La Cámara de Diputados aprobó este miércoles crear la comisión investigadora parlamentaria para indagar la fallida obra de construcción de la planta regasificadora en Puntas de Sayago.
Tras una larga jornada de debate parlamentario, se alcanzó la mayoría necesaria, 50 votos en 49, para habilitar la instancia, en la que fue clave el voto del diputado del Frente Amplio, Gonzalo Mujica y el del legislador de Unidad Popular, Eduardo Rubio.
La comisión estará integrada por 11 miembros: seis del Frente Amplio, dos del Partido Nacional, dos del Partido Colorado y uno de Unidad Popular.
Más temprano, la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, cuestionó hoy la formación de la investigadora y opinó que no es un buen momento ya que podría hacer peligrar el negocio: "Una Investigadora en este momento pone en riesgo el futuro de la regasificadora".
La bancada del Frente Amplio resolvió este martes no acompañar la investigadora propuesta por el Partido Nacional para indagar las obras que quedaron en el camino.
EL PAÍS
"Tengo la convicción de la necesidad de investigar. Si no votara esta comisión investigadora escondiéndome detrás de la mayoría de un partido, no sería un hombre disciplinado sino que me sentiría como un cobarde". Este concepto pertenece al diputado frenteamplista Gonzalo Mujica que anoche en el Parlamento volcó la Cámara baja hacia el lado de la oposición dando el voto 50 para resolver la formación de una comisión investigadora sobre la planta regasificadora.
La comisión, que trabajará por un lapso de seis meses, sin contar el receso parlamentario entre el 15 de diciembre y el 15 de febrero de 2017, tendrá once miembros. El Frente Amplio será mayoría con seis integrantes y habrá dos integrantes nacionalistas, dos colorados y uno de Unidad Popular.
Mujica fue ayer el centro de la sesión de la cámara. En su explicación pareció desafiar a sus compañeros frenteamplistas al decir que su decisión "no puede ser resultado del temor a las represalias políticas, a los insultos o a las acciones de un tribunal de conducta", sino que "es la gente el tribunal de conducta que yo aceptaría". "Si de la investigación surgen elementos serios y fundados sobre irregularidades o delitos debemos dar paso a la Justicia", concluyó.
Desde el Frente Amplio se dijo que la oposición ha instalado "un show mediático", que sus argumentos no son probados y hasta que el documento de la denuncia "servirá como guión de la próxima novela de O Globo", según el diputado Pablo González, de la lista 711, o que será "digno de una novela de James Bond", en opinión del también oficialista Julio Battistoni (MPP).
El informe en mayoría de la preinvestigadora lo presentó la diputada del MPP Lilián Galán, quien cuestionó a la oposición diciendo que "es lamentable a donde se llega por un mínimo rédito político". Galán insistió en que el diputado denunciante Pablo Abdala "está en un error" y que el Estado "no ha perdido dinero" a través de Gas Sayago. En los días previos, el diputado nacionalista había argumentado que Gas Sayago perdió unos US$ 15 millones por la frustración hasta el momento del proyecto. Galán afirmó que el proyecto "continúa" y que los trabajos de dragado del canal de acceso y otros trabajos "servirán como activos" del nuevo proyecto. Criticó a Abdala por hacer "un show mediático", por presentar "fotocopias en portugués" de una denuncia radicada en la justicia brasileña en la que se relacionó a personas investigadas por corrupción con gobernantes de la administración del expresidente José Mujica. "Abusa de sus fueros", acusó Galán.
En la denuncia, Abdala menciona en reiteradas veces a la ministra de Industria Carolina Cosse, lo que provocó la furia del oficialismo. Galán lo acusó de cometer "un claro hecho de misoginia", y "machismo" por "no poder convivir con una mujer con poder". Y luego acusó: "A nadie se le pasa que Cosse es una posible candidata a la Presidencia. Las palabras nunca son inocentes", dijo.
El diputado Jorge Gandini, en su informe en minoría, atacó directamente a Cosse por su responsabilidad en no responderle al Parlamento varios pedidos de informes de Abdala sobre la marcha del proyecto, su endeudamiento y otros datos.
