Un situación realmente llamativa que hace a la gestión de la nueva intervención, se genera en YCRT, a cargo de Omar Zeidán, desde donde no han pagado una deuda aproximada a los 600 mil pesos por multas de sus vehículos, con el área de transporte de la provincia de Santa Cruz. Debido a esta situación, la policía de Chimen Aike no permite pasar al personal que trabaja en Punta Loyola.
La empresa YCRT está en manos de la nueva intervención de “Cambiemos” a través de Omar Zeidán, quien ha declarado que se dio por concluida la Auditoría donde se enumeran una serie de irregularidades graves con el manejo de fondos y compras sobrefacturadas de bienes, deudas y acuerdos multimillonarios con la UTN. Uno de los objetivos, precisamente, fue sanear a la empresa y regularizarla, con el objetivo de hacerla productiva, algo que ha generado controversia, dudas, discusiones, denuncias y no pocas críticas en relación con las nuevas autoridades y el plan para poner a la carbonífera en marcha.
Uno de los problemas derivados del descontrol que se vivió por tantos años en YCRT, fue la acumulación de deudas por infracciones y documentación de los vehículos que la empresa posee en Río Gallegos, desde donde el personal viaja diariamente a la terminal ferroportuaria de Punta Loyola a 25 kms de esta capital, para cumplir tareas en la construcción y mantenimiento de las instalaciones, donde se está emplazando un gran galpón para contener piedra caliza, necesaria para el funcionamiento de la megausina de Río Turbio.
Esta obra fue la que en los últimos tiempos ha sido blanco del bloqueo y presión por parte de la UOCRA, pidiendo que dichas obras pasen a manos de sus afiliados, cuando en realidad YCRT lo está haciendo con personal propio. Sin embargo, a todo esto se le suma un problema más: el personal de YCRT basado en Río Gallegos, no puede ir a trabajar porque con los vehículos de la empresa no los dejan pasar por el puesto caminero, debido a las irregularidades, deudas y multas que poseen, falta de seguros, etc lo cual ha llevado a YCRT a deber un monto aproximado a los 600 mil pesos, que fue denunciado por el paritario de ATE Luis González ante el Interventor Omar Zeidán, reclamándole que ponga su atención en este problema que impide la continuidad de los trabajos, a la vez que le recuerda la cantidad de informes elevados al respecto y la falta de respuesta de su gestión.
De esta manera los colectivos que transportan personal, camiones y camionetas de la empresa que se usan para el desplazamiento de material y equipos, no puede traspasar Chimen Aike, paraje donde la policía caminera tiene un control de tránsito, debido a la falta de documentación de los vehículos, falta de seguro (actualmente se contratan por 90 días), habilitaciones, canets vencidos, multas impagas y acumulación de deuda con Transporte de la provincia, suma que asciende aproximadamente a los 600 mil pesos.
Si bien en la nota el delegado expresa que la empresa tiene la posibilidad de pagar la mitad de ese monto si lo hace en una sola vez, donde obtendría una quita del 50%, advierte que a pesar de los continuos reclamos realizados ante la Intervención, no se han tomado medidas y en este momento el personal no puede llegar a sus labores en Punta Loyola y en los últimos procedimientos el personal policial no ha procedido al secuestro de las unidades, porque eso implicaría que los trabajadores deberían volver a la ciudad caminando 13 kms, la distancia a la cual que se encuentra el puesto caminero de Río Gallegos.
Por ese motivo en la nota se hace hincapié en la necesidad de cancelar la deuda y proceder a la regularización de la documentación correspondiente, el seguro y los carnets que extiende la CNRT, a fin de que no se sigan acumulando multas y se pueda regularizar el traslado de las unidades y el personal para realizar los trabajos que demanda al puesta en servicio de la terminal ferroportuaria de Loyola.
