DIEGO CABOT
La mayoría de la red de estaciones de servicio está en manos de empresarios nacionales; sin embargo, los precios de los combustibles subieron.
Corrían tiempos de enorme popularidad de Néstor Kirchner. En marzo de 2005, el entonces presidente, arremetió contra Shell. El motivo parece hoy pequeño: la petrolera anglo-holandesa aumentó 4,2% la nafta y el gasoil. Kirchner convocó a no comprarle más. "Ni una lata de aceite; y que se den cuenta de que los argentinos ya no soportamos más este tipo de acciones", dijo.
Desde entonces se desató un vendaval contra la empresa y quien la presidía, Juan José Aranguren. Fue, además, el primer eslabón de una silenciosa transformación en el mercado de la venta de combustibles.
Pasaron más de 11 años. El ex presidente falleció en 2010 y Aranguren, después de 54 causas penales que le inició el anterior gobierno, es ahora Ministro de Energía. Todas las grandes empresas dedicadas a la venta de combustibles que existían en 2005 cambiaron de dueños y se nacionalizaron. Sólo una sobrevivió a estos años de política energética: Shell.
Fueron años en los que los surtidores cambiaron de bandera. La mayoría dejaron de ser propiedad de multinacionales y se nacionalizaron. Este proceso coincidió con una enorme protección a esta industria y mientras las expendedoras de nafta pasaban a manos locales, los argentinos empezaron a pagar los combustibles más caros, lejos de los precios internacionales, que cayeron de la mano de la baja del petróleo.
Ese fue el Norte de un proyecto de periodismo de datos desarrollado por el equipo de LA NACION Data, el MediaLab de Fopea y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos y la Universidad Austral.
Desde hace varios años, las oscilaciones del crudo en el mundo no se corresponden con los números que muestran los surtidores argentinos. Hasta 2008, cuando Repsol era la dueña de YPF, la nafta estaba a valores muy bajos respecto de la referencia internacional. Entonces, la mano dura del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, llevó a que las petroleras, y en mayor medida los estacioneros, pierdan margen de ganancias. Los momentos del petróleo a 150 dólares no se sintieron en el país. Los consumidores no lo pagaron en su abastecimiento y tampoco lo disfrutaron los empresarios. La Argentina puso un precio máximo al barril exportado, por encima de lo cual todo era para el Estado.
La medida, que anestesió el precio de los combustibles, tuvo enormes consecuencias a mediano plazo: derrumbó las inversiones petroleras en el país. En 2008, cuando Repsol vendió 25% de las acciones al grupo Petersen, de la familia Eskenazi, la cuestión se revirtió. Los precios en los surtidores empezaron a subir justo en momentos en que la cotización internacional bajaba.
La llegada de Eskenazi marcó un antes y un después. El valor de un litro de nafta en surtidor pasó de 1,949 pesos, en febrero de 2008, a 6,349, en marzo de 2013. Poco más de cinco años después, el valor había aumentado 226 por ciento. En la etapa anterior, desde mayo de 2003 hasta febrero de 2008, los valores se mantuvieron estables, entre $ 1,891 y $ 1,949, con apenas un pico de $ 2,229 en enero de ese año. Desde aquel lejano 2013, el valor se triplicó y llegó a los actuales casi 18 pesos, si se toma un promedio de la nafta súper.
El análisis de datos arroja una conclusión: el precio de la nafta empezó a trepar ni bien aparecieron los primeros socios argentinos en las redes de estaciones de servicio.
En 2005, boicot a Shell de por medio, el mercado de la venta de combustibles estaba dominado por cuatro empresas. YPF, de capitales españoles; Esso, de la multinacional norteamericana ExxonMobil; Shell, de socios anglo-holandeses, y Petrobras, la compañía brasileña que llegó a la Argentina en 2002.
Así, la secuencia nacionalizadora que había empezado con lo que el gobierno de entonces llamó la "argentinización de YPF", siguió en febrero de 2011, cuando el empresario Cristóbal López se sumó a la serie de compras de surtidores por parte de capitales argentinos. Entonces se anunció que el dueño de Casino Club había adquirido una red de 360 estaciones de servicio a Petrobras, además de una refinería en San Lorenzo, provincia de Santa Fe. La compra, que luego se reveló que se había pagado con la elusión del impuesto a los combustibles, consagró una nueva marca en el mercado: Oil Combustibles. Actualmente, la red tiene 307 estaciones de servicio.
Un mes después, en marzo de 2011, el grupo Bridas, integrado por la familia Bulgheroni y el grupo Chino Cnooc, compró los activos de Esso en la Argentina, Uruguay y Paraguay. Entonces apareció la marca Axion. Ambas integran la segunda red estaciones, con 534 bocas de expendio.
En tanto, en abril de 2012 llegó el gran golpe nacionalizador. El gobierno de Cristina Kirchner expropió el 51% de las acciones de YPF que entonces estaban en manos de la española Repsol. La red tiene 1560 estaciones de servicios.