"La denuncia es seria y de gran entidad política, económica y legal. Por esto mismo procede investigar ahora, agotados todos los plazos para que el gobierno brindara la información solicitada por los medios habituales y antes que las consecuencias de estas pésimas decisiones sean peores que las que ya se han producido", dijo Gandini en el informe. Retomó el caso denunciado por Abdala ante la comisión preinvestigadora. Abdala presentó un documento de la Justicia brasileña en el que un allegado al ministro de Desarrollo de ese país en 2013, Fernando Pimentel, quien está envuelto en el caso de corrupción conocido como "Lava Jato", cuenta que aquel se reunió con un alto jerarca de la Presidencia de Uruguay (en el expediente judicial se habla de "Casa Civil" de la Presidencia) buscando obtener la concesión de la construcción de la planta y el gasoducto para la empresa OAS, que finalmente fue elegida para ejecutar la obra.
Luego, Abdala no aceptó que se diga que "actuamos de manera irresponsable y que tratamos de bloquear" el proceso de la regasificadora. Además dijo que la referencia a la "Casa Civil" que se hace en el expediente de la justicia brasileña "parece tener un equivalente en la Secretaría de la Presidencia". "La ministra Cosse ha despreciado al Parlamento. Los únicos pedidos de informes que contestó dan lastima, tienen media página", protestó.
Eduardo Rubio (Unidad Popular) criticó a Galán por decir que Abdala quiere investigar la regasificadora porque Cosse es mujer. "Hay elementos de sobra para investigar, cosas que tienen apariencia irregular", destacó el diputado.
El diputado nacionalista Pablo Abdala considera que el proyecto, hoy detenido, puede generar pérdidas para el Estado y para las empresas contratadas y subcontratadas por las concesionarias OAS y GNLS por US$65 millones. El ex presidente de la empresa brasileña OAS, José Pinheiro, está preso desde hace semanas en San Pablo, acusado de participar en hechos de corrupción.
El diputado Abdala entiende que pueden haber habido irregularidades e ilicitudes en el proceso de selección de las dos empresas adjudicatarias y aseguró que aportará documentación que establece que GNLS no cumplía con los requisitos previstos en el llamado en el momento de ser declarada ganadora del llamado a licitación. La obra se detuvo en febrero de 2015.
ambién cree Abdala que hay errores conceptuales del proyecto como la ubicación en Puntas de Sayago. Abdala sostiene que hay un informe no difundido de una empresa consultora que desaconsejaba el lugar elegido. Sostiene que la capacidad de producción de la instalación, de 10 millones de metros cúbicos anuales, es excesiva en función de la demanda nacional y las dudas sobre la argentina.
El diputado Darío Pérez (Liga Federal) pidió ayer un cuarto intermedio al resto de la bancada del Frente Amplio para solicitar libertad de acción para plegarse al voto de la investigadora, en el entendido de que la coalición no tiene nada que esconder. "Me estoy hartando de cosas que van en contra de lo que pienso", afirmó ante sus compañeros. Estos no aceptaron su pedido.
Fuentes del Frente Amplio dijeron a El País, que "es un hecho" que Mujica será enviado al Tribunal de Conducta Política. Las bases ya adelantaron informalmente que tenían intenciones de remitir su caso a consideración del tribunal de disciplina, aunque todavía no lo oficializaron. Mujica ya había votado a favor de conformar una investigadora para indagar la actividad de la empresa "Aire Fresco".
MAURICIO CAVALLO
El Partido Nacional denunció que el actual gobernador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, siendo en 2013 ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior del Gobierno de Dilma Rousseff, habría realizado gestiones ante el Gobierno del presidente José Mujica para lograr que se otorgara a la empresa OAS las obras de la regasificadora en Uruguay. A cambio de ello, habría cobrado de la constructora una coima por 3 millones de reales. El Parlamento aprobó conformar una Comisión Investigadora.
Este miércoles 16 de noviembre sesionó el Plenario de la Cámara de Diputados con el cometido de analizar los informes de la Preinvestigadora sobre el pedido del diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, de conformar una Comisión Investigadora para analizar el proceso de construcción de la regasificadora en Punta de Sayago.
