La Fiscalía Federal, a través de los efectivos de Gendarmería nacional, allanó ayer las oficinas que la empresa minera CAMYEN tiene en Andalgalá y en la Capital por la denuncia que en septiembre inició la Dirección General de Fabricaciones Militares.
La Fiscalía pidió que se entregue la facturación de los últimos tres años de la empresa. También requirió documentación relacionada con la extracción primaria de la piedra, es decir en bruto, y lo que queda en neto. Además, se pidió información sobre los depósitos que tiene CAMYEN y la cantidad de piedra acumulada. A partir de los datos sobre la producción, los peritos judiciales cotejarán con la facturación real de la empresa para determinar si existe o no un vaciamiento y si se paga el canon que corresponde a Fabricaciones Militares, dueña del yacimiento de Minas Capillitas. El canon que CAMYEN tiene pactado con Fabricaciones Militares es del 3% sobre las ventas netas.
Tras evaluar la documentación y analizar los elementos que surgen se podría requerir un pedido de informes a la AFIP.
Como lo adelantó El Ancasti, la denuncia que había sido presentada en septiembre volvió a Catamarca para que sea la Fiscalía Federal la que investigue. El fiscal Santos Reynoso ya había pedido algunas medidas, tales como los allanamientos, al juez federal de Tucumán, Daniel Bejas, quien avaló el requerimiento de la Fiscalía y por ello se efectivizaron.
Es por eso que ayer, casi en forma simultánea, se realizaron allanamientos en Andalgalá y en la Capital. En la Perla del Oeste, la medida se realizó en la boca de expendio de la empresa CAMYEN. El operativo estuvo a cargo de Gendarmería y duró aproximadamente una hora.
Francisco Álvarez, vocal titular de la empresa y quien estuvo presente en el operativo, dijo a El Ancasti: "Estamos tranquilos porque no tenemos nada que ocultar, porque pueden hacer unos cinco o cien allanamientos y no van a encontrar nada extraño”, consideró.
Consultado por la oficina que funciona en la intersección de las calles Pérez de Zurita y Vicente López, Alvarez dijo que desde hace tiempo prácticamente no hay demanda de piedra. "Lo único que se llevaron es el remito de las bolsas del mineral preparadas para los artesanos", documentación que se utiliza internamente para el control del traslado y venta de la rodocrosita.
El de ayer fue el segundo allanamiento que este año se realizó en las oficinas de CAMYEN en el marco de la investigación sobre la comercialización de la rodocrosita.
En septiembre también se realizó un allanamiento a pedido del titular del fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, Marcelo Sago.
En la jurisdicción provincial se investiga el circuito de la venta de la rodocrosita.
La investigación tuvo su origen en 2014, cuando la Policía Aeroportuaria detuvo a un hombre de nacionalidad china que pretendía llevar rodocrosita por Aerolíneas Argentinas desde Catamarca hacia Buenos Aires y no contaba con la hoja de ruta. Se trata de la documentación que entrega la empresa CAMYEN cuando realiza una venta de la piedra semipreciosa. En aquel momento, la empresa confirmó que la venta no se había realizado en la empresa, pero se abrió la duda sobre quiénes podrían vender rodocrosita de manera ilegal. Ese mismo año hubo otro hallazgo similar de una encomienda que llevaba rodocrosita a China y tampoco tenía la documentación. La investigación todavía continúa en la Justicia provincial.
EL ANCASTI
La denuncia de la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM) contra la empresa minera CAMYEN volvió a Catamarca y ya se investiga en la órbita de la Fiscalía federal, a cargo de Santos Reynoso. El eje de la presentación fue por supuestas irregularidades en la comercialización de la rodocrosita que perjudicaría a Fabricaciones Militares, dueña del yacimiento. También se denunciaron supuestas irregularidades en la prórroga del acuerdo que el ex director de Fabricaciones Militares, Santiago Rodríguez (FV), firmó con la Provincia, por la que se extendió la concesión de la administración de la mina a CAMYEN.
En la primera instancia, la presentación se había realizado en los tribunales de Comodoro Py (Buenos Aires) y recayó en el juez federal Julián Ercolini, quien se declaró incompetente por considerar que se debía investigar en la jurisdicción donde sucedieron las supuestas irregularidades. La causa se giró a Catamarca, pero el juez federal Ricardo Moreno planteó su inhibición porque es cuñado de Ángel Mercado, quien aparece mencionado en la denuncia que había iniciado el interventor de la DGFM, Héctor Lostri. La Cámara Federal de Tucumán aceptó la inhibición y designó al juez federal de Tucumán, Daniel Bejas. Desde allí, la causa se remitió a la fiscalía federal de Catamarca para que investigue y será el juez Bejas quien autorice las medidas de investigación que pida la fiscalía.
"Se están practicando algunas diligencias similares a la causa de obras públicas. Son trámites que resultan ineludibles a los fines de avanzar y determinar si los hechos a los que se hace mención existen y si constituyen o no delito", dijo el fiscal Santos Reynoso en declaraciones radiales y agregó que la causa está bajo secreto de sumario, según indicó El Ancasti.
En la presentación, Fabricaciones Militares argumenta que fue perjudicada en su sociedad con la CAMYEN. Pide que se investigue supuestas maniobras fraudulentas, dirigidas al vaciamiento del patrimonio de Fabricaciones Militares a través de acciones en las que habrían tomado parte funcionarios del Gobierno nacional y actuales autoridades de la Provincia.
También cuestiona duramente el último contrato que se firmó el año pasado, por el que se extendió la relación entre CAMYEN y Fabricaciones Militares por 10 años más. La presentación considera que se trata de la suscripción de "un contrato leonino para la explotación del yacimiento". Denunció, además, "la deliberada ausencia de mecanismos de control por parte de Fabricaciones Militares y el desvío y comercio ilegal de los minerales extraídos, sobre los que existen indicios del establecimiento de una cadena de comercialización clandestina en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Reynoso se refirió también a la denuncia que investiga por la trama de la corrupción en la obra pública y en este sentido fue consultado por el tiempo que le llevará investigar hechos que ocurrieron a mediados de 2000.
"El Código penal prevé algunos plazos para la instrucción y para llevar a cabo las medidas procesales. Estamos ante causas que tienen complejidad con respecto al trámite. Son muchos los informes que hay que recabar para tener una panorama cierto sobre cuáles son los hechos que pueden representar un ilícito penal. Hay que remitir oficios a la AFIP, Banco Nación y la Secretaría de la Vivienda. También hay otras medidas como testimonios, no podemos decir en cuánto tiempo pero sí que la Fiscalía está abocada de lleno a concretar estas medidas", manifestó.
La presentación de la Dirección General de Fabricaciones Militares ingresó el 19 de septiembre. Desde hace un mes, aproximadamente, está en la Fiscalía Federal de Catamarca.
La Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública también tiene una causa en la que se investiga la venta de rodocrosita y por la que ya realizó un allanamiento en CAMYEN.
