño y la búsqueda, y Vale asegurarse la distribución exclusiva de sales en Brasil.