Con los votos de los legisladores de la oposición más el diputado del Frente Amplio, Gonzalo Mujica, se conformará la Investigadora, la que estará compuesta por 11 miembros y tendrá seis meses para expedirse.
Abdala denunció que el Estado uruguayo “ha perdido hasta el momento 65 millones de dólares como consecuencia de las capitalizaciones realizadas por UTE y ANCAP, los pasivos asumidos por Gas Sayago, los trabajos de geotecnia y de ingeniería encargados recientemente, los gastos asociados a los mismos y los gastos de funcionamiento desde el año 2011 a la fecha”.
Dijo que GNLS (empresa uruguaya cuyos accionistas son GDF SUEZ Energy International y Marubeni Corporationes y era la adjudicataria para la construcción y operación durante 15 años de la planta regasificadora en Puntas de Sayago), “ya había cobrado una indemnización mayor de OAS, y ésta, por su parte, el pago de Gas Sayago por la construcción de la conexión con el gasoducto”.
Abdala también denunció que “tanto el dragado realizado en el foso como en el canal, resultaron un fracaso y ya se perdieron”.
Mencionó la existencia de un temblor de tierra ocurrido en el oeste de Montevideo. “Aunque la causa del mismo no está plenamente demostrada, un informe del departamento II del Estado Mayor del Ejército, sostiene que una de las posibles causas son ‘los movimientos de tierra y las excavaciones de piedra y tosca que se han realizado en el marco de la construcción de la regasificadora en Puntas de Sayago’”.
Agregó que “no se practicaron los correspondientes estudios de suelo, fue necesario dragar el doble de lo proyectado en la zona de la escollera, y en el canal de acceso se encontró roca de un quilómetro de extensión, lo que obligaría a una inversión adicional estimada en 30 millones de dólares”.
También expresó que “los activos transferidos por el adjudicatario tras la rescisión del contrato carecen de valor”, porque se trata de un conjunto de pilotes mal tratados, de escasa vida útil, que no se colocaron con equipos de precisión adecuados.
Pero una de las mayores polémicas se generó cuando Abdala se refirió a lo que llamó “la conexión brasileña”, aspecto sobre el cual dijo que la constructora OAS está asociada a los mayores escándalos de corrupción que se ventilan en la Justicia brasileña.
Abdala presentó un documento en el cual se hace mención a que el actual gobernador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, siendo en 2013 ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior del Gobierno de Dilma Rousseff, “habría realizado gestiones ante el Gobierno del presidente José Mujica para lograr que se otorgaran a OAS los proyectos de la regasificadora”.
A cambio de ello, “habría cobrado de la constructora una coima por 3 millones de reales”.
“Más allá de que es imperativo aguardar el resultado de la investigación judicial, debe tenerse presente y valorarse. Los hechos relatados, lleguen a probarse o no, revisten una gravedad indubitable”, remarcó el legislador blanco.
Añadió que a raíz del “pésimo comportamiento y de los flagrantes incumplimientos que GNLS y OAS protagonizaron en el Uruguay, Costa Fortuna S.A, uno de los subcontratistas de la obra, “las denunció por el delito de estafa”.
Como consecuencia de la denuncia criminal, el juzgado resolvió iniciar una investigación paralela por “lavado de activos, a cuyos efectos conformó una junta asesora para estudiar los movimientos de cuentas bancarias entre GNLS y OAS”.
Ante tales denuncias, la gran mayoría de los legisladores del Frente Amplio (con excepción de Gonzalo Mujica) indicó que el documento carecía de valor, porque era una fotocopia, no contaba con una traducción autenticada por un traductor público y las firmas eran ilegibles.
A raíz de ello, descalificaron el planteo y rechazaron de plano crear una Investigadora, por entender que “no hay mérito, no es pertinente y no existen pruebas”.
Por su parte, el frenteamplista Jorge Pozzi dijo que cuando el Gobierno de Mujica comenzó con el proyecto de la regasificadora “nadie sabía” que OAS terminaría involucrada en las denuncias del “Lava-Jato”.
“Si lo hubiéramos sabido, no seríamos tan tontos de haber permitido que se asociara con GNLS, sobre la cual tampoco sabíamos que estaba asociada con otras empresas vinculadas al trabajo esclavo, entre otras denuncias”, aseguró.
