Totalmente previsible. Tres organizaciones referentes de la oposición al desarrollo minero en la Argentina emitieron hoy un comunicado con un documento atachado, los cuales se publican aquí.
Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos Naturales y Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas produjeron esta movida esperada por la minería, desde el mismo momento en que, recientemente, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLIA) publicó en un website ad hoc el Inventario de Glaciares, dipuesto por la Ley 26.639 para la protección de los cuerpos de hielo en el territorio argentino.
La declaración y la información sin duda tendrá mucho eco en la prensa. Todo un desafío para la industria minera y para el gobierno nacional que ha proclamado su vocación de impulsar la minería, como uno de los pilares de su gestión.
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2016. Greenpeace, FARN y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas denuncian que hay más de 40 proyectos mineros en zonas glaciares y periglaciares.
Según consta en un informe técnico del Ministerio de Ambiente de la Nación existen en total trescientos veintidós proyectos mineros en distinto grado de avance, de los cuales setenta y siete se encuentran en las cuencas inventariadas por el IANIGLA (1) en el relevamiento nacional de glaciares. De estos proyectos, 44 se encontrarían cercanos o sobre cuerpos de hielo, que deben estar protegidos.
Gonzalo Strano, de Greenpeace, declaró: “Con sólo el 10% del inventario realizado ya se detectaron 44 proyectos mineros en donde ese tipo de actividades está expresamente prohibido por el artículo 6 de la Ley de Glaciares; seguramente ese número crecerá exponencialmente cuando se termine de relevar las cuencas que faltan. Ni un sólo emprendimiento más puede ser aprobado hasta tanto se finalice el inventario de glaciares”.
El documento (2) fue elaborado por la Dirección Nacional de Gestión Ambiental de los Recursos Hídricos y Acuáticos y es parte del abundante material que el Juez Federal Sebastián Casanello secuestró en sus recientes requerimientos al Ministerio de Ambiente de la Nación dentro de la causa penal que investiga los derrames de solución cianurada en la mina Veladero de la empresa Barrick Gold en 2015 y 2016; y fue cedido a las organizaciones por parte de la “Asamblea Jáchal No Se Toca”, querellante en la causa.
Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y letrado de la Asamblea, señaló que “resulta increíble que esta crucial información recién tome estado público ahora y sólo como consecuencia de allanamientos judiciales. Pareciera que su destino era su ocultamiento para dilatar la aplicación efectiva de la Ley de Glaciares. De un primer análisis de la documentación secuestrada por la Justicia Federal encontramos importantísimo material que permitirá seguir avanzando en la investigación judicial”
El listado de los 77 proyectos evidencia la falta de controles del gobierno nacional hacia el sector minero y el desinterés por defender un elemento natural primordial como el agua.
Desde FARN, Pía Marchegiani sostuvo: “esta información da cuenta de la gravedad de la situación de la protección de los glaciares en el país. Es fundamental que no se avance con ningún proyecto más; en particular aquellos próximos a iniciarse como Agua Rica en Catamarca y el Pachón, los Azules y Pascua-Lama en San Juan, hasta que el inventario se encuentre finalizado en todas sus etapas y se verifique que el proyecto no se realiza en zonas que deberían estar protegidas.”