Pero la saga no terminó allí. En mayo de este año, se aprobó otra compra de capitales nacionales. El otro 50% de las estaciones de servicio de Petrobras en el país, que alguna vez intentó comprar Cristóbal López, quedó en manos de Pampa Energía, una empresa cuya cara visible es el empresario Marcelo Mindlin. La red de 277 estaciones aún se mantiene con el nombre de Petrobras y hay versiones de que podría desprenderse de ese negocio.
La otra gran red está compuesta por las estaciones blancas. En este mundo existen 1074 comercios que venden combustibles sin marca ni están atados a la compra de una empresa. De esta manera se compone el sistema de abastecimiento de combustible de la Argentina, más nacional que nunca en la historia, con una red de 3997 estaciones de servicio en manos de empresas argentinas y 743 de propiedad de compañías extranjeras.
YPF y su socio estratégico
En febrero de 2008 se anunció que el Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, compraba, en una polémica operación, el 25% de las acciones de YPF
De los casinos a los combustibles
En febrero de 2011, Cristóbal López ,dueño de Casino Club, había comprado una red de 360 estaciones de servicio a Petrobras, además de una refinería
La llegada de los Bulgheroni
En marzo de 2011, Bridas, integrado por la familia Bulgheroni y el grupo Chino Cnooc, compró los activos de Esso en la Argentina, Uruguay y Paraguay
El gran golpe nacionalizador
En abril de 2012, el gobierno de Cristina Kirchner expropió 51% de las acciones de YPF. La red de la petrolera tiene 1560 estaciones ?de servicio
Una apuesta por la mitad de Petrobras
En mayo de 2016, Pampa Energía, cuya cara visible es el empresario Marcelo Mindlin, compró la red de 277 estaciones que aún eran de Petrobras
Expendedores de todo el país se reúnen en Bariloche este viernes. El impulso a una ley para regular el comercio de combustibles será eje central del debate.
Cada vez más autos en las calles, pero cada vez menos estaciones de servicios.
Esa contradicción emerge del escenario energético argentino, que en los últimos 15 años vio desaparecer el 30% de las expendedoras de combustibles.
Entre los 4.400 emprendimientos que quedan en pie existe preocupación y las acciones a implementar en el futuro serán eje central de la reunión que este viernes tendrá en Bariloche la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburo y Afines de la República Argentina (Cecha).
El encuentro será en el hotel Alma del Lago y el proyecto de ley para regular la comercialización de combustibles en todo el país aparece como tema central en la agenda de los referentes del sector.
La necesidad de establecer parámetros en el mercado se debate desde hace años, pero en las últimas semanas tomó impulso nuevamente, a partir de un proyecto firmado por cinco diputados nacionales bonaerenses del massismo y por la rionegrina María Emilia Soria (FpV).
La meta principal de esa iniciativa es limitar el avance de las petroleras, fijando topes a la inserción en el mercado minorista y buscando garantizar al mismo tiempo el abastecimiento a todas las bocas de expendio.
“Esta tendencia a la concentración en este mercado en donde por lógica las petroleras priorizan el abastecimiento de su propia red, no hace más que generar una competencia dispar y cierto abuso de una posición de dominio en el negocio a la hora de imponer, en aquellas estaciones no propias pero de bandera de la petrolera, las condiciones de comercialización y entrega del producto”, sostienen los diputados en el proyecto.
La expectativa de los integrantes de la Cecha es lograr la aprobación en la cámara baja del Congreso a principios del año próximo, para el pase posterior al Senado y su sanción definitiva a mediados del 2017.
El proyecto destaca entre sus fundamentos la necesidad de “evitar la manipulación de bienes y sus precios, expandir la venta de combustibles para que su comercialización pueda volver a realizarse en todos los pueblos y ciudades del país llegando así a todos los clientes y fuentes de consumo”.
También se propone “concertar y coordinar modelos contractuales de los proveedores con sus demandantes que no surjan de una situación de dominio de unos sobre otros, facilitar el ingreso de nuevos actores al mercado de comercialización de combustibles sin que resulte su entrada obstaculizada por el proveedor, o una vez adentro, excluido por éste último y generar iguales condiciones para todos los actores del mercado para el desarrollo tecnológico, la investigación y la educación y perfeccionamiento de los empleados del sector”.
Por eso, el artículo 3 de la iniciativa indica que “la venta de combustible de uso automotor a consumidor directo solo podrá ser realizada por Comercializadores Mayoristas o Minoristas habilitados por el Ministerio de Energía de la Nación o el ente que lo sustituya a futuro” y que “las empresas petroleras, distribuidoras mayoristas o importadoras de combustibles para uso automotor que operen como proveedoras de Comercializadores Mayoristas o Minoristas solo deben realizar ventas de combustibles a consumidores directos hasta un 15% de sus ventas totales en el mercado interno”
Otro límite para las empresas petroleras estaría dado por la prohibición de fijar precios de venta, márgenes de ganancia o cualquier otra condición de comercialización.
De aprobarse la norma, existiría un plazo de readecuación del mercado de dos años, para que las empresas petroleras que realizan ventas a consumidores directos se adecuen al porcentaje fijado, pudiéndose flexibilizar el mismo si existieran razones justificadas y por un plazo de tiempo limitado.
El 30% menos 2.000 estaciones de servicio cerraron en los últimos 15 años en el país, según el proyecto de ley. Eran casi 6.500.