Sobre el eventual “movimiento de tierra”, argumentó que el Frente Amplio dispone de un informe de la Universidad de la República que asegura que no pudo determinarse su causa.
Pozzi agregó que, desde el punto de vista internacional, “el país no tuvo que ir a juicio, se cumplieron los contratos como estaban redactados y hoy Gas Sayago (propiedad de ANCAP y UTE) cuenta con 57 millones de dólares en caja”.
Ante tal afirmación de Pozzi, el legislador blanco pidió la palabra para preguntar en qué se habían gastado los 43 millones de dólares restantes, porque Gas Sayago tras la firma del acuerdo de recisión del contrato con el consorcio internacional GNLS cobró la garantía de 100 millones de dólares.
El parlamentario frenteamplista también dijo que las interrogantes que Abdala remitió a la ministra de Industria, Carolina Cosse, fueron contestadas.
Sin embargo, el legislador nacionalista, remarcó que Cosse “le tomó el pelo” al Parlamento, porque le remitió tres pedido de informes cada uno de ellos en marzo, mayo y setiembre de 2015 y recién contestó en forma muy escueta el pasado 11 de noviembre, el mismo día en que presentó la solicitud de la Investigadora.
A su turno, el diputado Gonzalo Mujica del Frente Amplio, argumentó su posición a favor de investigar, en contra de la decisión de su bancada.
Explicó que previo a analizar la denuncia de Abdala, se hizo “una idea” que comenzó con el diseño del proyecto, el que hoy es uno de los elementos que “compromete” la continuidad de la regasificadora.
Agregó que hay una denuncia “muy concreta sobre una funcionario del Gobierno brasileño que habría hecho gestiones coimeado para que se adjudique la obra en Uruguay”.
Dijo que esa denuncia se realizó ante la Justicia brasileña y habrá que estudiar y dilucidar en Uruguay en forma rápida.
“Como representante nacional, tengo la obligación de investigar estas cosas, y la gente tiene el derecho a que se conozcan las denuncias”, remarcó.
Mujica agregó que con la convicción que tiene de investigar, sino votara la conformación de la Investigadora, escudándose detrás de una mayoría y de un colectivo, no se estaría considerándose a sí mismo como un hombre disciplinario, sino como un “cobarde”.
“Mi decisión como representante nacional no puede ser el resultado del temor a las represalias políticas, insultos o a las sanciones de un tribunal de conducta. No juré defender la Constitución y los intereses de la gente, frente a la Mesa Política de ningún partido, sino ante la gente la cual es el único tribunal de conducta que aceptaré al final de cada período”, sentenció.
El legislador frenteamplista dijo que si de la investigación surgen confirmaciones, indicios serios y fundados de irregularidades o delitos, entonces habrá que darle paso a la Justicia para que la misma actúe.
Desde el Partido Colorado, Tabaré Viera, expresó que hay muchas cosas que no están claras y sería bueno investigar y que la población y el Parlamento tuvieran el conocimiento de ciertos aspectos, por ejemplo la adjudicación a GNLS y por qué termina siendo adjudicataria una empresa que “no había presentado la oferta de menor precio, un componente importante para definir una adjudicación”.
Viera añadió que es bueno que se demuestre que no es verdad las denuncias de “coimas” para que operara OAS.
“Hay que buscar si fueron errores de gestión que costarán muchos millones al pueblo o hubo otras cosas a cambio de la contratación de OAS”, remarcó.
Por su parte, el legislador del Partido Independiente Iván Posada afirmó que existen elementos “más que suficientes” para una Investigadora. Existen hechos que “alimentan las dudas respecto a si la gestión puede estar rodeada de irregularidades y eventuales ilícitos”.
Mientras que Eduardo Rubio (Unidad Popular) argumentó su voto a favor de investigar el proceso de la construcción de la regasificadora, porque la denuncia de Abdala ha sido “seriamente documentada”. Además, remarcó que es una investigación “necesaria”.
Agregó que si no se quiere investigar para que no se vayan los inversores, pues “entonces que se vayan, porque no resisten investigadoras”.
