José López, el ex secretario de Obras Públicas preso tras intentar esconder nueve millones de dólares en un convento, fue indagado ayer acusado de cobrar coimas de la empresa sueca Skanska para la ampliación de un gasoducto en 2005.
Amagó con convertirse en un arrepentido, por lo que el juez, a pedido del fiscal, le leyó el fragmento del Código Penal que habla de una reducción de penas a quienes colaboren. Por ahora, optó por no hacerlo. El juez Sebastián Casanello citó para hoy a prestar declaración indagatoria al ex ministro Julio De Vido por este caso.
López se despegó ayer de la maniobra y apuntó al ex secretario de Energía Daniel Cameron como el responsable de esas obras, por las que supuestamente se pagaron sobornos de $ 14 millones, unos cinco millones de dólares al momento de la operación.
López, que ya declaró como imputado con el juez Julián Ercolini por la obra pública santacruceña y está a punto de ir a juicio oral por enriquecimiento ilícito, se mostró muy afilado ante Casanello. Enumeró y aportó las resoluciones que dicen que la secretaría que tenía a cargo no intervino en la ampliación de los gasoductos.
En cambio, dijo que esa tarea estaba a cargo de la Secretaría de Energía. Y citó: "El secretario de Energía Daniel Cameron le comunica por nota al presidente del Enargas Fulvio Madaro que proceda a la adjudicación de la obra". Insistió en que su área no intervino. "No puedo ser responsable de un acto de gobierno en el que no tengo incumbencia ni competencia", se defendió.
La principal prueba que determinó que el fiscal Carlos Stornelli pidiera su indagatoria es una grabación donde el contador Javier Azcarate, de Skanska, le confiesa al auditor Claudio Corizzo que se pagaron sobornos. "En lo formal, pudo no haber intervenido porque las normas no lo preveían, pero bien pudo haber participado en la maniobra informal", confiaron fuentes del caso.
Los elementos que terminaron de convencer al juez Casanello de que López debía ser indagado no son sólo los nueve millones de dólares que intentó esconder en el convento de las monjas de General Rodríguez, sino también su relación con el contador Andrés Galera.
Galera aparece como el presunto testaferro de López en la compra de su casa con costa de río en Dique Luján, donde vivía. Y también como intermediario en el pago de las coimas de Skanska a los funcionarios involucrados.
La hipótesis que se investiga es que Skanska pagó sobornos para ser beneficiada en las contrataciones de las obras para ampliar los gasoductos Norte y Sur. Y que para justificar en su contabilidad esas erogaciones le compró facturas falsas a la firma Infiniti Group SA.
Por el caso Skanska habían sido procesados funcionarios de menor rango: el ex titular del Enargas Fulvio Madaro, el ex titular de Nación Fideicomisos Néstor Ulloa y el ex secretario de Energía Daniel Cameron. Todos ellos fueron sobreseídos en 2011 por la Sala I de la Cámara Federal.
El 22 de abril pasado, el fiscal Stornelli le pidió al juez Casanello que anulara aquellos sobreseimientos de la Cámara con el argumento de que era un caso de "cosa juzgada írrita"; es decir, que se daban las circunstancias excepcionales que justifican reabrir una causa cerrada porque no se había considerado una prueba clave, que ahora la Casación declaró válida y que no podía seguir desconociéndose.
