La iniciativa es considerada clave por el Gobierno para reactivar la economía. Una comisión bicameral controlará los fondos aplicados a los contratos.

El Senado avaló ayer los cambios que había realizado la Cámara de Diputados al régimen para contratos público-–privados de obra pública y convirtió en ley la iniciativa, por 43 votos a favor, 15 en contra y dos abstenciones. El texto es considerado clave por el Gobierno para la reactivación económica y el despegue de la obra pública; y ahora la Casa Rosada podrá destinar hasta un 5% del Presupuesto 2017 a contrataciones bajo esta modalidad.

La ley habilita las asociaciones entre empresas privadas y el Estado para la realización de obras de infraestructura, vivienda, servicios, inversión productiva e investigación aplicada, con la premisa –reclamada por la CGT y los industriales– de que el 33% de los bienes y servicios de los contratos bajo este régimen deberán ser de origen nacional.

El Gobierno estima que, gracias a la ley, podrá conseguir u$s 40.000 millones para reactivar un sector de mucho peso en la economía nacional. Además, con la puesta en vigencia de la norma, el Congreso deberá conformar una comisión bicameral de control, que se ocupará del seguimiento de los fondos aplicados a estos contratos; mientras que para la resolución de conflictos técnicos está prevista la participación de universidades nacionales. Ambos requisitos habían sido incluidos por los diputados.

El hecho de que el proyecto haya sido modificado en casi todos sus artículos por la Cámara baja fue casi exclusivamente el eje de la discusión ayer en el Senado, dado que varios legisladores se vieron en la obligación de defender la sanción original, aun cuando estaban a punto de validar las modificaciones de los diputados. Para la oficialista Silvia Elías de Pérez, las correcciones que hizo la Cámara de Diputados resultan inocuas pues ya estaban contempladas en la redacción original. En el mismo sentido se expresó el jefe del bloque mayoritario, el PJ-Frente para la Victoria, Miguel Pichetto, aunque luego concedió que el proyecto fue "mejorado por la otra Cámara".

Muy diferente fue la opinión de la puntana Liliana Negre (PJ Federal). "La Cámara de Diputados hizo lo que podríamos haber hecho nosotros. No creo que sea inocua la modificación. Son modificaciones que habíamos propuesto acá", enfatizó. Por eso, tras haber votado en contra en la primera sesión en que se trató el tema, su bloque ayer apoyó la sanción. "Ahora sí este proyecto tiene las garantías suficientes", sostuvo.

En el mismo sentido se expresó la santacruceña María Ester Labado (PJ-FpV), aunque ella junto a otros integrantes del bloque, mantuvo su rechazo al texto. Así, la bancada que conduce Pichetto volvió a votar dividida el proyecto. El sector que no apoyó la ley quedó en línea con el bloque de diputados del PJ-FpV, que en forma unánime había votado en contra de la iniciativa.

También Fernando ‘Pino‘ Solanas (Proyecto Sur) rechazó la ley, a la que calificó como "la derrota nacional". Según el senador, "mecanismos semejantes endeudaron a la Argentina". Se refirió así a un aspecto de la norma que, a pesar de las fuertes críticas opositoras, la Cámara de Diputados no modificó: según la ley los conflictos judiciales originados por contratos público privados se dirimirán en el extranjero, ya que la norma habilita el arbitraje con prórroga de jurisdicción.